El Tribunal Supremo acaba de escribir lo que, a priori, tendría que ser el último capítulo del contencioso en torno a la no nata piscifactoría de Pescanova en el cabo Touriñán (Muxía), en plena Red Natura. Como ya había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) el alto tribunal español certifica que la luz verde a la factoría, otorgada en el verano de 2005 por el Gobierno de Manuel Fraga en funciones, adolecía de “vicios de nulidad de pleno derecho” y avala, además, la paralización decidida en 2006 por el Ejecutivo de coalición de PSdeG y BNG. Así, el Supremo ratifica la condena a pagarle un millón de euros a la empresa por la no construcción de una planta que en su momento generó una amplia controversia económica y ambiental pero que, sobre todo, constituyó toda una cruzada para lo PPdeG, que la convirtió en uno de los grandes argumentos de su oposición al bipartito.
La alianza de los conservadores y la empresa contra el Gobierno fue escenificada en diversas ocasiones y tuvo uno de los episodios más singulares en enero de 2007. Apenas seis meses después de la paralización del proyecto un Alberto Núñez Feijóo que todavía estaba asentándose en el liderazgo del PPdeG visitaba la sede de Pescanova en compañía de su presidente, Manuel Fernández de Sousa. Mientras la multinacional se jactaba de trasladar a la localidad portuguesa de Mira la inversión “bloqueada” por la Xunta Feijóo instaba a Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana a “reflexionar”. “Aún estamos a tiempo de tener la primera planta acuícola del mundo en Galicia”, clamaba, mientras lamentaba que Fernández de Sousa tuviera “dificultades para ejercer sus derechos constitucionales” en Galicia. “La ecología comienza por las personas”, ilustraba.
Las apelaciones políticas e incluso sentimentales se combinaban en el argumentario del PPdeG con alusiones a la legalidad. En su condición de líder de la oposición, pero también de ex conselleiro de Política Territorial y vicepresidente del gabinete Fraga que había dado las autorizaciones, Feijóo reiteraba las peticiones de “rectificación”. “La Xunta paralizó un proyecto legal y lo que es ilegal es paralizar un proyecto legal”, señalaba en un acto político en Lugo en mayo de ese mismo año. El Gobierno gallego, y más concretamente su presidente, les deberían “pedir disculpas a los habitantes de la Costa da Morte” y trabajar para evitar la “fuga de Pescanova”. “Acepte, facilite y permita” la puesta en marcha de la piscifactoría, le pedía a Touriño y al entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi Vázquez.
Herramienta de campaña electoral
Como era de esperar, la frustrada y, según el TSXG y el Supremo, “en modo alguno conforme a la legalidad” planta de Pescanova fue también una de las herramientas de la campaña electoral que, hace este domingo seis años, finalizó con el triunfo de los populares. Así, durante la carrera electoral Feijóo prometió en innumerables ocasiones el “desbloqueo” de la inversión de la multinacional en Touriñán y, paralelalmente, tanto él como otros miembros del partido culpaban a la Xunta de impedir la generación de “cientos de puestos de trabajo directos e indirectos” en la Costa da Morte. Este fue el caso, por ejemplo, del secretario general del PPdeG y actual vicepresidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, que en un acto de campaña deslegitimó cualquier propuesta que el BNG pudiera hacer en materia pesquera, porque Anxo Quintana, decía, también era responsable de “expulsar a Pescanova de Galicia al vetar la granja acuícola” en Red Natura.
Una vez retornados al poder la insistencia por la piscifactoría de Touriñán no cesó. De este modo, ya en 2009 el Gobierno anunciaba que autorizaría de nuevo la construcción y el PP señalaba en el Parlamento que Feijóo no estaba haciendo más que “recuperar un proyecto demandado” en la zona y que “contaba con todos los permisos”, además de “con el aplauso de la población”. Mientras Fernández de Sousa se prodigaba en en la prensa los populares consideraban que el presidente de la empresa estaba “dejando en evidencia las mentiras del bipartito”, que no había hecho “nada por aprovechar los intereses” de Pescanova “por invertir en nuestra comunidad”. “El PSOE le negó una oportunidad histórica a la Costa da Morte”, aseguraba el portavoz conservador de Pesca, José Manuel Balseiro, quien lamentaba que el bipartito hubiese ido “en contra de la lógica, de la legalidad y de los intereses de los ciudadanos”.
Cambio normativo y quiebra
Con este telón de fondo en 2012 la Xunta culminaba el cambio del marco normativo para permitir factorías acuícolas en cualquier punto de la costa gallega, también en Red Natura. No obstante, el guión quedó definitivamente truncado cuando, en 2013, comenzó a salir a la luz que las cuentas de Pescanova habían sido, durante los últimos años, un enorme fraude. En abril de ese año la multinacional entró en un concurso de acreedores que duró más de un año y Sousa fue apartado de la dirección de la empresa. La planta portuguesa de Mira, que vino a sustituir a la de Touriñán, sobrevive gracias a un “acuerdo transitorio” con la banca -a la que le debe más de cien millones de euros- y está pendiente de contactos con “posibles compradores”, según ha publicado recientemente Faro de Vigo.
En la actualidad a Audiencia Nacional sigue investigando lo sucedido en la quiebra de la empresa, con un maremagnum de cuentas y facturas falsas y la imputación de Fernández de Sousa y otros antiguos dirigentes, como Alfonso Paz-Andrade. En 2010 Pescanova era todavía para la Xunta un “ejemplo de galleguismo” que “nos ayuda a ser un pueblo ganador” y Sousa, “uno de esos hombres que supieron transformar deseos en realidades e ideas en hechos”, como dejó escrito Castelao.
“Debería ser Feijóo quien pagase”
A sentencia del Supremo sobre la factoría de Touriñán está generando ya reacciones políticas en Galicia. La primera ha llegado desde el PSdeG, cuyo portavoz en materia de Pesca, José Ramón Valle, cree que “debería ser Feijóo, y no la Xunta con dinero de todos los gallegos” quien “pagara el millón de euros” de indemnización, toda vez que la condena es fruto de la “absoluta irresponsabilidad” del actual presidente.
Feijóo, acusa, fue un irresponsable por “impulsar este proyecto cuando era conselleiro de Política Territorial con Fraga contra la normativa de la Red Natura y el cumplimiento de la Ley del Suelo”. También lo fue en la oposición, dice, en este caso por “arengar al empresario contra el Gobierno e intentar torpedear la paralización del proyecto”. “Esta sentencia -afirma el socialista- pone en evidencia la especulación del PP con el territorio y su falta de escrúpulos por encima de cualquier protección de Galicia”, todo lo contrario, a su juicio, a la “sensatez, rigor y respeto a la tierra que ahora se demuestra que tuvo el gobierno presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño”.
También el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha salido al paso de la condena a la Xunta y de la constatación de la irregularidad de la decisión de 2005. En su caso, el líder del Bloque lamenta que “las ilegalidades de Feijóo y del PP” a “favor de sus amigos y sponsors” le cuesten un millón“ al erario.