El Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene en vigor desde 2016 al menos cinco acuerdos con Medtronic, una multinacional estadounidense especializada en “tecnología, servicios y soluciones médicas”. La parte pública de estos convenios muestra que con ellos la Xunta permite a la compañía privada actual en hospitales públicos, pero obvia los detalles concretos del pacto, desgranados en anexos que la Xunta decidió no hacer públicos. Como informó Praza.gal, esa segunda parte evidencia que la empresa puede “testar” sus productos en instalaciones del Sergas y además deja claro que la Administración pone personal y dinero en pactos que oficialmente no implicaban aportación económica alguna. Después de negarse a facilitarle esa información a la Asociación de Pacientes del Hospital de Santiago, uno de los afectados, el Gobierno gallego acaba de defender formalmente la ocultación también en el Parlamento de Galicia.
Tras trascender la negativa a la Asociación de Pacientes -que ha trasladado su reclamación a la Comisión de Transparencia de Galicia- y los detalles del acuerdo oculto, al que ha tenido acceso este diario, la oposición parlamentaria anunció que pediría explicaciones a la Xunta al respecto. Una de las diputadas que lo hizo fue la portavoz de En Marea en materia sanitaria, Eva Solla, a través de una pregunta registrada a mediados de diciembre a la que Sanidade acaba de ofrecer una respuesta parcial para defender la ocultación apelando a las limitaciones establecidas en la vigente ley de transparencia y buen gobierno aunque no en la norma gallega, aprobada en 2016 como renovación de la vigente desde diez años antes, sino en la estatal.
En esa respuesta el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo profundiza en el razonamiento que ya había ofrecido a los pacientes: no puede revelar el anexo para no perjudicar el “secreto comercial” y la “propiedad industrial” de Medtronic, aunque con una argumentación distinta. “La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS solicitó copia del acuerdo específico” del Sergas con Medtronic para el CHUS“ y ”le fue remitida“, recuerda la Consellería, que admite que el colectivo ”también pidió los anexos a los acuerdos específicos“ para los hospitales de Santiago, A Coruña y Lugo y ”esa solicitud fue denegada“, aunque ”en ningún caso para anteponer el derecho comercial de la empresa al derecho general de acceso a la información pública“, tal y como ”acusa“ En Marea, lamentan.
Con su negativa, asegura, no se está más que aplicando el “estricto cumplimiento” del artículo 14“ de la ley estatal de transparencia, en el que se señala que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para una serie de aspectos, entre los que están el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”. En la ley gallega, sin embargo, el secreto comercial e industrial solo es un límite para la divulgación de información sobre subvenciones, no sobre convenios. Sanidade aplica así de manera extensa otro artículo de la normativa autonómica, el 25, en el que se apela a la normativa básica -la estatal- para limitar el acceso a la información pública, aunque también se indica que “en aquellos casos en que la aplicación de alguna limitación no afecte a la totalidad de la información y siempre que sea posible, se concederá el acceso parcial” al documento solicitado.
Publicado íntegramente en Catalunya
Como reveló Praza.gal, las cautelas del Gobierno gallego con la protección del “secreto comercial” y la “propiedad industrial” de Medtronic contrastan con la publicación íntegra de un acuerdo prácticamente idéntico firmado con la misma empresa por la Generalitat de Catalunya en el año 2015, en tiempos de la presidencia de Artur Mas. El pacto de la compañía estadounidense con las autoridades sanitarias catalanas tenía como objetivo desarrollar en el hospital de Bellvitge un programa muy semejante al que la Xunta le permite realizar en el Clínico compostelano y, una vez firmado, fue incluido cómo referencia en el Diari Oficial de la Generalitat y publicado con su anexo en el portal de transparencia del Institut Català de la Salut, donde aún puede ser consultado.
Tanto en el caso catalán como en el gallego la Administración abrió a Medtronic las puertas de la sanidad pública y la empresa desarrolló una política comercial muy semejante en los dos territorios. Tanto en Bellvitge como en Santiago la empresa “cedió” el uso de equipos médicos para empleo exclusivo en el marco del propio acuerdo y, a cambio, la sanidad pública asume los gastos corrientes, el mantenimiento de la maquinaria “cedida” y la asignación del personal necesario, entre otros aspectos. No obstante, el acuerdo con la Generalitat sí incluye una estimación de costes que el firmado con el Sergas no recoge.