La Xunta va a retener el control de menos de un tercio de las acciones de la empresa público-privada para desarrollar proyectos de energías renovables. El Gobierno gallego, que ha impulsado la idea, ya había adelantado que su parte no iba a ser mayoritaria. El reparto final es del 30% en manos públicas y el 70% en manos de sociedades privadas, entre las que están algunos de los grupos más grandes nacidos en Galicia -como Gadisa- y otras entidades que ya están relacionadas con las renovables. También figuran Ence Terra -recientemente creada, con sede en Pontevedra, para la compra de madera- y Abanca.
El Gobierno gallego había anunciado que las empresas, a las que lanzó una invitación para que se integrasen en el proyecto, debían cumplir el requisito de ser gallegas o tener una sede en la comunidad y no ser ya del sector energético. Además de explotaciones de renovables, la empresa mixta va a llevar adelante también otras de tipo minero y algunas que requieren un uso intensivo de agua. La sociedad público-privada, cuyos integrantes la Xunta presentó este lunes, promete una inversión de 100 millones de euros hasta 2027. De esa cantidad, serán fondos públicos el 30%. Ahora mismo, sin embargo, nace con 15 millones de euros.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha repetido que la idea es que, de esta empresa matriz, cuelguen otras empresas para cada uno de los proyectos concretos. A esas sociedades se invitará a que se unan a las administraciones locales. Está pensado para que se integren, por ejemplo, los ayuntamientos en los que se vaya a explotar el recurso.
El nombre de la empresa es Recursos de Galicia (RDG). Con su 30% la Xunta no es el accionista mayoritario, pero sí el que tendrá más acciones. Según Rueda, de esa manera se darán garantía de “la preservación del interés público en la sociedad dentro de las dinámicas de mercado.
En la lista de 33 empresas privadas las hay de sectores diversos: Megasa -siderúrgica- y Finsa -maderera- van a estar presentes a través de una sociedad vehículo, al igual que Copasa -constructora-, Valtalia -gestión de residuos- y Gesuga -gestión de subproductos cárnicos-. El mismo tipo de participación van a tener la conservera Rianxeira-Jealsa, el Grupo Nogar, el Grupo Pérez Rumbao y el Grupo Revi. La lista sigue con empresas alimentarias como Aceites Abril y Megaro Foods e industriales como Exlabesa, ARP Global, Ain Active, Viuda de Severiano Castro e Hijos, Wind1000, Epifanio Campo, Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Energía Empresas, Eroxona, Sertogal y Twinleads. Varias de ellas forman parte de Cluergal, que es el cluster de las energías renovables de Galicia.
En la presentación de la sociedad mixta intervinieron representantes de varias de las empresas. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet aseguró que la iniciativa buscar resolver “problemas” sobre el uso “adecuado y estratégico” de los recursos naturales. Rueda añadió que lo que pretende la Xunta es “equilibrar” los intereses económicos y la preservación del medio ambiente y se ha puesto como modelo a seguir: “Espero que otras administraciones tomen ejemplo de la Xunta”.
En un momento de contestación social por la multiplicación de parques eólicos y de protestas por el impacto de varias minas sobre el entorno, el presidente gallego manifestó que esta sociedad mixta tiene como fin “demostrar” que aerogeneradores, minas, paneles solares y otro tipo de explotaciones “no pueden ser extraños” en el desarrollo de Galicia.
Las críticas a la ley de recursos naturales
La empresa público-privada está incluida en una ley en tramitación de recursos naturales de Galicia a la que el sindicato CIG ha mostrado este lunes su oposición. El secretario xeral, Paulo Carril, y la secretaria de Organización, Susana Méndez, reclaman que se retire el texto y avisan de que el informe del Consello Económico e Social (CES), el principal órgano consultivo de la comunidad, es “muy crítico”. Este texto no ha visto aún la luz; está pendiente de su aprobación definitiva en el pleno de la entidad.
Ese dictamen fue elaborado con participación de CIG, UGT, CC.OO., SLG, cofradías y CEG (Confederación de Empresarios de Galicia). La patronal enmendó las conclusiones y aseguró que presentaría un voto particular si no se incluían sus enmiendas. El pasado viernes el texto llegó a pleno y, según informa Europa Press, este órgano colegiado devolvió el texto a la comisión de trabajo “para pulirlo”. Tendrá que debatirse de nuevo.
La CIG considera que “lejos de promover beneficios sociales para el pueblo”, la futura ley “convierte lo público en un facilitador” para que las entidades privadas “entren a saco en los recursos naturales”. Permitirá, asegura, “depredar” Galicia. La energía y los recursos naturales “deben estar bajo control público para garantizar que su producción y gestión sea justa social y territorialmente”.