Después de años de opacidad, la transparencia se le está atragantando a la Xunta. El Gobierno gallego no revela cuánto cobra cada uno de los más de 130 asesores que dice tener. Pero sí acaba de divulgar nombres y apellidos de menores, identificados expresamente como tales, a los que la Consellería de Política Social ha abonado tratamientos médicos de escasa cuantía. Tras detectar esta situación, este medio se la advirtió tanto a Política Social como a la Vicepresidencia de la Xunta, responsable de la Ley de Transparencia, y esperó para publicar esta información a que el departamento que dirige José Manuel Rey Varela corrigiera y no volviera a repetir lo que ha admitido como un “error”.
Este diario detectó ocho casos en los que Política Social reveló el nombre y los apellidos de menores. Lo hizo a través de su plataforma de contratación, la página web en la que desde principios de marzo, en aplicación de la Ley de Transparencia, está obligada a publicar también las facturas y contratos menores que por su reducido importe entrega directamente a dedo. En este caso son cinco facturas de farmacia que oscilan entre los 7 y los 107 euros, dos de tratamientos odontológicos de 214 y 957 euros y una de gafas por 90 euros. La estructura en todos los casos es la misma. En el objeto de las facturas la Xunta reflejó “gastos de farmacia del menor Nombre Apellido Apellido” o “tratamiento odontológico del menor Nombre Apellido Apellido”, y en el apartado dedicado al adjudicatario recogió el nombre del farmacéutico u odontólogo que prestó el servicio, lo que a su vez permitiría conocer en qué población reside cada menor atendido.
La explicación que da Política Social de su “error”, tras un largo elogio del compromiso del Gobierno gallego con la transparencia, es la siguiente: “Para hacer efectiva esta transparencia en relación con los gastos que afronta esta Consellería en relación con los menores tutelados o en guardia, se establece un sistema de acuerdo con el cual todas las facturas tramitadas son publicadas en el citado portal [de transparencia]. El procedimiento a seguir en estos casos es implementar en el programa contable de la Xunta de Galicia el concepto de la factura que se va a tramitar y pagar. En este proceso se detectó un error en la transcripción de los conceptos, en la medida en que se incorporó al sistema todo el objeto del servicio prestado, realizando automáticamente un volcado íntegro de este concepto al portal de transparencia con el resultado de que fueron publicados, en casos puntuales, los destinatarios de los servicios cuando estos figuraban en el concepto de la correspondiente factura. Una vez detectado este error [por la advertencia de este medio] fue inmediatamente corregido, eliminando estos datos del sistema y fueron transmitidas a las cuatro jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social instrucciones sobre la la transcripción de los conceptos de las facturas eliminando cualquier referencia identificativa de la persona o personas destinatarias del servicio, con especial atención para el caso de que se trate de menores de edad”.
El artículo 6.3 de la Ley de Transparencia, que regula la publicidad activa de los datos, establece que “serán de aplicación, en todo caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la normativa básica, así como los derivados de la normativa en materia de protección de datos personales. De este modo, cuando la información objeto de este capítulo contenga datos especialmente protegidos, su publicidad sólo se llevará a cabo luego de la disociación de estos”. La Xunta sí realizó esa “disociación” en algún caso hecho público al tiempo de los ocho citados anteriormente en los que no lo hizo. Así, el objeto de otra factura de esas mismas fechas es “gasto extraordinario de psicoterapia para un menor”, sin indicar quién, seguido de un código.
Eldiario.es ha esperado una semana antes de publicar esta información para comprobar que la Xunta no volvía a cometer el mismo “error” y no se ponía en riesgo la intimidad de esos menores. En este tiempo el Gobierno gallego no se limitó a suprimir los nombres de los menores de los expedientes afectados sino que hizo desaparecer por completo tanto esos expedientes detectados como los que se referían de manera genérica a gastos sanitarios para “un menor” sin identificarlo.