¿Cómo garantizar que la sentencia de 25% de castellano en las aulas de Catalunya se lleva a la práctica? A esta pregunta intentó responder el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) encargando a la Alta Inspección Educativa del Estado que verificara el cumplimiento del fallo que ponía fin a la inmersión lingüística.
La respuesta de los servicios inspectores del Gobierno ha sido recordar al tribunal que su función se limita a pedir información y documentación al Govern. En otras palabras, que la Inspección no tiene competencias para ir aula por aula a controlar que un 25% de las clases –una materia troncal además de lengua castellana– se imparte en castellano.
El TSJC constató a principios de mayo que la Generalitat no estaba implantado de forma voluntaria el 25% de castellano en todas las escuelas. Los magistrados abrieron entonces el trámite de la ejecución forzosa de la sentencia, es decir, obligar al Govern a implantar el 25%. Además instaron a la Alta Inspección de Educación a que vigilara el cumplimiento del fallo, y que informara al tribunal “de la actividad desplegada” por el Govern para ejecutar la sentencia.
La directora de la Alta Inspección en Catalunya responde a los jueces que para cumplir con su requerimiento solicitó “toda la información y documentación conveniente” al Govern. Se trata de los mismos documentos que el propio departamento de Educación ya presentó al TSJC para argumentar que había una “imposibilidad legal” de cumplir con el fallo: el nuevo decreto educativo y las instrucciones y encuestas enviadas a los centros que, según el Govern, garantizan el dominio oral y escrito de ambas lenguas.
En suma, el TSJC ha recibido los mismos documentos por duplicado: primero de parte la administración encargada de ejecutar la sentencia –el Govern– y después por parte de la requerida para vigilar el cumplimiento del fallo del 25% –la Alta Inspección de Educación, que depende del Gobierno–.
La Alta Inspección, recuerda su responsable en Catalunya, “ciñe sus actividades a la solicitud de información y documentación”. La inspectora cita además una sentencia del Constitucional que remarca que el poder de vigilancia de las instituciones que dependen de la administración central “no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la administración del Estado”.
“Se carecen de más elementos y materiales que pudieran permitir otro conocimiento de la situación y su comparación con lo dispuesto de la sentencia para poder completar la información a aportar al tribunal”, concluye la Inspección.
Con todos los informes y documentos sobre la mesa, el TSJC deberá decidir ahora si abre la vía penal contra el conseller de Educación, Josep González Cambray, tal y como han pedido varias entidades como la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB). Al margen de las consecuencias judiciales, a nivel práctico la carpeta del 25% ya quedará para septiembre, habida cuenta de que el curso escolar finaliza la próxima semana.