Vigo está a la cabeza del ranking de las ciudades españolas con más coches por habitante. Con 151.553 turismos registrados en el año 2020, la ciudad más grande de Galicia se sitúa junto a Murcia entre las que tienen una mayor ratio de España: son las únicas que superan la barrera de un coche por cada dos personas. En la clasificación hay que hacer una excepción con las ciudades insulares de Canarias y Baleares, que con sus parques móviles de alquiler, sostenidos por la afluencia turística, distorsionan los datos. Eso sin desagregar los grupos poblacionales que de facto no pueden conducir. En realidad, al cruzar la información de la Dirección General de Tráfico sobre la cantidad de permisos de circulación con la de los vehículos censados, el resultado se inclina todavía más hacia el motor: Vigo tiene algo más de un vehículo por conductor.
La ciudad más poblada de Galicia -algo más de 290.000 vecinos- tiene problemas de polución. Emite el doble de gases contaminantes de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que acaba de actualizar sus directrices -no lo hacía desde hace 15 años- para mejorar la calidad del aire y proteger la salud mundial de los principales contaminantes atmosféricos. En esta nueva guía de buenas prácticas, publicada a mediados de septiembre, y a través de una extensa literatura científica, la OMS ha conseguido relacionar decenas de enfermedades graves y muertes directas con la contaminación del aire. El organismo estima que en el mundo se producen alrededor de siete millones de muertes prematuras al año que se podrían evitar con las políticas medioambientales adecuadas.
Entre otros indicadores, la OMS ha fijado que el máximo de concentración media de dióxido de nitrógeno (NOâ‚‚) por metro cúbico de aire debería ser de 10 microgramos. Si embargo, durante el 2019 -último año previo a la pandemia-, en Vigo se emitieron a la atmósfera 22,5 microgramos. Es decir, más del doble. Otro de los indicadores en los que la ciudad gobernada por el socialista Abel Caballero bate récords es el relacionado con la concentración en el aire de partículas en suspensión inferiores a 2,5 micras. La OMS cifra el máximo recomendable en 5 microgramos por metro cúbico de aire. Durante el 2019, Vigo superó los 12,5 microgramos.
“Vigo cuenta con dos factores clave para entender de dónde salen estas cifras. Primero, un transporte público ineficiente y, segundo, una política urbanística nefasta. En sus 14 años de gobierno, Caballero no ha peatonalizado ni una sola calle y no ha creado ni una sola zona de bajas emisiones (ZBE)”, expone Manuel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo, obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan en su territorio zonas de bajas emisiones para el año 2023. “El gobierno local parece que hace justo lo contario. Están vendiendo la peatonalización de la Porta do Sol (la calle más céntrica de la ciudad) como una medida hacia la sostenibilidad, pero nada más lejos de la realidad. Lo que van a hacer es un túnel para soterrar el tráfico. Eso no reducirá las emisiones, simplemente las ocultará”, añade Santos.
Los grupos ecologistas con presencia en Vigo llevan meses denunciando las contradicciones del Gobierno municipal. La Federación Española de Municipios y Provincias, que Caballero preside desde 2015, presentó en junio, junto a la DGT y al Área Metropolitana de Barcelona, la primera guía para la implementación de zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades. “Es irónico que en su propia ciudad la estrategia urbanística vaya en sentido contrario. No solo no tenemos ninguna ZBE, sino que, según el Plan General de Ordenación Municipal que acaba de ser aprobado inicialmente en el pleno local, se ampliará la infraestructura de Zona Franca en Balaídos, una de las zonas industriales más grandes del área metropolitana y que se sitúa en pleno casco urbano”, argumenta el coordinador regional de Greenpeace.
En las concentraciones convocadas en la ciudad por Greenpeace y Ecoloxistas en Acción coincidiendo con el arranque de la Semana Europea de la Movilidad el pasado septiembre, ambas organizaciones hicieron hincapié en la necesidad de un giro político hacia un “urbanismo táctico”. “Hay muchas estrategias que se pueden aplicar y que ya están funcionando en otras ciudades con un relieve similar al de Vigo y que dejan desfasado el argumento de la 'ciudad de las cuestas': creación de aparcamientos disuasorios, mejora de las líneas de transporte público, diversificación de los trayectos del carril bici... Es necesaria una apuesta política”. Manuel Santos critica que en España el 80% del espacio urbano está “dedicado a los vehículos” y pide “darles la vuelta a esas cifras”.
La ubicación de las estaciones de medición del aire
El coordinador de Greenpeace en Galicia también critica la exigüidad de estaciones de medición de calidad del aire en la ciudad y la ubicación de las que operan a día de hoy. Las dos principales, dice, están ubicadas en zonas “peculiares”. La del barrio de Coia se encuentra rodeada de árboles, una pantalla verde natural, y la de Lope de Vega, que inicialmente se pensó para dar cuenta del efecto del tráfico en la Avenida de Madrid, una de las principales entradas de la ciudad, está ubicada en la calle paralela, que “tiene muchísima menos densidad de coches”.
Lo cierto es que, si se comprueban los niveles de los contaminantes mencionados en las otras dos estaciones con las que cuenta la ciudad, ubicadas al este y al oeste de la factoría de Stellantis (antigua PSA Peugeot Citroën), rara vez bajan del máximo recomendado por la OMS. En el último mes, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire tuvieron picos de 87 microgramos, más de ocho veces lo recomendado. También la concentración en el aire de partículas en suspensión inferiores a 2,5 micras en esta estación tuvo picos de 35 microgramos por metro cúbico de aire, siete veces el máximo recomendado de 5, cifra en la que se mantuvo solamente un día.
Preguntado por las causas que podrían estar motivando la pasividad a este respecto de la administración local, Manuel Santos apunta a motivos electorales: “La contaminación de la que estamos hablando no se ve a simple vista y eso hace que la sociedad, en su mayoría, no esté todavía en ese punto de concienciación. Los políticos solo actúan si la sociedad civil se lo exige. Ya hemos visto que al alcalde de Vigo le compensa más invertir en luces de Navidad que en crear zonas verdes o de bajas emisiones”, remata el responsable de Greenpeace para el territorio gallego.