La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ----que representa a afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Galicia) en julio de 2013-- ha solicitado este martes en la vista celebrada ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que se ordene una nueva investigación a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la tragedia en la que se escuche a los perjudicados y que en su composición sea totalmente “imparcial y objetiva”.
Así lo ha expuesto en su turno de palabra el abogado de la plataforma Antonio Benítez, de Administrativando Abogados, que ha defendido el recurso de casación señalado ante la sección tercera que, previamente a esa nueva investigación, deben cesar los miembros de la comisión --a pesar de que no son los que realizaron el primer informe técnico relativo al accidente-- porque considera que siguen sin ser independientes, habida cuenta que son nombrados por el Ministerio de Transportes, cartera que también incluye Adif y Renfe.
Por su parte, la abogada del Estado, Pilar Cancer, ha solicitado a la sala que desestime las pretensiones de las víctimas alegando que la CIAF cumple con los estándares europeos de independencia a pesar de estar adscrita a Transportes.
Sobre la petición de que exista en el seno de la comisión audiencia para las víctimas, ha indicado que éstas en ningún momento han reseñado alguna cuestión técnica que no hubieran podido aportar en su momento. Y ha apostillado que al momento de la realización de la investigación se cumplió con la norma vigente por lo que tampoco procede esa petición.
Al termino de la vista, en los pasillos del Supremo el grupo de víctimas y familiares --la mayoría de Madrid-- se han dirigido a la abogada del Estado para recriminarle su exposición ante el tribunal. “Si hubiera perdido a su hijo, lo entendería”, le han llegado a señalar, para luego afearle que “defienda a los poderosos en lugar de a los ciudadanos”.
La letrada ha escuchado las recriminaciones y ha puntualizado comentarios hasta que uno de los magistrados del propio tribunal se la ha llevado del corrillo, acabando así con la discusión.
Formación de jurisprudencia
El alto tribunal decidió admitir el recurso de las víctimas señalando que tenía “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” para determinar si la regulación de la CIAF “cumple, en cuanto a su creación, composición, designación de sus miembros, organización y competencia técnica las exigencias de independencia, imparcialidad y objetividad”.
Además, añadían que se debía determinar “la posición jurídica de los afectados en accidentes ferroviarios y de las asociaciones o plataformas implicadas en lo que concierne a la intervención en el procedimiento de investigación”. Esas dos cuestiones son las que han desarrollado tanto la representación legal de la plataforma como la Abogacía del Estado.
Los primeros, han apuntado que su pretensión pivota sobre el informe emitido por la Agencia Europea Ferroviaria en 2016 que determinaba, han resaltado, que la investigación del accidente de la curva de Angrois no fue independiente y que se cometieron “graves irregularidades” como el que no se diera audiencia a las víctimas.
Y han recordado que la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que estimaba parcialmente su recurso ordenaba ya retrotraer las actuaciones administrativas par que la CIAF se pronunciara sobre la solicitud de abrir una nueva investigación.
En este sentido, el abogado de las víctimas ha desarrollado que, durante la investigación, la CIAF “en ningún momento fue independiente” a tenor de las directivas europeas que señalan que cada Estado miembro debe velar por que esas acciones se realicen en el seno de un organismo independiente de reguladores ferroviarios o de empresas relacionadas para evitar conflictos de intereses. Y ha añadido que el equipo de investigadores fue dirigido por responsables de seguridad de Adif por lo que se dio ese conflicto.
En caso de que se abra una nueva investigación, el letrado ha afirmado que tampoco valdría la composición actual de la CIAF porque sigue dándose una falta de independencia dado que está adscrita al ministerio y tanto el presidente como los vocales son nombrados por su titular. “La CIAF depende de Fomento (ahora Transportes), que no tiene personalidad jurídica diferenciada, (...), y Renfe y Adif están integrados en Fomento”, ha insistido, aseverando que no se dan “garantías plenas”.
Trámite de audiencia
En cuanto a la segunda de las pretensiones, la audiencia a las víctimas en el proceso, ha explicado que la directiva europea dice que se debe escuchar a todas las partes y se debe informar de los avances y resultados. “Lo cierto es que ninguna de estas previsiones fueron respetadas en la investigación, (las víctimas) tuvieron que ir a Europa y (...) se desveló que no se produjo ningún tipo de audiencia”, ha indicado para resaltar que ese trámite es “fundamental” por lo que se dio una infracción en el procedimiento.
Por otro lado, la plataforma ha señalado que no les basta con lo aceptado por el TSJM, sino que quieren que el tribunal entre en el fondo y condene a la CIAF a repetir el procedimiento incluyendo el trámite de audiencia y con “cánones de objetividad e independencia”. Quieren además que se obligue al ministerio a que se constituya una nueva comisión “ecuánime” destituyendo a los actuales miembros por falta de imparcialidad.
“No exigimos nueva investigación (penal), solo que se sepa la verdad técnica de lo ocurrido (...). Y lo hacemos 11 años después (del accidente) en honor de los fallecidos. Las victimas y el resto de ciudadanos se merecen investigación técnica, objetiva, imparcial y ecuánime”, ha dicho, para finalizar preguntándose “cómo se puede sentir una víctima cuando se encuentra que investigaron partes implicadas en el propio siniestro”.
El informe de la CIAF, “uno más”
En su turno, la abogada del Estado ha señalado que si bien el procedimiento es contencioso, no se puede obviar el contexto, y es que se ha celebrado un juicio por lo penal durante 9 meses en una causa de 106 tomos en la que el informe de la CIAF es sólo “uno más” de los aportados.
Sobre las dos peticiones de la plataforma ha incidido en que “no procede” porque “la destitución (de los actuales miembros de la CIAF) no tiene sentido cuando los actuales no son los miembros de la comisión que hizo el informe”. En este sentido indica que la normativa no contempla ceses por las causas alegadas.
En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso de investigación, ha indicado que “no es cierto” que la normativa de cuando se realizó el informe sea la misma que la actual y ha recordado que la vigente en 2013 “no hacía singularización en las víctimas”.
Con todo, ha apuntado que desde su punto de vista se ha dado una falta de preparación de los poderes públicos “para atender a las necesidades afectivas de las víctimas, que ha generado desazón”, pero ha indicado que esto “no tiene nada que ver con el ámbito jurídico”.
A eso ha añadido que dado que la directiva europea y la nacional actuales son diferentes a las que vigentes en el momento del accidente podría parecer que lo que pretende la plataforma es “reabrir el procedimiento por un cambio administrativo”, algo “insólito”.
Tras esto, ha señalado que “no tiene sentido que se haga una nueva investigación” máxime cuando las recomendaciones técnicas de la CIAF ya se han implementado. En este punto, las víctimas, que han podido acceder a la vista, han reaccionado con expresiones de sorpresa e indignación cuando la abogada del Estado ha aseverado que las recomendaciones técnicas debieron ser adecuadas cuando tras nueve años “no se ha dado un accidente de las mismas circunstancias”.