La suya es una de las ocho historias médicas que documentan la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia por homicidio y a los que acusa de retrasar las medicinas a pacientes graves con hepatitis “por razones presupuestarias”. B. P. L. fue el único que tuvo suerte. Logró salvarse gracias a la perseverancia de su equipo médico que un mes y medio después de trasplantarle un hígado en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, se saltó todos los protocolos oficiales y escribió una carta con un párrafo amenazante a la entonces consejera de Sanidad del Gobierno gallego, Rocío Mosquera, y a los dos cargos ahora imputados por prevaricación administrativa, el exdirector de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, presidente y vicepresidenta de la comisión que decidía a qué enfermos se le sufragaba el tratamiento. Lo que sigue es la cronología del caso.
El 25 de febrero de 2014 este paciente supera un trasplante en el hospital de Santiago –la denuncia del Ministerio Público lo sitúa por error en el de Monforte (Lugo)– y el 31 de marzo de ese mismo año los especialistas que lo tratan solicitan por los cauces reglados el tratamiento especial con Sovaldi, unos fármacos que por su elevado precio (48.810 euros para este paciente) debía autorizar la subcomisión especial para la hepatitis del Gobierno gallego. Como la Xunta no contestaba, el 28 de abril se reiteró la petición a la Dirección General de Asistencia Médica de la Administración autonómica.
El 15 de marzo, a la vista de que la burocracia oficial no daba resultado y la vida del paciente empezaba a correr peligro, el jefe de la unidad de trasplantes del hospital de Santiago, Evaristo Varo, y dos hepatólogos de su equipo deciden remitir la carta a la máxima autoridad sanitaria del Gobierno gallego, Rocío Mosquera, y a los dos cargos ahora imputados.
El diagnóstico que describen en tres párrafos no puede ser más alarmante: “En el momento actual el paciente se encuentra ingresado con deterioro progresivo del estado general y eventos adversos relacionados con la terapia antiviral actual (anemia y neutropenia que precisan de apoyo con eritropoyetina y G-CSF, respectivamente) con disminución de la carga viral pero sin haberse alcanzado objetivos virológicos”. El equipo de la unidad de trasplantes avisa al Gobierno gallego de que o se autoriza la medicación o el paciente “perderá su vida con toda seguridad en un plazo breve de tiempo”.
La carta incluye una línea de advertencia final: “Y para que así conste a los efectos oportunos se suscribe la presente en Santiago de Compostela a 15 de mayo de 2014”. En castellano raso, el equipo médico estaba dejando por escrito que ellos ya habían avisado del riesgo de muerte si algún día el caso llegaba a los tribunales. Cinco días después de esa amenaza, el paciente estaba tomando la medicación, que consumió durante doce semanas. Esa combinación de fármacos es efectiva en el 95% de los casos y B. P. L. pudo vivir para contarlo.
La querella de la Fiscalía en el juzgado que partió del colectivo médico Batas Blancas relata este episodio como una excepción frente a las otras siete víctimas mortales a las que también les urgían las medicinas y que no pudieron llegar a ellas por el procedimiento ordinario o las recibieron demasiado tarde. B. P. L. fue el enfermo que logró salvarse gracias a que sus médicos buscaron un atajo “saltándose todo el procedimiento”.
Semanas después, con la vida de su paciente fuera de peligro, los tres especialistas de la unidad de trasplantes recibieron una carta de vuelta con reproches del director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno gallego, Félix Rubial, por haber evitado el cauce oficial.
Los médicos nunca contestaron a esa misiva. El alto cargo de la Xunta ha sido citado a declarar ante el juzgado de Santiago el próximo 28 de abril. El juez le atribuye un delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía es más dura y lo acusa de homicidio por imprudencia grave profesional. En su denuncia el ministerio público defiende que, junto a otra alto cargo del Gobierno gallego, retrasó los medicamentos “por razones presupuestarias”.
El sumario que se instruye desde el pasado enero en el juzgado número 3 de Santiago recopila los historiales clínicos de siete pacientes muertos. Sus médicos también habían solicitado insistentemente esa cara medicación especial pero sus demandas, por el procedimiento oficial, chocaron contra el frontón administrativo del Gobierno gallego.