La querella que la Fiscalía ha presentado contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia a los que atribuye los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y prevaricación en el Juzgado número 3 de Santiago está armada con decenas de documentos, normativa de la Consellería de Sanidade y testimonios de médicos que tuvieron contacto directo con los pacientes. Pero sobre todo indaga en las historias clínicas de seis enfermos con hepatitis C que acabaron muriendo en 2014. Tres de ellos no llegaron a recibir nunca tratamiento, según el escrito del ministerio público. Para los otros tres las medicinas llegaron demasiado tarde.
Un paciente en el hospital de Santiago esperó más de cuatro meses por unos fármacos que sus médicos consideraban imprescindibles, tal y como hicieron constar en sucesivas alertas. Hasta el punto de que el facultativo que lo trataba escribió en un informe remitido a sus superiores que estaba administrando fármacos a un enfermo “a sabiendas de que no es el más adecuado por los efectos que puede tener en el hígado, pero que no le queda otro remedio, mientras no pueda acceder al Sovaldi”, escribe la denuncia de la Fiscalía. Cuando por fin, tras superar un laberinto burocrático, las medicinas llegaron cuatro meses después, el paciente “tenía el hígado destrozado y ya no surtió la efectividad pretendida”. Parte de los trámites que alargaron el proceso durante semanas buscaban que el hospital pudiese recibir de forma gratuita el tratamiento, accediendo a una oferta que realizó un laboratorio farmacéutico para 300 pacientes en toda España.
En la causa que, de momento, persigue sendos delitos de prevaricación administrativa, se cita el caso de un séptimo paciente que logró salvarse “saltándose todo el procedimiento”, después de que su médica escribiese una carta a la consejera de Sanidad de entonces, Rocío Mosquera (que fue cesada en medio de una crisis de Gobierno en octubre de 2010 cuando ya la Fiscalía había cursado peticiones de documentación a su departamento) y a los dos altos cargos imputados: el director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. Estas son los seis historias que recoge el sumario.
El “tratamiento inadecuado” de Jesús C. R.
Este hombre fue clasificado en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela como “paciente afectado por una hepatitis recurrente post-transplante en febrero de 2014 con mal pronóstico de supervivencia del injerto”, según reveló la biopsia que se le realizó entonces. El resumen de su historial clínico, incorporado al sumario, establece que los médicos que le atendían solicitaron el tratamiento el 18 de marzo de 2014, después de recabar el consentimiento informado del paciente. En las observaciones de la solicitud, los médicos que lo tratan escriben: “La situación clínica del paciente es preocupante tanto por la incertidumbre de la evolución de la hepatitis recurrente como por la situación clínica actual”.
Las conclusiones del informe de la farmacia hospitalaria del clínico de Santiago aquel mes de abril subrayaban que el paciente “es candidato a recibir Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] y que esta es la opción más idónea actualmente disponible para la supervivencia del injerto”. La empresa biofarmacéutica Gilead Sciences SL acepta el paciente para “uso compasivo” ya el 19 de marzo, al día siguiente de recibir la petición, “siendo esta aceptación uno de los requisitos esenciales y se estipula como coste de la medicación 16.270 euros”. Los médicos de Jesús C. R. solicitaban que se le administrase una combinación de tres fármacos que se habían relevado muy efectivos contra esta variante de la hepatitis: Sofosbuvir, Interferón y Rivarina.
El 22 de abril, siguiendo el trámite previsto, el servicio de farmacia del hospital emitió un informe favorable que remitió a la Subdirección General de Farmacia del Gobierno gallego. Sin embargo, según la Fiscalía, la documentación enviada al Ministerio Público por esa Subdirección General cuando arrancó la investigación hace constar el 1 de julio como fecha de entrada de la petición, obviando un correo electrónico anterior, enviado el 28 de abril de 2014. La denuncia sostiene que pasaron 64 días sin que se solicitase a la subcomisión específica de la Xunta para la hepatitis C que autorizase el tratamiento “y sin dar prioridad a tal solicitud, pese a la urgencia de dicha petición”. En mitad de la espera, un laboratorio farmacéutico se ofreció a correr con el coste de 300 tratamientos en toda España, siempre que se diesen unas condiciones muy concretas, lo que llevó al Gobierno gallego a iniciar de nuevo el procedimiento para lograr que fuese el laboratorio el que financiase las medicinas de este paciente. Esa decisión retrasó durante semanas la llegada de los fármacos.
Mientras corría ese tiempo -crucial según los expertos para un enfermo con ese pronóstico-, el médico que trataba a Jesús C. R. hizo constar por escrito que al no disponer de Sofosbuvir le tenía que “suministrar Interferón y Rivavirina, aun a sabiendas de que este tratamiento no era el más adecuado, pero era el único del que disponía en ese momento para intentar salvar el hígado del paciente, perdiendo la oportunidad única de no desarrollar un rechazo crónico, como grave riesgo del uso del Interferón”.
El 7 de mayo de 2014, la Agencia Española del Medicamento remitió un correo a todas las comunidades autónomas para comunicar ese cambio sustancial en las condiciones de acceso al Sofosbuvir (el nombre técnico del Sovaldi). El laboratorio farmacéutico Gilead -al que ya se había pedido la medicación de Jesús- se comprometía a asumir la financiación de este fármaco en tratamientos que duren más de 12 semanas para un máximo de 300 pacientes y solo hasta el 31 de agosto. La farmacéutica incluía en ese programa gratuito a tres tipos de enfermos: los que estuviesen en lista de espera para trasplante hepático y requieran tratamiento para prevenir infecciones, los pacientes trasplantados que presenten “recurrencia agresiva”, y los que ya estuviesen recibiendo tratamiento y precisaran de dosis para otras doce semanas.
La oferta del laboratorio era entonces relevante para las administraciones sanitarias porque Gilead se ofrecía a pagar 300 tratamientos que hasta ese momento se financiaban -con muchas restricciones- con dinero público. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró el pasado jueves en 1.050 millones de euros el gasto en tratamientos de la hepatitis durante 2015 y defendió que es uno de los motivos que explican que se haya disparado el déficit. En el caso de Jesús, la Xunta se ahorraría 16.270 euros, si Gilead accedía a pagar a sus medicinas.
La posibilidad de que el laboratorio corriese con los gastos provocó que el proceso burocrático se enmarañase todavía más. Solo un día después del anuncio de la Agencia Española del Medicamento, la Dirección de Asistencia Médica de la Xunta reclamó (el 8 de mayo de 2014) a los hospitales gallegos -incluido el de Santiago, donde estaba ingresado Jesús- una nueva lista de pacientes que cumpliesen con los requisitos establecidos por la empresa farmacéutica. Según la denuncia de la Fiscalía, esa decisión “dilata el trámite previo e incumple los propios protocolos, porque en realidad ya había sido formulada la solicitud de su tratamiento adecuado y de forma urgente, dada la gravedad del paciente”.
El 20 de junio, el hospital de Santiago hace un nuevo resumen de los pacientes que precisan el tratamiento con informe favorable (esta es la petición que registra la Dirección Xeral de Asistencia Médica fechada el 1 de julio, dos meses después de que se hiciese la primera). El 7 de julio se reclaman nuevos informes que el centro hospitalario remite un día después y la Dirección General de Farmacia autoriza el 11 de julio un tratamiento de 12 semanas, conforme a la petición formulada por el médico responsable.
Por fin, se solicita su aprobación a Bristol -el laboratorio Gilead ya lo había autorizado antes para Jesús C. R. con otra combinación distinta y un presupuesto de 16.270 euros fuera de su programa gratuito- pero la farmacéutica responde que solo financia la medicación para 24 semanas (no para 12) y exige al médico de Jesús modificar la prescripción y solicitar Sofosbuvir y Dacatasvir (otro fármaco especial) para 24 semanas si quiere obtener la medicación de forma gratuita.
El 7 de agosto de 2014, tres meses y medio después de la primera petición de los fármacos especiales, el paciente Jesús C. R. presenta un deterioro clínico y se apremia a la farmacia del hospital para que compre la medicación.
Veinticuatro horas más tarde, la doctora a cargo del enfermo cumplimenta un nuevo trámite solicitando la medicación para 24 semanas que lleva la fecha del ocho de agosto. Y esta vez la respuesta desde Bristol es afirmativa. Según la cronología de la denuncia, ahí se inicia por fin el tratamiento. Escribe la Fiscalía: “Aunque ya es tarde para el paciente, ya que Jesús tiene el hígado destrozado y ya no surte la efectividad pretendida”.
El 28 de agosto de 2014, el estado de Jesús se agrava. El diagnóstico médico señala “un rechazo crónico por inmuno-aclaramiento del virus, por el uso de interferón”, la medicación que su médico tuvo que administrar pese a considerarla inadecuada por no disponer de los fármacos especiales. El 3 de septiembre de 2014 se certifica la defunción del paciente, “por una disfunción del injerto de rechazo crónico”.
David G. B: Fechas que no cuadran en el informe oficial
Este paciente estaba en lista activa de trasplantes desde el 30 de abril de 2014 y, como tal, según la normativa de la Xunta, era un posible candidato al tratamiento de la hepatitis crónica. Según su historia clínica, el médico a su cargo solicitó la medicación en mayo de 2014 y esta había sido concedida por el laboratorio.
El 11 de junio, detalla la denuncia de la Fiscalía, se establece por la Subdirección General de Farmacia -que dirige Carolina González-Criado Mateo, uno de los dos cargos públicos imputados- que no cumplía los requisitos y que por tanto “no ha sido evaluado, ni remetida la petición del facultativo responsable a la subcomisión [de la Xunta que analiza cada caso] estableciendo unos nuevos criterios que no constan regulados ni autorizados con carácter previo, ni remitidos a los facultativos omitiendo el procedimiento por ellos mismos regulados”.
El 2 de septiembre de 2014 los médicos vuelven a reclamar el tratamiento para David G. B. El 27 de octubre de 2014, cinco meses después y ante la falta de respuesta del Servicio Galego de Saúde, se cursa una nueva solicitud. Pese a que la petición advertía de la urgencia, no recibe contestación. Y la dirección del hospital insiste el 20 de noviembre. Esta última fecha es la que registra la Dirección General de Asistencia Médica como fecha de solicitud de tratamiento en la documentación que remite al juzgado. La Fiscalía da por hecho que la verdadera petición había sido en mayo de 2014 (seis meses antes) y que no se había tramitado.
El 2 de diciembre la Subdirección General de Farmacia del Gobierno gallego contesta afirmativamente a la solicitud. El 19 de diciembre el hospital recibe la medicación. Cuando se le iba a suministrar, ya se había producido el fallecimiento, como se le comunicó a la familia.
“El dilatado plazo” que Félix T. R. no pudo aguantar
Ingresó en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña el 7 de abril de 2014 con el siguiente diagnóstico: “disfunción del injerto hepático y con recidiva viral”. La dirección de ese hospital público tramitó la petición del tratamiento el 23 de abril de 2014. En su historial clínico consta el informe de la farmacéutica Gilead en abril de 2014, donde se refleja la necesidad del tratamiento, ya que “sufre de hepatitis recurrente grave con empeoramiento en los últimos tres meses”. La entrada en la Subdirección General de Farmacia consta el 2 de mayo de 2014, si bien este organismo lo devuelve el 22 de mayo sin pronunciarse sobre la petición formulada. Dicha solicitud no se registra hasta el 2 de junio, según se deriva la documentación remitida al juzgado cuando empezó a investigar estas prácticas. La Fiscalía alerta del “dilatado plazo que transcurre desde que se reclamó la primera vez el tratamiento hasta que entra en la Subdirección General de Farmacia de la Xunta. El paciente recibe la medicación el 18 de junio de 2014. Muere el 25 de septiembre de ese mismo año.
Isolina S. P: Un tratamiento tardío que ya no hizo efecto
Los medicos de Isolina S. P. reclamaron la medicación el 20 de junio de 2014 desde el Hospital Clínico Universitario de A Coruña donde estaba ingresada. No le fue autorizado hasta el 13 de enero de 2015, siete meses más tarde. El siete de febrero, según la denuncia de la Fiscalía, “se le tuvo que retirar la medicación ya que ante el retraso en su dispensa, la paciente empeoró”. Murió el 10 de febrero de 2015.
“Las reiteradas peticiones” de José Ramón R. G.
Este hombre era, según los informes médicos incorporados al sumario, “un paciente afectado por hepatitis crónica que no responde al tratamiento antiviral con Interferón”. Los facultativos del Hospital Clínico Universitario de A Coruña pidieron la medicación el 10 de enero de 2014, “como paciente trasplantado hepático en 2004, candidato al retrasplante por su edad” (tenía 53 años). Los médicos subrayan que no es adecuado el tratamiento con Interferón y solicitan el Sovaldi combinado con Ribavirina para 12 semanas. El 28 de enero de 2014 y el 12 de febrero reiteran esas peticiones cuando se agravaba la salud de Isolina S. P. El 14 de marzo la médico a su cargo vuelve a prescribir el Sovaldi sin obtener respuesta.
El 21 de marzo se hace constar en la historia clínica, que se solicita tratamiento y este, autorizado por el laboratorio, responde que no hay financiación y están pendientes de recibir respuesta del Servicio Galego de Saúde.
El 1 de abril del 2014 recibe autorización del laboratorio que ya hace constar en la historia clínica que la financiación ha sido denegada.
La Subdirección General de Farmacia de la Xunta, sin embargo, registra la petición con fecha de entrada 22 de mayo de 2014.
El 2 de junio de 2014 se obtiene resolución favorable de la subcomisión para la prescripción de Sofosbuvir y Daclatasvir, “aun cuando en la historia clínica consta el 30 de junio de 2014”, relata la denuncia. El informe de finalización de tratamiento hace constar que recibe la medicación con Sofosbuvir y Daclatasvir desde el 18 de junio de 2014 hasta el 6 de agosto, día en que el paciente muere.
María José y José Emilio: “No consta el tratamiento”
María José I. M. En el caso de esta paciente con hepatitis C la solicitud de Sofosbuvir y Simeprevir firmada por sus médicos lleva la fecha de 12 de diciembre de 2014 y es autorizada el 30 de enero de 2015. El 19 de diciembre de 2014 figura en su historia clínica que será vista por un doctor (cuyo nombre indica) para el inicio del tratamiento antiviral, si bien en el informe no consta que haya recibido tratamiento. Como el resto de pacientes que motivan la denuncia, muere.
José Emilio F. B. Era un enfermo de hepatitis que estaba ingresado en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Su caso se relata en la pieza documental número 10 incorporada al sumario. Los médicos que lo atienden solicitan un tratamiento de Telaprevir, Ribavirina y Pegifn el 11 de febrero de 2013. El 16 de mayo, escribe su historial médico, la petición continúa sin resolver. Según la documentación del hospital remitida al juzgado, el 7 de junio de 2013 figura como autorizado el tratamiento, “pero el 21 de agosto [dos meses y medio después] no consta la medicación”. El paciente fallece el 13 de septiembre de 2013.
Las tres cartas que salvaron la vida a B.
Las tres cartas que salvaron la vida a B. La denuncia por prevaricación y homicidio por imprudencia profesional grave contra los dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta reserva espacio a un caso excepcional: el del paciente B. P. L., víctima de los mismos retrasos que el resto de pacientes hasta que la médico que lo trataba decidió enviar varias cartas a la consejera de Sanidad de entonces, Rocío Mosquera, y a los dos altos cargos imputados en este caso. En ellas alertaba de que la vida del enfermo corría peligro si no recibía la medicación.
Su caso había arrancado en el hospital de Monforte de Lemos (Lugo) como el resto: con retrasos y dilaciones. Su médica solicitó para él un tratamiento con Sofosbuvir el 29 de marzo de 2014. El 3 de abril, el laboratorio Gilead respondió autorizándolo, pero el 13 de abril la decisión de la Xunta de financiarlo seguía en el aire.
El 28 de abril figura en la causa un correo solicitando a la Dirección General de Atención Médica el tratamiento, igual que hizo el paciente Jesús C. R. que acabó muriendo.
La fiscal escribe en su escrito: “Como nadie contesta, el 15 de mayo de 2014, [su médica] dirige esas cartas a la conselleira de Sanidade, al director general de asistencia médica y a la directora de Farmacia, saltándose todos los trámites y destacando la urgencia del caso y la gravedad del paciente, ya que, de no recibir tratamiento de forma inmediata se moriría”.
El director general de Asistencia Médica de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, uno de los dos cargos públicos imputados en este caso, contesta a la médico de Lugo “sancionando que no se hubiera seguido el trámite previsto, si bien, contesta autorizándolo sin informe de subcomisión. El coste del tratamiento es de 48.810 euros y para 12 semanas. Se le suministra y en este caso el paciente logra salvarse.