Las Islas Atlánticas tienen la consideración de Parque Nacional desde julio de 2002, cuando entró en vigor la ley que, aprobada en el Congreso por iniciativa del Parlamento de Galicia, otorgó al archipiélago esta figura de protección ambiental y conservación. Aquella norma confiaba buena parte de su desarrollo a la aprobación del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque, el “instrumento para la planificación de la gestión del parque” en ámbitos tan diversos como la protección medioambiental, los permisos para diversas actividades e incluso la administración económica. Dado el carácter central del plan la propia ley fijaba un plazo máximo para su aprobación: un año, hasta mediados de 2003.
Ese umbral temporal fue obviado por el Gobierno de España mientras el parque fue de su competencia. Cuando la Xunta asumió la gestión de las Islas Atlánticas en el año 2008 -fue una de las transferencias incluidas en el último paquete que, hasta ahora, ha ampliado las competencias del Ejecutivo gallego- anunció la puesta en marcha de la elaboración del PRUG y, tras lo cambio de color político del Gobierno gallego en 2009, el nuevo gabinete del PP aseguró creer “fundamental” su aprobación y aplicación. La dirección general de Conservación de la Naturaleza, entonces dependiente de la Consellería de Medio Rural, puso en marcha el proceso y llegó a tener en 2011 una versión completa del PRUG que, entre otros aspectos, contemplaba la reducción del límite de visitantes a las Islas Cíes, el mismo que según ha trascendido este verano las navieiras transgreden de manera sistemática y que sigue fijado en 2.200 visitantes más 800 campistas.
El Gobierno de Feijóo y el Patronato del Parque de las Islas Atlánticas llegaron a avanzar notablemente en la elaboración del plan, que acumuló numerosas variaciones, enmiendas y redacciones alternativas. El Consello da Xunta tuvo conocimiento de los trabajos a través de un informe el 21 de julio de 2011 y el 17 de agosto de ese mismo año el Diario Oficial de Galicia anunció su sometimiento a exposición pública por el plazo de un mes. Fue entonces cuando se conocieron los detalles del documento, 81 páginas que desgranaban trabajos a realizar durante seis años inspirados por un criterio general: “las necesidades de conservación condicionarán cualquier actividad” en el Parque, también su “uso público” y visitas, condicionadas en todo caso a la “capacidad de acogida” de los archipiélagos, “tanto espacial como temporal”.
Menos pasajes en las navieras y menos plazas en el camping
El texto del PRUG evaluado en 2011 estipulaba, como marca la ley, la redacción futura de planes sectoriales para las diferentes áreas de gestión del parque, uno de ellos para regular ese uso público. En cualquier caso, ese segundo texto debería estar condicionado por la “capacidad de carga” con “cupos máximos de visitantes” menores a los actuales. En “temporada alta”, de mayo a septiembre, el PRUG fijaba para las Islas Cíes una “carga total diaria” de 1.800 personas a través de navieras y otras 200 en “grupos organizados” con “autorización extraordinaria”; serían, entonces, 200 visitantes menos que en la actualidad. La capacidad del camping, además, pasaría de 800 personas a 550, por lo que en las jornadas de máxima ocupación estaría autorizada la estancia de unas 450 personas menos cada día.
El PRUG, cuya dotación presupuestaria se estimaba en casi 13 millones de euros, ponía además límites a otro de los archipiélagos del parque, las Ons, islas a las que las navieras han desviado en este agosto de 2017 parte de la afluencia turística inicialmente destinada a Cíes tras ser denunciadas nuevamente por transgredir los límites. Según el PRUG, a Ons no podrían acudir más de 1.200 personas en navieras, otras 200 en grupos autorizados y 300 más “en el área de acampada”. En ambos archipiélagos el límite para la temporada baja quedaría limitado a 250 personas con la mencionada autorización de la dirección del Parque.
Conflicto por los límites a la pesca
Los límites a las visitas contemplados en el PRUX abrían a la Xunta una frente de conflicto que no era el único. El plan, que dividía el parque en cinco zonas según su grado de protección y uso, vetaba cualquier tipo de explotación pesquera o marisquera en la “zona de reserva” -el entorno litoral de las islas y otras zonas- y la restringía en la “zona de uso restringido”, áreas con especies de algas de alto valor ecológico. Estas y otras restricciones dieron lugar a movilizaciones por parte de las cofradías afectadas por los “inaceptables” futuros límites y planes de gestión. El Gobierno gallego mantuvo diversas reuniones con el sector y en varios comunicados públicos llegó a subrayar que no se “prohibía la extracción de ninguna especie de interés comercial”, además de recordar que era “necesario” aprobar el PRUG por ser obligatorio y acumular, además, “muchos años de retraso”, admitía Medio Rural en octubre de 2011.
Estos y otros frentes de conflicto fueron relegando el PRUG a los cajones de la Xunta antes de las elecciones gallegas de 2012 y no volvió a salir de ellas en el intenso ciclo electoral que vivió Galicia entre 2014 y 2016. La reducción de las visitas, el control de la pesca y la “erradicación” de especies invasoras como el eucalipto, citado específicamente, quedaron aparcados mientras la conservación de la naturaleza cambiaba de departamento del Gobierno gallego hasta asentarse en 2015 en la nueva Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, que dirige Beatriz Mato.
Desde que el plan fue aparcado se han sucedido las transgresiones de los límites diarios de visitas por parte de las navieras y las estadísticas oficiales del parque acreditan que su explotación turística no ha dejado de aumentar. Así, de los alrededor de 320.000 visitantes en aquel año 2011 se pasó a más de 400.000 en el pasado 2016, un incremento ante el que Medio Ambiente ha dicho descartar ahora contemplar reducciones como las incluidas en el proyecto de PRUG. Bien al contrario, la conselleira asegura “querer más”.