La Xunta oculta cuántas eutanasias ha practicado mientras el PP insiste en tumbar el nuevo derecho

El Gobierno gallego no da información sobre cuántas eutanasias han practicado sus servicios sanitarios desde que hace casi cuatro meses entró en vigor la nueva ley. Tampoco aclara los motivos para no hacer públicas las cifras. La Xunta, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha decidido rodear de opacidad el resultado de los procedimientos para morir dignamente iniciados en la Comunidad. El único detalle que ofrece es el número de personas que han registrado su solicitud: son ocho.

El primer caso de una persona a la que se le ha aplicado la eutanasia en Galicia ha trascendido, pero por otras vías. Un ourensano que tenía un cáncer en estado terminal es, según publicó el periódico La Región, el primer gallego que consiguió que se le administrase de forma legal un preparado farmacológico para morir. De las otras siete solicitudes no consta que ninguna más haya finalizado el proceso. La respuesta de la Consellería de Sanidade a las preguntas de esta redacción al respecto se ha limitado a señalar que la Xunta está cumpliendo la ley, que se ha constituido la Comisión de Garantía y Evaluación -a principios de julio, con unos días de retraso sobre el plazo marcado, que era el 25 de junio- y que se garantiza el protocolo a todo el que lo solicita.

La portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Galicia, Isabel Blanco, avisa de que, aunque por el momento no se esté facilitando información, la ley sí obliga a las comunidades autónomas a presentar cada año un informe que deberá incluir los casos presentados y cómo se han ido resolviendo. “Lo fundamental es que hay una ley y seguimos avanzando”, enfatiza. A la Xunta le concede que “los inicios son más difíciles”. “Si miramos al conjunto de España, a veces dices que casi que no está tan mal”, añade.

El presidente gallego activó los mecanismos de la ley de eutanasia en la víspera de que la norma entrase en vigor, mientras su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, recurría el texto ante el Tribunal Constitucional y las críticas de la Iglesia arreciaban. “Todas las leyes que se aplican en un Estado se tienen que cumplir”, razonó entonces Feijóo, que, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para defender la ley que aprobó en 2015 el Parlamento gallego y que se refiere a los derechos de las personas enfermas terminales, pero no incluye la eutanasia. Esta, la de los cuidados paliativos, sigue siendo la propuesta de su partido si llega al Gobierno de España.

Isabel Blanco cree que, aunque se han puesto en marcha los mecanismos y no le constan incumplimientos, el Gobierno gallego podría mejorar la información que ofrece. El protocolo para la prestación de la ayuda para morir se actualizó por última vez el 16 de septiembre y amplió algunos de los contenidos, expone. Entre los aspectos que recoge este documento está la decisión de la Xunta de reservarse el nombramiento del médico responsable en cada caso. En Galicia no es una elección del paciente, sino de su área sanitaria, que tiene un plazo de dos días naturales para tomar la decisión. “Nosotros defendemos que sea el paciente que solicita la eutanasia el que elija al médico. Puede ser su médico de familia, que en general lo ha tratado durante años y con el que tiene una cierta confianza, o el especialista que lo trata”, argumenta.

Además de esta figura del médico responsable, también interviene cuando hay una solicitud de eutanasia el médico consultor -un profesional que debe tener formación en la patología principal del paciente pero no podrá pertenecer al grupo asistencial del responsable ni ser el especialista que sigue habitualmente a quien solicita la eutanasia-. En caso de que haya discrepancias, debe resolver la Comisión de Garantía y Evaluación, compuesta por 12 profesionales de la medicina y la enfermería y por juristas.

Un mes de trámites

El proceso no es inmediato. La persona que solicite la eutanasia debe presentar dos solicitudes por escrito u otro medio que permita dejar constancia. Entre una y otra deben transcurrir al menos 15 días naturales. El plazo se puede acortar si el médico considera que la pérdida de capacidad para otorgar consentimiento informado es inminente. Tras la primera solicitud, el médico responsable y el paciente harán un proceso deliberativo sobre el diagnóstico y “posibles cuidados paliativos”, según el protocolo de la Xunta, que indica que el informe del facultativo deberá estar listo en 10 días. Cuando se reciba la segunda solicitud, el médico consultor revisará el caso y emitirá su informe también en un plazo máximo de 10 días naturales. Si no es favorable, la persona que solicita la eutanasia tiene 15 días para recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación. Si es favorable, el siguiente paso es comunicárselo a esta misma comisión en un plazo de tres días. A su vez, puede emitir una resolución favorable o no favorable. En el segundo caso, el paciente puede recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo esto quiere decir que, en el supuesto de que la solicitud reciba el visto bueno en todos los niveles, los trámites duran en torno a un mes.

La portavoz de Derecho a Morir Dignamente en Galicia pide al Gobierno gallego que dé formación a los profesionales sanitarios sobre la ley y sus protocolos. Para ello, indica, hay un año de plazo y será entonces cuando cree que se podrá hacer una evaluación del desempeño de la Xunta. También propone que se ponga en marcha un observatorio de la muerte, una herramienta para estudiar en qué condiciones se producen los fallecimientos y que se ha activado en lugares como Caltalunya, Asturias o Navarra. “Es para saber cómo fueron esos últimos momentos, si hubo mucho sufrimiento o se palió. Si te han aplicado una quimioterapia en la última semana de vida, no es una cosa adecuada. Hay veces que se intenta mantener la vida por encima de todo, cuando, en ocasiones, eso supone un estado vegetativo y hay gente que así no quiere vivir”, expone.

Testamentos vitales

Blanco insiste en la importancia de hacer un testamento vital y dejar constancia de qué desea un paciente ante una situación grave. Cree que no se le está dando suficiente difusión a este instrumento y apunta que Galicia es la cuarta comunidad por la cola. Solo el 0,45% de la población gallega ha formalizado este documento. El porcentaje solo es menor en Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, según los datos del Ministerio de Sanidad recopilados por Derecho a Morir Dignamente.

Los datos de la Xunta indican que, al cierre de 2020, estaban inscritos 11.790 documentos de instrucciones previas sobre cuidados y tratamiento de la salud. La mayoría, el 64%, son de mujeres, y la edad media es de 56 años.