La Xunta declara proyecto estratégico la mina de Touro tras descartar el plan original por no superar el trámite ambiental

La Xunta acaba de comunicar que ha declarado proyecto industrial estratégico los planes de Cobre San Rafael de reactivar la mina de Touro-O Pino (A Coruña), unas pretensiones que hace siete años provocaron una fuerte contestación social. En 2020, el Gobierno gallego tumbó el proyecto con una declaración de impacto ambiental desfavorable y en 2021 certificó que denegaba su aprobación. Ahora, después de que la empresa presentase una propuesta, la decisión es darle prioridad en la tramitación y acelerar los plazos, que se ven reducidos a la mitad.

La información la dio el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal de su gabinete. Expuso que la inversión prevista es de 200 millones de euros y que los cálculos son que se crearán 394 empleos para extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. Recalcó que la iniciativa incluye restaurar zonas degradadas por la antigua actividad minera en la zona y la reforestación con especies autóctonas, además de la instalación de energía solar fotovoltaica y una planta de tratamiento de purines.

Fue la plataforma vecinal creada para luchar contra la mina hace siete años la que hizo público hace una semana que la empresa había presentado ante la Xunta la solicitud de que el proyecto fuese declarado estratégico. En ese momento avanzaron que volverán a movilizarse contra la explotación del yacimiento, que recuerdan que está cercano a un núcleo de población y que en su momento fue denegado por no cumplir las exigencias medioambientales.

La empresa también se pronunció sobre lo que asegura que es un proyecto nuevo, con modificaciones con respecto al que la Xunta tumbó, “más innovador y más verde”. Afirma que no propone una balsa de lodos, sino almacenar las arenas resultantes del proceso minero, y que el agua que consuma se va a gestionar en un circuito cerrado. La declaración como proyecto prioritario, recuerda, se debe a que cumple los requisitos (una inversión de más de 20 millones de euros, la creación de al menos 100 puestos de trabajo y complementar cadenas de valor). Continuará con su tramitación, aunque más breve y prioritaria, y deberá pasar el examen medioambiental de la administración autonómica.

En una nota de prensa, el CEO de Atalaya Mining -la matriz que controla Cobre San Rafael-, Alberto Lavandeira, asegura que es un proyecto de “producción sostenible de cobre” que se ha creado “desde el escrupuloso cumplimiento legal, la excelencia tecnológica y la escucha al territorio”. La empresa insiste en que ha ido “continuamente mejorando su proyecto aprovechando las mejores tecnologías actuales y teniendo todas las sensibilidades locales en cuenta”. Agrega que la propuesta es “modélica en términos de sostenibilidad” y que se tuvieron en cuenta “todas las alegaciones presentadas al proyecto anterior”.

Una ley de tramitación ambiental en medio de la paralización eólica

La Xunta ha anunciado también que ha empezado la elaboración de una ley de tramitación ambiental simplificada. La pretensión, dijo Rueda, es actualizar una legislación que data de 1995 en un ámbito en el que ha habido muchos cambios. Lo que el Gobierno gallego quiere es “dar seguridad jurídica a los proyectos”. La iniciativa llega en medio de la paralización del sector eólico, en el que 49 parques están suspendidos cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que aprecia un riesgo de que se haga un daño ambiental irreparable.

Rueda admitió que legislar es uno de los “medios al alcance” de la Xunta para reaccionar a estos autos con los que, ha insistido, no está de acuerdo. Sostiene que la idea con la ley, que este martes abrirá el proceso de consulta pública, es “facilitar la burocracia sin reducir el control”. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció también para presentar la propuesta y expuso que el objetivo es unificar y actualizar la regulación.

Vázquez explicó que la nueva norma dará claridad a los promotores sobre qué tipo de trámite ambiental tienen que hacer, cómo y en qué plazos. Manifestó que el objetivo es que “Galicia sea una tierra para invertir”. La fase de consulta pública estará abierta hasta septiembre. Después, con las aportaciones recibidas se redactará un texto que la conselleira calcula que puede estar listo para finales de año.