Un clásico que parece condenado a no descansar en paz. Ya ha transcurrido más de una década desde que el 28 de julio de 2005, cinco días antes de que el socialista Emilio Pérez Touriño tomara posesión como presidente, el Consello da Xunta dirigido por Manuel Fraga y vicepresidido por Alberto Núñez Feijóo aprobara definitivamente la autorización para construir una piscifactoría de la empresa Insuíña, filial de Pescanova, en el espacio protegido de Cabo Touriñán. A comienzos de este 2015 la “nulidad de pleno derecho” de aquella autorización quedaba definitivamente ratificada en el Tribunal Supremo, así como la legalidad de la paralización dictaminada por el Ejecutivo bipartito en 2006. No obstante, el actual Gobierno gallego insiste en defender aquel proyecto.
Hace escasos días la Consellería del Mar remitió al Parlamento la respuesta a una pregunta en la que, el pasado marzo, la diputada del BNG Ana Pontón cuestionaba al Gobierno sobre la “asunción de responsabilidades políticas tras la sentencia en la que se declara ilegal el permiso otorgado por el Gobierno gallego” para la construcción de esta piscifactoría. Lejos de admitir la ilegalidad evidenciada por el Alto Tribunal el departamento de Rosa Quintana insiste en defender la planta y, además, culpa al bipartito de la indemnización a la que la Xunta fue condenada para resarcir a Pescanova por la anulación, compensación contra cuya cuantía la actual Xunta no argumentó en los tribunales, según la sentencia del TS.
En este documento Mar le resta importancia al hecho de que “desde una perspectiva jurídico-formal” la anulación de la piscifactoría fuese legal, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y refrendó el Supremo, para entrar a valorar aquella decisión en “términos de acierto y oportunidad”. Para el Gabinete de Feijóo “resulta evidente” que, al anular la decisión que el actual presidente avaló como conselleiro -la autorización urbanística dependía de su departamento-, el Ejecutivo de PSdeG y BNG “optó por la vía más lesiva para los intereses de la Administración autonómica”. Llega a esta conclusión, afirma, “a la vista” de la sentencia de febrero, que condena a la Administración a pagarle 1 millón de euros a Pescanova por los “gastos en los que tuvo que incurrir en la tramitación del proyecto” autorizado irregularmente.
Según la Consellería, “lo idóneo” habría sido que el bipartito “examinara desde una perspectiva rigurosamente técnica si la futura ejecución del proyecto podría comprometer los valores naturales” del Cabo Touriñán y su entorno, “otorgando o denegando motivadamente la preceptiva autorización”. Pero “el bipartito -acusa- optó no solo por cercenar la eficacia del Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la costa gallega con respecto a aquellos espacios ubicados en Red Natura”, sino también “por suspender la tramitación de los proyectos sectoriales presentados al amparo de dicho plan cuyas instalaciones se proyectaran sobre tales espacios”.
Así las cosas, para el Gobierno la sentencia no es fruto del mal proceder del Gobierno del PP, sino de la “decisión adoptada por el Gobierno bipartito”, que según el actual Ejecutivo debería haber seguido adelante con la tramitación del parque hasta “otorgar o denegar motivadamente las autorizaciones preceptivas”. Según el Tribunal Supremo, “dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística” y por eso fue legal una anulación que, para Feijóo, era “desoladora” y atentaba contra los “derechos constitucionales” de quien entonces era presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. “La ecología -proclamaba Feijóo en aquellos días- empieza por las personas”.