Solo en los dos últimos meses se han anulado en Galicia los permisos concedidos a dos minas. En un caso, el del yacimiento de San Finx (Lousame, A Coruña), la decisión la tomó la propia Xunta, que le había otorgado un año antes la autorización de vertido en medio de protestas de ecologistas, pescadores y ciudadanía de la comarca. El motivo fueron los vertidos contaminantes. En el otro, el de la única mina de coltán de Europa, la de Penouta (Viana do Bolo, Ourense), ha sido la Justicia la que ha puesto freno a la actividad porque considera que el estudio ambiental realizado no fue suficiente.
Penouta y San Finx se suman ahora a la lista de yacimientos mineros en suspenso en Galicia: desde la frustrada explotación en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), a la de Varilongo (Santa Comba, A Coruña) o la de Touro (A Coruña). La gestión de los derechos mineros por parte del Gobierno autonómico ha sido una fuente de conflicto que ha llevado a una maraña de protestas, multas, advertencias y paralizaciones judiciales y ha llegado a sentar en el banquillo a quienes ocupaban altos cargos relacionados con el sector en la Xunta.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, admitió hace pocos días que hay incluso “un pequeño desorden administrativo” en los derechos mineros en la comunidad. Ha anunciado que está en marcha una revisión para rescatar los caducados con “criterios de sostenibilidad ambiental”. Responde con esto a una demanda del sector. El presidente de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, Juan José López Muñoz, dice que lo esperan “desde hace muchísimos años” porque defiende la necesidad de que entren empresas nuevas a investigar los recursos.
“Lo que pide la Cámara es que se permita investigar por todo el territorio, saber qué tenemos”, expone. Se refiere, sobre todo, a las 34 materias primas consideradas fundamentales por la Unión Europea. Para explicar los conflictos en torno a los proyectos mineros, López Muñoz, que trabajó para la antigua propietaria de San Finx y Varilongo y recientemente para la de Penouta, apunta a diferentes razones: desde incumplimientos de la empresa, como en San Finx, a terrenos en los que no se hizo una restauración y se han seguido contaminando tierras y aguas. Su postura es que esto ha cambiado -“el concepto, no la técnica”- y que lo que promueve el sector minero ahora es “que se hable con el entorno y se les pregunte qué necesitan. La restauración no es solo pintar de verde”.
Joám Evans, de Ecoloxistas en Acción -entidad promotora de denuncias en varios proyectos mineros-, tiene otra explicación para la conflictividad: “La Xunta está completamente capturada por el lobby minero, sobre todo representado por la Cámara Oficial Mineira, que tiene absoluta desconsideración por el marco legal vigente”. Esto, dice, provoca que el Gobierno gallego “meta la pata continuamente”. Pone como ejemplo el de Penouta: la sección C cuyo permiso se acaba de anular es un proyecto nuevo, autorizado en 2022 sin hacer caso, denuncia, de las alegaciones que señalaban como necesaria la evaluación de impacto ambiental sobre la Red Natural 2000, que “está a cero metros”. “Lo raro es que le sorprenda a todo el mundo [la decisión de la Justicia]”, reflexiona.
Impacto ambiental, insuficiencia financiera y protestas
En otros yacimientos, como en Varilongo, Evans recuerda que los propios técnicos de la administración decían que había que hacer una declaración de impacto ambiental. En San Finx se encontraron con que las aguas seguían estando contaminadas y hubo una sanción. “Es un patrón”, concluye.
El flanco ambiental ha fallado en buena parte de los proyectos tumbados en los últimos años. Aunque no siempre ha sido la razón alegada para echar abajo una propuesta, sí ha estado en el centro de las reacciones en contra de colectivos y vecinos. Fue el caso de Corcoesto, una idea enterrada hace diez años. El plan de la canadiense Edgewater para extraer oro implicaba una explotación a cielo abierto, con residuos estimados de 4.000 toneladas y, entre las sustancias peligrosas ambientalmente, estaban unos 250 kilos de arsénico por cada uno de oro.
Pero el ambiental no fue el problema para la Xunta que, tras una amplia movilización social en la comarca de Bergantiños, terminó descartando el proyecto formalmente por una cuestión financiera. Pese a todas las alertas, y avisos incluso de la Unión Europea, el Gobierno gallego metió el plan en un cajón en 2014 porque la empresa no reunió los fondos propios que se le requerían para ponerlo en marcha.
Investigaciones judiciales
En Varilongo el frenazo por parte de la Xunta se debió a que la empresa hizo estudios de la mina subterránea -hay otro proyecto planteado a cielo abierto-, pero no puso en marcha la explotación. En marzo de 2023 el Gobierno gallego le comunicó que daba por caducados los derechos. La polémica había acompañado todo el proceso: en 2011 el Ejecutivo autonómico autorizó reanudar la actividad en el antiguo yacimiento wolframio, pero lo hizo sin una evaluación ambiental. Los análisis hechos en las aguas por la Guardia Civil detectaron niveles elevados de manganeso y aluminio.
Las denuncias de colectivos ecologistas y vecinales llevaron el asunto ante la Justicia y dos altos cargos acabaron siendo investigados por un presunto delito de prevaricación ambiental. Eran Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Minas desde 2009 -con la llegada de Feijóo a la Xunta- hasta 2021, y Justo de Benito Basanta, que fue secretario xeral de Avaliación Ambiental. El caso se sobreseyó a finales de 2021. El Juzgado consideró que lo que habían hecho con Varilongo era similar a la práctica del Gobierno gallego con otras antiguas minas, a las que no se exigía un trámite ambiental si no se consideraba que hubiese una modificación sustancial de la actividad que se proyectaba en ellas.
No fue el único caso en el que Tahoces acabó sentado en el banquillo por los permisos de minería. También ocurrió en San Finx, un proyecto impulsado inicialmente por la misma empresa de Varilongo, la australiana Pivotal Metals -después se lo vendió a Metais Estratéxicos, cuyo propietario permanece en penumbra y ha nombrado representante a otra persona-. La investigación en esta ocasión fue por falsedad en documento público: los informes de la Xunta bajo su responsabilidad aseguraban que las balsas de lodos de la mina eran en realidad infraestructuras para una explotación hidroeléctrica. Augas de Galicia, también dependiente de la Xunta, confirmó, por la contra, que el uso era minero.
El permiso dado en San Finx se refería a los vertidos de aguas cargadas de metales pesados que inundaban el yacimiento para proseguir con la explotación tras años de abandono. La autorización de vertido la dio Augas de Galicia en febrero de 2023. Y la retiró este mismo departamento un año y dos meses después, tras confirmar en sus análisis que los niveles de varios elementos superan los máximos y que la compañía no construyó la depuradora que había comprometido para tratar esas aguas. Antes de eso ya había multado a la empresa con 180.000 euros.
El varapalo más reciente a un proyecto minero en Galicia es el de Penouta, el único yacimiento de coltán conocido en Europa. Ha sido la justicia la que lo ha tumbado. El Tribunal Superior de Galicia considera que la evaluación ambiental para la llamada sección C no fue suficiente porque no abordó el impacto sobre terrenos de la Red Natura 2000, con los que linda la mina.
Un nuevo intento en Touro
El proyecto en la mina de Touro busca extraer cobre. La declaración de impacto ambiental de la Xunta fue negativa en 2020 -la empresa, Cobre San Rafael, recurrió la decisión primero a la administración y luego ante la Justicia, cuyo pronunciamiento es inminente- y, por lo tanto, la mina está cerrada. Isabel García, portavoz de la plataforma vecinal contra esta explotación, señala que en este tiempo la compañía no ha extraído minerales, pero “ha estado trabajando en conseguir la licencia social, con patrocinios, publicaciones en prensa y mucho greenwashing”.
Los vecinos acaban de saber, aunque no tienen confirmación del Gobierno gallego, que la empresa quiere que la Xunta declare sus planes proyecto industrial estratégico, una figura que simplifica los requisitos administrativos y que, según Isabel García, facilitaría, por ejemplo, las expropiaciones de terrenos. Después de años de actividad en contra de la explotación del yacimiento, anuncian de nuevo que se levantarán para frenarlo porque el planteamiento, asegura, no ha cambiado: “El proyecto es de minería a cielo abierto, con balsas mineras y afectación a las aguas, que van al Ulla y camino de la ría de Arousa, que fue el principal motivo de su rechazo. Y es en la misma zona, a pocos metros de una población y en medio del Camino de Santiago”.
La empresa por su parte, replica que el proyecto no es todavía público y considera que “posiblemente” las valoraciones se están haciendo desde “una posición ideológica contraria a la minería y al desarrollo industrial en general”. Reitera que su intención es llevar adelante el proyecto extractivo en la zona y asegura que su plan es hacerlo “más innovador y más verde”. Agrega que no propone una balsa de lodos, sino un almacenaje de las arenas desechadas en la actividad y una gestión del agua en circuito cerrado. Si la Xunta tramita la iniciativa como proyecto industrial estratégico, razona, “es porque cumple los requisitos”.