La Xunta admite que el texto que ha elaborado para la nueva ley contra los incendios forestales de Galicia se puede interpretar de una forma distinta a su objetivo y debe matizarse. La norma contiene un punto que prohíbe “para cualquier persona o entidad pública o privada la creación o difusión de hechos o datos falsos en relación con los incendios forestales por cualquier medio, incluidas las redes sociales”. Ante los críticas de entidades como el Colexio de Xornalistas, que pidió la retirada de este artículo y avisó de que remite al Gobierno gallego “como única fuente posible” en la materia, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que la disposición se refiere solo a los casos de avisos falsos que provoquen que se movilicen recursos a lugares en los que en realidad no hay ningún fuego.
En la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete, Rueda puso como ejemplo que una persona diga que hay un incendio en un determinado lugar y, al llegar los miembros del dispositivo, comprueben que es una falsa alarma. La falsedad de la información, indicó el presidente de la Xunta, se va a determinar en función de “la forma de describir, el tipo de aviso, el tipo de llamada” y su contraste con la situación en el lugar si se ve que “claramente” no hay llamas. Este tipo de conductas, insistió, deben tener sanciones. “A esto se refiere la ley y no a ninguna otra cosa”, afirmó.
Rueda ha abierto la posibilidad de modificar la redacción de este artículo de la ley, que aún está en fase de recepción de sugerencias: “Todo lo que sea una mejora para que diga exactamente lo que pretendemos que diga, por supuesto”. Se están haciendo, según el jefe del Gobierno gallego, interpretaciones que “no son las adecuadas” sobre los efectos que puede tener este punto, con una redacción tan abierta como la que consta en el anteproyecto de ley, sobre las informaciones que difundan particulares o medios de comunicación.
Con la redacción actual, el experto en derecho público Xermán Estévez, considera que este artículo es “anticonstitucional” y plantea una “censura previa” de los datos que se publiquen. El Colexio de Xornalistas señala que, tal y como está, el texto se interpreta como una forma de dirigir al periodista a la Xunta “como única fuente posible en materia de superficies quemadas”, cuando los profesionales pueden obtener datos alternativos de agentes forestales, ambientalistas, vecinos o los propios bomberos. Tanto BNG como PSdeG han anunciado que enmendarán la ley si llega al Parlamento en estos términos.