El pasado 8 de julio Agustín Hernández tomaba posesión como alcalde de Santiago. El ex conselleiro de Infraestructuras pasaba, contra la que inicialmente había sido su voluntad política, a ser el tercer regidor de la capital de Galicia en menos de tres años, sustituyendo a Ángel Currás tras la condena por prevaricación de más de la mitad del gobierno que antes había estado dirigido por Gerardo Conde Roa, condenado por fraude fiscal. Justo un mes después de esta tercera toma de posesión, que culminaba una amplia serie de avatares políticos ligados, en su mayoría, a la investigación y a las revelaciones del caso Pokémon, la Xunta firmaba el primero de los dos convenios con los que, por algo más de 200.000 euros, se dispone a “ensalzar” la maltrecha imagen pública de la ciudad en dos periódicos.
El primero de estos convenios fue rubricado el 8 de agosto entre la Secretaría General de Medios y la Editorial Compostela “para la difusión informativa de la potencialidad de Santiago de Compostela en los medios de comunicación del grupo El Correo Gallego. Por 115.000 euros, el Gobierno gallego expresa su intención de ”colaborar con el periódico“ en la ”difusión de la información relativa a la imagen de Santiago de Compostela en los distintos ámbitos de actuación de la Xunta de Galicia“, tales como ”el Camino de Santiago, la Cidade da Cultura, la capitalidad de Galicia, la ciudad administrativa“ o ”las actuaciones en I+D+i“, especialmente ”mediante la colaboración entre la USC y la Xunta“.
“La ciudad como destino turístico final”, su “proyección internacional” y “cualquier otra información que pueda difundir una imagen moderna y el futuro de la ciudad” centraban un nuevo convenio que, un mes después, costaría un poco más de dinero público. El 1 de septiembre, la Secretaría de Medios le encomendó a La Voz de Galicia la misma difusión de las “potencialidades” santiaguesas por 125.000 euros. El convenio tiene un texto idéntico al firmado con El Correo y, como en el caso del periódico compostelano, su vigencia se extiende hasta el próximo 22 de diciembre. En ninguno de los dos casos existe aportación económica de las empresas, lo mismo que sucedió en 2012, cuando el ejecutivo gallego también colocó contenidos en estos dos periódicos con, formalmente, la misma finalidad.
La firma de este tipo de convenios es criticada desde hace años por colectivos profesionales del periodismo como el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia o el Sindicato de Xornalistas, quienes vienen reclamando, entre otras medidas, la aprobación de una Ley de Publicidad Institucional que haga “transparentes” las ayudas de la Xunta a la prensa. Aunque, como ya ocurriera con el bipartito, el PP llevó en su programa electoral esta ley tanto en 2009 como en 2012, por el momento no ha llegado a ser aprobada ni figura en los planes inmediatos del partido que sustenta al Gobierno. Estas aportaciones directas y discrecionales de dinero público también fueron criticadas por el Consello de Contas, que viene reflejando que casi el 90% del dinero repartido entre las empresas editoras se distribuye sin una convocatoria pública y objetiva a la que todos los medios puedan concurrir en igualdad de condiciones.