Manuel Merino, el presidente de la Federación de residencias y servicios de atención a los mayores en Euskadi, Lares, afirma que tienen “una actitud abierta para la negociación” en el conflicto que enfrenta a las residencias y centros de día con la Diputación de Gipuzkoa, pero que sienten una “presión insoportable” por parte de la institución foral, que además asegura “les amenaza” con que si no acceden a la firma “sufrirán graves consecuencias”.
Lares asegura haber tomado un camino distinto al de la otra patronal, Adegi, que tildó la intervención de la Diputación Foral como “una injerencia intolerable en la negociación del convenio” e incluso llegó a interponer una demanda judicial cuya retirada se solicita ahora desde las Juntas Generales de Gipuzkoa. Desde Lares, entienden que la actitud de Adegi, “les coloca fuera del proceso negociador”.
Para mediar en el conflicto, solicitan la intervención de un tercer agente “neutral”, como “las Juntas Generales, el Ararteko o el Departamento de Empleo y Política Social del Gobierno vasco para que después de escuchar a las partes, proponga ”una solución válida para todos“.
No se aplicará el convenio del resto de España
No se aplicará el convenio del resto de EspañaDesde esta patronal, a la que pertenecen 15 entidades guipuzcoanas, dicen “compartir con la Diputación la intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, incluyendo clausulas que mitiguen los efectos más radicales de la reforma laboral. Cristobal Eizagirre, responsable de Lares en la negociación del convenio provincial, garantiza que “se muestran abiertos a la negociación siempre que se les garantice una estabilidad de la tarifa y del volumen de la contratación”. Un compromiso, que aseguran corresponde a la Diputación Foral.
En cualquier caso, prometen que no aplicarán el convenio estatal de residencias a partir del 8 de junio, y que “mientras no haya un acuerdo, seguiremos aplicando las condiciones vigentes”, pero solicitan a la institución foral y a los sindicatos mayoritarios (ELA y LAB) una actitud “más abierta” ya que dicen, “no mueven su postura ni un milímetro y les llevan a un callejón sin salida”.
El responsable de la negociación ha concluido además denunciando que el millón de euros adicional que ha prometido la Diputación “no existe” ya que según afirma, corresponde a un incremento del 0’75% de la tarifa que se les adeuda desde 2012.