El pasado marzo entró en vigor en Galicia la nueva Ley de Transparencia, que amplía varios de los preceptos del texto vigente desde 2006 y obliga a la Xunta a difundir contenidos y documentos que hasta ahora no eran públicos, así como a publicar de una modo más claro y agrupado, en un único portal, otros que antes se encontraban difusos. La nueva norma ha conllevado, por ejemplo, la publicación por primera vez de los sueldos de cada miembro del Parlamento o de los altos directivos de la Administración autonómicas. También es una novedad la difusión en internet de las empresas beneficiarias de los contratos menores, aquellos que por su importe reducido pueden ser adjudicados 'a dedo' sin consultar ofertas alternativas. No obstante, esta publicación está realizándose con una relevante limitación temporal.
El Gobierno gallego sólo hace públicos durante una semana cada uno de sus contratos menores. Después, los borra. Desde la entrada en vigor de la mencionada ley de transparencia, cada departamento autonómico ha comenzado a publicar sus respectivos contratos y facturas menores. Lo vienen haciendo a través de la web de contrataciones de la Xunta, que permite realizar búsquedas específicas o activar alertas según el importe, fecha o estado de cualquier tipo de contrato, excepto de los menores. Para acceder a ellos hay que revisar todos los contratos de un determinado departamento, donde los menores aparecen mezclados y sin identificar. De ellos sólo se publica una referencia con parte del objeto del contrato o factura, el importe y la razón social de la empresa o particular al que se ha adjudicado.
Al contrario que en el resto de los contratos, no es posible descargarse los documentos oficiales. Además, esas referencias superficiales desaparecen de la web de contratación de la Xunta pasada una semana y ya no es posible acceder a un contrato determinado ni a través del supuesto enlace directo que identificaba cada procedimiento ni revisando la totalidad de los contratos de cada departamento. La transparencia, pasados unos días, desaparece en este campo.
El proceder del Gobierno gallego juega con la ambigüedad de la Ley de Transparencia en su artículo 13.2: “La información relativa a todos los contratos menores, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y adjudicación, el número de licitadores participantes y la identidad del adjudicatario se publicarán, por lo menos trimestralmente, en el portal web de transparencia”.
La Xunta argumenta razones de operatividad informática para borrar los contratos menores pasada una semana de su publicación. Otras administraciones también obligadas a hacer públicos los contratos menores solucionan el problema del gran volumen de datos informáticos que genera tal cantidad de procedimientos publicando listados en formato PDF o similares en los que incluyen de manera permanente los mismos conceptos que la Xunta opta por incorporar a su web de manera individualizada, con una pantalla para cada uno, y por lo tanto ocupando más espacio, pero sólo durante unos días. Listados de contratos menores que no caducan sino que siguen siendo accesibles meses después como los que divulga, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santiago desde hace dos años.
Balance del primer mes
A pesar de que gran parte de ellos ya no son accesibles, este diario ha revisado durante un mes cientos de contratos menores que la Xunta ha ido publicando en su plataforma de contratación y ha hecho copias de esas páginas antes de que fueran borradas. El análisis de ese primer mes de transparencia con caducidad permite extraer algunas conclusiones del proceder del Gobierno gallego.
Los contratos menores permiten comprobar cómo determinados departamentos de la Xunta adjudican a dedo determinados subministros o servicios a firmas del entorno del domicilio de su titular, a pesar de que que podrían ser contratados con empresas de cualquier lugar de Galicia. Así, la Consellería de Política Social, dirigida por el ferrolano José Manuel Rey Varela, ha comprado cajas por 19.000 euros a una empresa de Narón. Y la secretaria general de Igualdad, la chantadina Susana López Abeja, gastó 585 euros en figuras de Sargadelos en una tienda de Chantada gastando 70 euros más que si las comprase por internet. Igualdad, como ha contado eldiario.es, también adjudicó un contrato menor, de 6.171 euros, a su exjefa de prensa.
La Consellería de Cultura, dirigida por Román Rodríguez, de Lalín, aportó 1.500 euros al homenaje que se realizó en la villa vecina de Silleda al exalcalde del PP Juan Salgueiro. En ella se descubrió un busto que según los organizadores habría costado 3.000 euros aportados por donaciones ciudadanas. Sin embargo, la mitad del busto la pagó la Consellería a través de la mencionada factura de 1.500 euros, abonada a una empresa de moldes y esculturas de Madrid. Cultura ha asegurado a preguntas de este medio que realizó la aportación por la labor de dinamización cultural realizado por el regidor fallecido y no por su militancia política, y ha añadido que fueron los organizadores del acto los que sugirieron que su aportación fuera para pagar parte del busto supuestamente sufragado con donaciones particulares. Cultura, como ha informado este diario, también adjudicó otro contrato menor, de 6.147 euros, a la empresa de un exasesor del PP de Lalín.
Entre los contratos menores son habituales facturas de muy pequeño importe por suministros como papelería, material de oficina o agua. Hay sillas de todo tipo e importes, hasta 530 euros por uno sillón hergonómico que pagó Medio Rural. En ese ámbito destacan docenas de facturas de pequeños subministros sanitarios de sanidad. En gran parte de esos subministros abundan las referencias vagas al concepto de los mismos. Por ejemplo, son varias las facturas del IGAPE por “necesidades operativas”, sin más concreciones, a nombre de un centro de impresiones digitales por importes como 23,23 euros o 3,15 euros.
Frente a esas facturas por pequeñas cantidades, que sumadas ya no son tan insignificantes, en particular en el Sergas, hay contratos menores por importes que en otras ocasiones merecen la convocatoria de concursos públicos por parte de otros departamentos. Así, la Agencia de Modernización Tecnológica (Amtega), adjudicó un contrato menor, sin pedir más ofertas, de 20.000 euros para elaborar 15 pequeños vídeos para internet.