El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue claro en su pronunciamiento el pasado jueves. La obligación impuesta por la Xunta de que los clientes presenten un certificado COVID para entrar en la hostelería no está vigente. El Gobierno gallego asume que, a la espera de un aval de la Justicia que ha solicitado, no puede exigir el cumplimiento de la medida, pero anuncia que dará un paso atrás en la apertura de bares, restaurantes y establecimientos de ocio nocturno si no logra esa autorización.
El certificado COVID fue impuesto por la Xunta a finales de julio para acceder al interior de bares y restaurantes en los municipios con niveles de alerta alta y máxima y para el ocio nocturno en los ayuntamientos en nivel medio-bajo y medio -en el alto y el máximo, las discotecas y pubs no pueden abrir-. El cambio repentino se produjo el jueves, cuando dos autos del TSXG indicaban que la medida era “limitativa de derechos” y la autorización de los jueces, “preceptiva”. Ese aval, sin embargo, no se había dado porque el Gobierno gallego no llegó a remitir el decreto correspondiente a la Justicia. Lo hizo al día siguiente, el viernes por la mañana, a solo unas horas de un fin de semana largo y que concentra tradicionalmente celebraciones y fiestas.
A la espera de que se pronuncie el TSXG, el Gobierno gallego ha tenido que admitir que no se puede exigir la presentación del certificado en la hostelería, pero ha anunciado novedades. Si el lunes la Justicia gallega no ofrece su respaldo a la medida, el martes entrarán en vigor nuevas normas en Galicia que darán marcha atrás en la ampliación de aforos en la hostelería: el interior de bares y restaurantes pasaría a estar cerrado en los municipios en nivel máximo; en los de nivel alto bajaría del 50% al 30%. En el ocio nocturno la capacidad máxima en interiores en los niveles medio-bajo y bajo caería del 50% al 30%.