El debate sobre la gestión del turismo y sus consecuencias menos vistosas para las poblaciones locales se ha instalado en la esfera pública, pero la Xunta de Galicia no se da por aludida. Este lunes su presidente Alfonso Rueda celebró lo que calificó de cifras récord de visitantes en Santiago de Compostela y lo hizo sin una sola mención al creciente malestar vecinal con el desborde turístico de la ciudad. Rueda se escudó en la cifra de compostelas expedidas por la Iglesia -el documento que acredita un trayecto de como mínimo 100 kilómetros por un Camino de Santiago- en los seis primeros meses de este año para prometer “las mejores perspectivas” de cara al próximo Xacobeo. Hubo 235.000 romeros, un 15% más que en el mismo período de 2023, a lo que hay que sumar, sostuvo el mandatario, un 30% más que no se registran. La ciudad tiene unos 100.000 habitantes.
El presidente gallego anunciaba, al término de la reunión semanal de su gabinete, la licitación de un nuevo contrato para gobernar la red pública de albergues. Son 79 establecimientos repartidos por todas las rutas del Camino, que ofrecen 3.592 plazas a un precio inferior al de la hostelería privada. El pasado año los utilizaron 260.000 caminantes, ciclistas o jinetes. El contrato que ahora sale a concurso es para dos años y por 12 millones de euros. Rueda expuso que el retorno es de 2,9 millones por año, reinvertidos, dijo, en la ruta.
Tan entregado parece el Gobierno gallego al actual modelo turístico de Santiago de Compostela que sigue sin aclarar su posición respecto a la propuesta de tasa turística remitida por el Ayuntamiento de la ciudad. El presidente repitió, al igual que hace una semana, que la están estudiando y que está en contacto con el Ejecutivo local, formado por una coalición de BNG y Compostela Aberta y con la nacionalista Gortetti Sanmartín como alcaldesa. Rueda dijo que sus requisitos para apoyarla eran el consenso con el sector y que el destino de los ingresos “tenga una finalidad relacionada con la explotación turística de la ciudad”. Sanmartín ha explicado que la limpieza urbana sería uno de los destinos de esa recaudación.
El municipio presentó la iniciativa en público hace unos diez días. El impuesto a pagar por los visitantes oscilaría entre 1 y 2,5 euros por noche, en función de la categoría del negocio hostelero. El alcalde de otro concello turístico, O Grove, en la Ría de Arousa, también ha manifestado su voluntad de implantarla. De salir adelante, la Xunta impondría una habilitación general del tributo y cada ayuntamiento tendría la posibilidad de hacer uso de la misma.