La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con “razones presupuestarias”. Se trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad.
En su denuncia –presentada el pasado enero ante el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que desde entonces investiga el caso– el ministerio público achaca además al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, otro delito de prevaricación.
Ambos cargos han sido citados a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago. La denuncia de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Las demoras, según el fiscal, llegaron “al punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos”. La prevaricación administrativa es la vía que ha decidido empezar a investigar el juez, según el auto en poder de eldiario.es y que exigirá oír los testimonios de los médicos, además de los de los dos altos cargos investigados.
La denuncia de la Fiscalía bucea en las historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que todos cumplían los requisitos del protocolo que el propio Gobierno gallego había establecido para dispensar esta medicación.
En el escrito de once páginas que motivó la apertura del proceso judicial, el ministerio público concluye no solo que dos altos cargos del Servicio Galego de de Saúde (Sergas) retrasaron “las peticiones y suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] posponiendo la toma de decisiones”, sino que “las razones” para hacerlo fueron “de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico”.
Testimonios de los médicos
Con ese argumento, y tras recabar los historiales clínicos, los distintos cambios en la normativa interna de la Xunta entre 2012 y 2014 para dispensar los tratamientos especiales contra la hepatitis C y sobre todo los testimonios de los médicos que tenían contacto directo con los pacientes, la Fiscalía pide imputar a los dos altos cargos de la sanidad gallega por un delito de “homicidio por imprudencia grave profesional”.
La prevaricación que se investiga parte del convencimiento de la Fiscalía de que los mandos del Sergas incumplieron sus propios procedimientos para hacer frente a los casos de hepatitis más graves como responsables de la Comisión Autonómica Central de Farmacia y terapéutica, un órgano interno de asesoramiento de la Consellería de Sanidad creado el 9 de abril de 2010.
El organismo constituyó el 28 de junio de 2012 una subcomisión especial para el tratamiento de la hepatitis C, que ha ido actualizando desde entonces los criterios para sufragar esa medicación desde el sistema público gallego. La instrucción general establecía que ningún paciente con riesgo de morir podía quedarse sin las medicinas.
La Fiscalía alude así a los dos cargos de la Xunta a los que imputa: “Como responsables, dentro del Servicio Galego de Saúde, de autorizar estos medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados, tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones, y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y compra de dicha medicación eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica, infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados, hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos”.
El caso está en fase de instrucción y la Fiscalía ha solicitado que varios médicos que trataron a los pacientes declaren como peritos. A los dos cargos públicos denunciados los cita en calidad de investigados, la nueva figura legal que sustituye al imputado.
O no recibieron medicinas o ya era tarde
En los historiales clínicos que recopila la denuncia se incluyen las peticiones efectuadas por sus médicos y queda registrada también la lentitud con la que la administración sanitaria gallega tramitó las solicitudes de los fármacos, pese a las repetidas advertencias de los facultativos alertando de su gravedad. Tres murieron, según la Fiscalía, sin acceder al tratamiento, y a otros tres, las medicinas les llegaron cuando el deterioro de los pacientes era ya irreparable. En algún caso pese al avance de la enfermedad tardaron seis meses en estar disponibles.
El ministerio público sostiene que hay informes médicos en los que se han modificado las fechas de solicitud de los fármacos para simular tiempos de espera menores. Y aporta correos electrónicos de médicos que contradicen la cronología de los expedientes oficiales remitidos al fiscal.
El relato de hechos que hace la Fiscalía también descubre –frente a los retrasos generalizados en los tratamientos– el caso excepcional de un paciente de Lugo que sí logró recibir su medicación especial a tiempo gracias a que la médica que lo trataba “se saltó todos los trámites”. Lo consiguió, se explica en la denuncia, gracias a que la doctora escribió cartas a la entonces consejera de Sanidad (Rocío Mosquera) -que fue relevada en medio de una remodelación del Gobierno de Feijóo a principios del pasado octubre, cuando la fiscalía ya había empezado a pedir documentación sobre este tema a la Xunta- y también al director de Asistencia Médica y a la directora de Farmacia del Gobierno gallego en las que la médico protestaba por los retrasos.
En esas misivas, la doctora del hospital lucense alertaba de que o se facilitaba “la medicación de forma inmediata” o el paciente moriría. Según la documentación aportada al juzgado, el director de Asistencia Médica de la Xunta (uno de los dos cargos imputados) respondió con otra carta a la médico “sancionando que no se hubiera seguido el trámite previsto”, pero finalmente decidió autorizar el tratamiento sin aguardar al preceptivo informe de la subcomisión médica que tal y como consta en los protocolos estaba obligada a pronunciarse. En este caso el hombre logró salvarse. El escrito de la Fiscalía apunta que el coste de los fármacos que se le administraron en el hospital de Monforte de Lemos fue de 48.810 euros.
Una denuncia previa de Batas Blancas
La querella contra la Consellería de Sanidade presentada no nació en la Fiscalía: parte de una denuncia previa que un colectivo de profesionales sanitarios del sistema público gallego denominado Batas Blancas hizo llegar al ministerio público y que detallaba graves irregularidades en la red de hospitales de la Xunta durante 2014 y 2015 relacionados con los tratamientos de la hepatitis C. En ese momento las protestas de los pacientes y sus familiares –que constituyeron una plataforma y se han personado como acusación popular en este proceso– ya se hacían oír en la calle.
El escrito previo remitido por la plataforma médica a la Fiscalía, que también obra en poder de este diario, acusaba a la Consellería de Sanidade y al director general de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial –al que ahora imputa la Fiscalía– de hacer“todo lo contrario a lo que marca la normativa sobre prestación farmacéutica de la Xunta”, que es la de“garantizar a todos los ciudadanos de Galicia un acceso rápido, oportuno y equitativo de la atención farmacéutica que necesiten”.
El fiscal en el escrito que abrió la causa que instruye desde el pasado enero el juzgado nº3 de Santiago ofrece por último a las familias de seis de los pacientes fallecidos citados en la denuncia sumarse a la causa penal.