El pasado mes de octubre la Xunta iniciaba, por vía de urgencia, los trámites para contratar un servicio de “apoyo y refuerzo para la tramitación de expedientes de arbitraje de consumo relacionados con la comercialización de las participaciones preferentes y deberes subordinados”. En plena campaña electoral el Gobierno gallego se preparaba para contar con un cuadro de once personas proporcionado por una empresa privada que trabajara en horario y condiciones sensiblemente peores que los del funcionariado. Para intentar paliar lo que ya se había convertido en uno de los principales dolores de cabeza del candidato Feijóo la Xunta reservaba algo más de 73.000 euros. Este lunes termina el plazo para que Novagalicia Banco acepte solicitudes de arbitraje y el Instituto Galego de Consumo (IGC) está inmerso de nuevo en un trámite muy semejante.
Desde el día 14 de este mes de junio el IGC tramita un contrato para dotarse de nuevo de personal de “apoyo a la tramitación y gestión de expedientes de arbitraje de consumo relacionados con la comercialización de las participaciones preferentes y deberes subordinados”. Esta vez reclama menos trabajadores y trabajadoras que en octubre: ahora la empresa adjudicataria deberá proporcionar “tres licenciados en Derecho”, un “licenciado en administración y dirección de empresas o derecho” y “dos administrativos”. Su jornada laboral será de ocho horas, de lunes a viernes, y a pesar de estar contratados por una empresa privada trabajarán en sede pública, en el propio IGC, en aras de la “agilidad y eficiencia” del servicio, según la Xunta, quien no obstante estipula que desarrollarán su labor “de una manera claramente separada” al resto del personal. El coste, no obstante, es mayor que en el anterior contrato, ya que esta vez puede llegar hasta los 182.218,66 euros.
¿Y que hará esta empresa que la Xunta considera que no puede hacer por sí misma? Las seis personas proporcionadas por el contratista tendrán que encargarse de la “recepción, ordenación y clasificación de los expedientes de arbitraje”, la “introducción de los datos identificativos de los expedientes” en un “soporte informático”, de la “comunicación con los afectados” durante todo el proceso de arbitraje“, del ”apoyo en las notificaciones de laudos y archivo de expedientes“, del ”control y seguimiento desde la presentación de la reclamación hasta la notificación del laudo“ y también de ”dar cumplimiento“ a los acuerdos de la comisión creada por el Gobierno central para realizar ”seguimiento“ a la problemática de las preferentes. Además, ”semanalmente“ el personal tendrá que notificar la ”distribución geográfica por ayuntamientos y provincias de los expedientes de arbitraje“ y el ”número de audiencias celebradas y de laudos arbitrales dictados“.
Aunque Novagalicia Banco prevé terminar con todos los arbitrajes “en los próximos dos meses” el contrato que se dispone a formalizar Consumo tendrá “una duración máxima de nueve meses” desde que sea adjudicado. Dado que el proceso va por la vía de urgencia -este sábado 22 finaliza el plazo de presentación de ofertas- es posible concluir que el personal externo estará trabajando para Consumo hasta la primavera de 2014. Pero, por su parte, el banco explica que “el día 17 de junio el banco finalizará el proceso de admisión y aceptación de solicitudes de arbitraje, once meses después de que se pusiera en marcha. Únicamente permanecerán vigentes las vistas que ya estuvieran convocadas en el IGC”.