El Servizo Galego de Saúde (SERGAS) ha sido condenado a pagar la vaginoplastia que una mujer transexual afrontó en la sanidad privada por no recibir respuesta de la administración gallega. Los jueces entienden que la mujer no acudió “de forma caprichosa” a la privada sino que lo hizo ante la imposibilidad de recibir una respuesta de la Xunta y obliga a la administración a pagar los más de 22.000 euros que invirtió en una clínica privada de Barcelona.
El caso, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, es el de Sara Romero, la misma gallega que ganó una importante batalla legal para poder adaptar sentencias firmes a la identidad de las personas transexuales. Acudió en 2016 a la sanidad pública gallega para someterse a la cirugía y formalizó la solicitud de derivación a la privada después de que una doctora del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) se lo recomendase ante la ausencia de un centro de referencia público para hacerlo en Galicia u otra parte del país.
Este tipo de operaciones para personas trans están recogidas como un servicio público en la ley gallega de no discriminación de 2014 pero en ese momento no existían centros públicos de referencia para llevarlas a cabo. La primera respuesta de la Dirección General de Asistencia Sanitaria fue solicitar más información y, después, no dar ninguna respuesta. Ante el silencio de la administración, Sara acudió a la IM Clinic de Barcelona tal y como había recomendado la doctora del servicio de endocrinología del CHUAC.
La respuesta de la administración gallega llegó cuando a finales de 2018 Sara reclamó que se hicieran cargo de los más de 22.000 euros que le había costado la mamoplastia y la vaginoplastia en la clínica privada. Y esa respuesta fue un 'no' rotundo ratificado en primera instancia por un juzgado de lo social de A Coruña. Alegó la Justicia que no fue un caso de riesgo vital y que, además, el visto bueno de la doctora no podía ser tenido en cuenta como una autorización sino como una opinión favorable no vinculante para el SERGAS.
Ahora, ha sido la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la que ha dado la vuelta a la situación y ha obligado al SERGAS a hacerse cargo de los más de 22.000 euros que Sara invirtió en la operación. Los jueces entienden que la sanidad pública gallega no dio una solución a esta mujer, que ella no terminó acudiendo de forma “caprichosa” a la sanidad privada y recuerdan que el silencio no puede ser una respuesta ante este tipo de peticiones.
“Tiene derecho” a operarse por la pública
La sentencia, que ha tenido como ponente a la magistrada Raquel María Naveiro, asegura en primer lugar que “está claro” que Sara “tiene derecho a que se le facilite por la entidad gestora la intervención quirúrgica porque forma parte de la cartera de servicios comunes asumida por el SERGAS”. Es cierto que el caso “no cumple” los requisitos de urgencia pero también es cierto, dice la Justicia, que “no fue una decisión unilateral y caprichosa” de la mujer sino que “acudió a dicho centro sanitario porque en la sanidad pública en la que estaba siendo tratada no podían facilitarle tal prestación”.
Además, añade la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, “no se le autoriza dentro de un plazo prudencial a realizar la intervención quirúrgica archivándose finalmente sin más”. El TSXG deja claro que esto no significa que este tipo de silencios de la administración supongan aceptar sin más la petición, pero sí condena al SERGAS por negarle el derecho a través de su silencio. Ella, reiteran, “acudió, obrando de buena fe, a la única vía a la que podía acudir para obtener una prestación a la que tiene derecho, y que no debería de haberle sido denegada por el argumento de que no esperó a terminar la gestión”.
El SERGAS se había opuesto a su recurso al señalar que “confunde de manera clara y rotunda el proceso asistencial con un proceso administrativo de reintegro de gastos” y que en el mejor de los casos “no habrían transcurrido los tres meses previstos para el dictado de una resolución expresa”. En cualquier caso, añadía, “aun de no haberse resuelto en plazo, el silencio no sería negativo (…) entendiendo acertada la resolución de instancia cuando señala que se aplica a prestación de gastos sanitarios transnacionales”. Por el momento la administración gallega no ha decidido si recurrirá la decisión y llevará el caso hasta el Supremo.
Esta no es la primera batalla legal que Sara Romero gana en los tribunales. Con una trayectoria en asociaciones como Transforma o Arelas, hace poco más de dos años también consiguió que la misma Audiencia Provincial de A Coruña reconociese su derecho a que las sentencias firmes fuesen adaptadas para reflejar su verdadera identidad como mujer transexual. La solución que encontró el magistrado José Luis Seoane, actualmente en la sala primera del Tribunal Supremo, fue emitir una nueva versión del fallo pero con el nombre de Sara actualizado en una sentencia pionera.
“Estábamos todas en un limbo”
En declaraciones a elDiario.es, Sara explica que en 2016 estaba en un punto en que el siguiente paso lógico, por su salud y para sentirse bien con ella misma, era someterse a esa intervención. Pero se dio de bruces con el silencio del SERGAS. “Yo tenía derecho a esta operación y el SERGAS me tenía que facilitar esta operación y no pueden negármela por el hecho de esperar en un limbo legal el tiempo que ellos consideran y sin especificar lo que realmente estaban haciendo”, afirma. Un limbo que, asegura, entonces era generalizado aunque en la actualidad reconoce que la administración gallega ha arreglado la situación y “ya han operado a varias personas en A Coruña” a raíz de su caso.
Es su segunda batalla legal ganada ante los tribunales. “Yo tengo menos derechos que una persona cis, tengo que luchar por ellos. Me he dado cuenta de que o soy muy pionera o que hay gente que agacha la cabeza porque no quiere exponerse. Creo que hay que exponerse y luchar por los derechos, en toda la historia nunca se han regalado. Es importante que veamos que sí se puede y hay que luchar, no queda otra”, afirma. “No nos pueden decir que están haciendo trámites, sin especificar qué trámites y no darte un tiempo, no puede ser que una entidad use esos argumentos”, añade en cuanto al caso del SERGAS. Y zanja: “Por eso es tan importante una ley trans específica. Para que luego, si hay una ley LGTBi, se pueda equiparar a todas las personas”.