El 18 de marzo de 2015 la asociación Batas Blancas, formada por alrededor de 800 profesionales de la sanidad, formalizaba su denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los retrasos y denegaciones de tratamientos de Hepatitis C. Las trabas de la Xunta, aseguraban, habían causado al menos cinco muertes. Entonces, como ahora, cuando el ministerio público acusa al Gobierno gallego de homicidio imprudente en este caso, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo se escudó en que su criterio no era otro que el marcado por los médicos. Sin embargo, el Colegio Médico de Pontevedra ya había advertido al Servizo Galego de Saúde sobre estas denegaciones y de la preponderancia de criterios económicos. Todo, un mes antes de la propia denuncia.
En una carta con fecha de registro del 6 de febrero y dirigida al entonces director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, ahora investigado -antigua imputación- por presunta prevaricación en este caso, el secretario general de la entidad colegial, Pedro Silva, alertaba a la Xunta de la denegación “sistemática” del acceso a los tratamientos basados en el sofosbuvir, nombre técnico del Sovaldi. Los afectados, enfatizaba el escrito ahora aportado por el sindicato CESM, eran pacientes “clínicamente afectos de una fibrosis hepática en grado avanzado, estado pre cirrótico”.
El Colegio Médico, señalaba la misiva, hacía suyas las declaraciones en las que Mariano Rajoy había asegurado que “ningún ciudadano español al que un médico le prescriba cualquier medicamento se va a quedar sin ellos”, una frase “que los colegios profesionales venimos defendiendo desde siempre” pero que no se estaba haciendo realidad. “No podemos compartir y no compartimos -señalaban- que aplicando criterios economicistas no se incluyan en los tratamientos” con Sovaldi a estos enfermos, a los que se obligaba por la vía de los hechos a “esperar a que, como consecuencia d ela progresión de su enfermedad, alcancen un estadio evolutivo superior”, con “un daño hepático mayor que en algunos casos puede ser irreversible”.
Diversas guías profesionales y la “comunidad científica” en general, le recordaba la entidad a Rubial, establecen como “uno de los principales objetivos del tratamiento en estos pacientes” la eliminación del virus “para prevenir la cirrosis hepática, el hepatocarcionoma y, eventualmente, la muerte”. Por este motivo, los pacientes en estadio 3 y 4 deberían, indicaban, tener prioridad en el acceso a los tratamientos más novedosos.
“Como colegio profesional -agregaban- queremos denunciarle que en el caso de los tratamientos” de Hepatitis C “con antivirales de acción directa de segunda generación, en Galicia se están aplicando criterios restrictivos” que “son los mismos establecidos por el Ministerio de Sanidad”, pero “diferentes” a los que, por ejemplo, se estaban aplicando en ese momento en Catalunya. Por todo esto, los médicos pontevedreses reclamaban “encarecidamente” a Rubial que, “como médico y responsable asistencial, defienda que en Galicia se trate también con los nuevos fármacos a los pacientes con hepatitis crónica” en estadio tres.
Esta carta, no obstante, no había sido la primera recibida por los responsables de la Xunta. Como ha revelado en exclusiva eldiario.es, en la primavera de 2014 tres médicos del Clínico de Santiago -el jefe de la unidad de transplantes y dos hepatólogos- decidieron dirigirse directamente a la entonces conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. En caso de que el tratamiento no fuese autorizado, advertían, el paciente, transplantado de hígado, “perderá su vida con toda seguridad en un plazo breve de tiempo”. Este cauce extraoficial permitió salvar la vida del paciente, si bien los médicos recibieron otra misiva cargada de reproches de Félix Rubial, que ahora tendrá que responder ante el juzgado el próximo 28 de abril.
Las advertencias lanzadas por los facultativos de Santiago y Pontevedra contrastan con las declaraciones lanzadas por Rubial tras su imputación. Así, en declaraciones a La Voz de Galicia, el actual gerente de área sanitaria de Vigo mantiene que los criterios seguidos para aprobar los tratamientos han sido “sólo médicos” y “clínicos”, sin que “en absoluto”, dice, pesasen las restricciones presupuestarias para denegar o retrasar la aplicación de los fármacos.