Los pacientes que rechazan ser atendidos en centros privados con los que la Xunta tiene un concierto salen de la lista de espera estructural y pasan a otra, mucho más opaca y menos regulada, en la que pierden la garantía de que el sistema vaya a programar la operación, consulta o prueba que necesitan en un plazo máximo de tiempo. A pesar de que esta norma está contenida en la ley gallega de garantías de prestaciones sanitarias de 2013, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, considera que no es suficiente para que el BNG acuse al Gobierno gallego de “meter en un cajón” el derecho de estos enfermos a ser atendidos por la sanidad pública. “En ningún caso se les pasa al final de ninguna cola o se les hace esperar más. Es mentira. Miente cuando dice que los pacientes que rechazan un centro concertado, que no privado, vuelven a empezar. Y le reto a que vaya a los tribunales y lo demuestre”, replicó a la diputada de la formación nacionalista Montse Prado.
La situación en la que se ven estos pacientes que rechazan ser derivados a esos centros concertados es motivo frecuente de queja ante entidades como la Valedora do Pobo por los retrasos que terminan afrontando. En un informe sobre el año 2018 la Valedora recalca que “genera mucha incertidumbre” entre los afectados que se les retire el derecho de garantía de tiempos máximos cuando no aceptan la alternativa que les ofrece el Sergas para ser atendidos en otro centro que no es el suyo o en uno privado. “No existe un tiempo límite establecido legalmente para su atención, de forma que pasa a formar parte de la llamada lista de espera no estructural, cuya gestión respecto de la lista estructural no está definida legalmente”, añade, y considera que esto “no puede significar que su asistencia sanitaria se pueda demorar sine die”.
A pesar de que Comesaña sostiene que no se hace esperar más a estos pacientes, recientemente la Justicia condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 30.000 euros a un hombre que tuvo que aguardar un año por una intervención que, según las normas del Sistema Nacional de Salud, es recomendable atender en 90 días como mucho.
Ante las acusaciones del BNG en el pleno del Parlamento, el conselleiro se revolvió: “Traspasa ciertos límites cuando insinúa que quitamos pacientes de las listas de espera”. El sistema, sostuvo, es eficaz y lo demostró durante la pandemia. El último dato disponible de la demora, referido al cierre de junio de 2022, muestra que en Galicia no se han recuperado todavía los tiempos previos a la irrupción de la COVID-19 y que los pacientes afrontan, de media, 20 días más de espera para operarse. Comesaña ha reconocido ese retraso: “No lo queremos y pedimos perdón a la sociedad por esa demora”. Eso sí, ha recurrido a una táctica habitual cuando la Xunta recibe críticas en esta materia, la de intentar diluir la responsabilidad: “Es así en todos los sistemas sanitarios”.
Montse Prado le recordó al conselleiro la enorme manifestación que desbordó Santiago de Compostela hace menos de dos semanas en defensa de la sanidad pública. Los asistentes, dijo, “no fueron engañados o creyendo bulos”, sino para reclamar un modelo “de calidad”. “Para ustedes ha tenido que ser un baño de realidad”, añadió y criticó que la respuesta de la Xunta fuese impulsar “más medidas para poner una alfombra roja a la sanidad privada”. Días después de la protesta, el Gobierno gallego llegó a un acuerdo con los colegios de médicos para facilitar que los facultativos compatibilicen la pública y la privada.