El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso que Vox ha presentado contra la ley educativa de Baleares y diversos artículos que van desde el uso vehicular del catalán en las escuelas hasta la educación en igualdad de género y la educación sexual. Los jueces, con ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, han decidido admitir a trámite el recurso y estudiarlo para dictar una sentencia sobre si 15 artículos de esta norma son o no constitucionales.
El partido ultraderechista llevó hasta el Tribunal Constitucional hasta 15 preceptos de esta norma publicada el pasado mes de marzo. Un recurso en el que, según explicó Vox, acusaban a la normativa del Ejecutivo balear de “poner en riesgo” el sistema educativo por “privar” al castellano de “su condición de lengua vehicular”.
Lo cierto es que el recurso que presentó Vox, y que ahora sentenciará el Tribunal Constitucional, no sólo afectaba al artículo que planteaba el catalán como “eje vertebrador de un sistema plurilingüe”, sino también a los artículos que afectan a la educación sexual de los niños o a la igualdad de género. Un recurso que se admite a trámite, pero que no tiene ningún tipo de efecto suspensivo sobre la ley educativa balear.
Vox cuestiona, por ejemplo, el precepto que aboga por “la coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista”, el que habla de “impulsar la igualdad de género” o el que incluye en la educación infantil el desarrollo de capacidades para “descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias” en niños y niñas.
La ofensiva de la derecha contra el catalán
La ofensiva de la derecha contra el uso del catalán en las aulas de Balears alcanzó su punto más álgido con la legislatura de José Ramón Bauzá, expresident del Govern del PP y actual europarlamentario por Ciudadanos. Bauzá quiso instaurar el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL) para “garantizar el uso equilibrado de la enseñanza del catalán, el castellano y el inglés”, lo que hubiera supuesto el desmantelamiento de la inmersión lingüística en catalán.
El objetivo de Bauzá era instaurar el nuevo sistema lingüístico en el curso 2013-2014, para después desplegarlo de manera progresiva y gradual en la enseñanza balear, hasta que estuviera completamente instaurado en el curso 2017-2018. Sin embargo, Bauzá se encontró con una fuerte oposición de la sociedad balear, en especial del colectivo docente, que derivó en la mayor movilización social en la historia de Balears. Unos 90.000 ciudadanos en la calle bajo el lema “Contra la imposición, defendamos la educación”.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears derogó el TIL en 2014, tras fallar a favor de los recursos interpuestos por parte de varios sindicatos. El argumento de los jueces fue que el Ejecutivo de Bauzá no pidió un informe a la Universitat de les Illes Balears, como marca el Estatut, y que se incumplió la ley de Buen Gobierno. Tras las elecciones autonómicas de 2015 cambió el color político del Ejecutivo balear -del PP se pasó a un gobierno de coalición de izquierdas liderado por el PSOE-, que renunció a presentar un recurso contra dicha sentencia.