La Xunta no autoriza la reapertura de una mina de cobre tras dos años de movilización vecinal

La mina de cobre impulsada por la multinacional suiza Atalaya Mining en los ayuntamientos coruñeses de Touro y O Pino no se llevará a cabo. La Xunta anunció este martes la emisión de una declaración de impacto ambiental negativa con relación al proyecto, poniendo fin a la tramitación ambiental de esta iniciativa minera, iniciada en octubre de 2018. El Gobierno gallego afirma que la declaración negativa parte “de la constatación de una afección real en la zona derivada de la actividad propuesta” y, además, del reconocimiento de que el proyecto “aumentaría la presión hídrica sobre el río”.

La paralización del proyecto minero llega después de casi tres años de intensas movilizaciones en los ayuntamientos afectados, pero también en otras comarcas gallegas, principalmente en la Ría de Arousa, otra de las zonas que se habría visto más perjudicada por la mina. Supone, por lo tanto, un triunfo de la Plataforma Vecinal 'Mina Touro-O Pino Non', que ha peleado en el ámbito político, legal y social para evitar la reactivación de esta explotación, cerrada desde hace años. “Estamos pletóricos, eufóricos. Contentísimos de que, después de dos años, por fin se nos haya dado la razón”, decía una de sus portavoces a Praza.gal minutos después de conocer el anuncio de la Xunta.

La declaración de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia hace hincapié en un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural, que señalaba que la actividad minera se desarrollaría “en un espacio próximo a una Zona de Especial Conservación (ZEC)”, sin que quedaran acreditadas “las correspondientes medidas protectoras y correctoras necesarias”. Asimismo, un informe de Augas de Galicia concluía que la actividad minera “aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, no pudiendo garantizar un estado ecológico excelente”, señala el Gobierno gallego.

Atalaya Mining, gigante minero controlado por una multinacional suiza, pactó entrar en el capital de Cobre San Rafael para reactivar una antigua mina de cobre situada a 27 kilómetros de Compostela, una instalación que dejó muy dañada la zona, con balsas contaminantes nunca correctamente restauradas. Durante mucho tiempo el proyecto megaminero en Touro y O Pino avanzó entre la polémica, el rechazo de vecinos, entidades sociales y formaciones políticas y después de la presentación masiva de alegaciones al estudio ambiental. “No nos pueden acusar de alarmistas, lo alarmante es el proyecto minero de Touro”, decía Rubén Souto, uno de los portavoces de la plataforma vecinal.

Poco después de conocer el proyecto, nacía esta plataforma opositora, que desde el año 2017 ha impulsado mociones en ayuntamientos, ha llevado a cabo concentraciones, caminatas y manifestaciones, como la tractorada que llenó las calles de Touro en febrero de 2018 o la marcha que el 10 de junio de ese año llevó a miles de personas a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

“Tras más de 30 años de convivencia con la contaminación heredada de la anterior explotación, la gente no está dispuesta a que Cobre San Rafael se apodere de casi 500 hectáreas de terrenos agrícolas y forestales que son la base productiva de muchas explotaciones agrarias”, y tampoco a que “se eliminen 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación que nunca más volverán a producir”, señalaba la Plataforma.

Además, junto con la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, entregó más de 26.000 firmas en papel demandándole al Gobierno gallego que se le denegara a Atalaya Mining el permiso de explotación de la megamina a cielo abierto. Las dos plataformas hacían hincapié en los varios informes negativos de técnicos de la Xunta, que se oponían a la reapertura de la mina de Touro, sobre todo por los perjuicios que se podrían causar a los acuíferos y a los ríos del entorno. Augas de Galicia publicó datos analíticos tanto de las diversas estaciones de control como de muestreos de vertidos que mostraban la contaminación por metales pesados y alta acidez de la práctica totalidad de los cursos de agua que rodeaban a la antigua mina.

Hace unos meses, igualmente, grupos ecologistas y productores de la ría Arousa abrieron la vía judicial contra el proyecto minero. Un accidente en la mina “sería mucho peor que el Prestige”, advertía la plataforma, que resaltaba que un eventual siniestro traería consigo vertidos “letales” que llegarían a la ría de Arousa en menos de 12 horas.

Los grupos opuestos al proyecto incluso recordaron que por la zona norte de la mina pasa el Camino Francés a Compostela, por lo que “los peregrinos a los que el Gobierno gallego quiere atraer al amparo del Xacobeo 2021 caminarían acompañados de tráfico de camiones, polvo en suspensión o ruido de voladuras”, señalaba la plataforma.

El PP, por su parte, fue caminando desde un claro apoyo inicial al proyecto minero hacia una posición más ambigua, sobre todo en las zonas más directamente afectadas. En noviembre de 2017 los populares rechazaban en el Parlamento una iniciativa para denegar la autorización ambiental. Sin embargo, poco después los concejales del PP en Touro votaban a favor de una moción que rechazaba el proyecto propuesto.