Acceder a una vivienda en Balears se ha convertido en una misión complicada para los residentes y para los trabajadores peninsulares que se trasladan habitualmente a las islas para hacer la temporada turística. A la espera de la futura Ley de Vivienda, que ha empezado a tramitarse en Comisión en el Congreso y que el Gobierno aspira a tener aprobada a finales de 2022, los precios de la venta y del alquiler siguen disparados. elDiario.es repasa las estadísticas que reflejan esta escalada de los precios y habla con afectados en Ibiza y Menorca.
El problema de los precios de la vivienda, que viene de lejos, supone un obstáculo para la población local, incapaz de hacer frente a los desorbitados precios que piden los propietarios en unas islas con una alta demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera. Marc Morell, antropólogo social, afirma que “no tiene que preocuparnos la población extranjera, sino la posibilidad de que haya un desplazamiento por nivel adquisitivo. Hay que centrar el asunto en la clase social”. El investigador de la Universidad de Bergen (Noruega) critica la “incapacidad de las autoridades del Estado para garantizar el derecho a una vivienda con precios asequibles”.
Los precios de la vivienda también generan contratiempos para el sector turístico, que señala esta problemática como uno de los motivos por los cuales este verano hay escasez de trabajadores. “Falta vivienda para los trabajadores que vienen cada año. Con el boom del alquiler vacacional, casi toda la vivienda que los propietarios dedicaban antes a alquilar a los trabajadores ahora es arrendada por turistas. Al casero le sale mucho más rentable”, dice José García Relucio, de UGT. “Rechazan venir de la Península porque el 70% del salario se va al alquiler”, añade.
También hay escasez de médicos, policías y otros trabajadores del ámbito público, según denuncian los sindicatos de estos sectores profesionales, que suelen pensárselo dos veces antes de venir a trabajar al archipiélago balear por el elevado coste de vida y, particularmente, por el alto coste del alquiler o la compra de la vivienda. El Sindicato Unificado de Policía en Balears denuncia que hay cerca de 200 plazas vacantes en el archipiélago, que “no quiere venir prácticamente nadie a trabajar” y que las islas se han convertido en “un sitio poco atractivo para residir”.
Balears lidera la subida del precio del alquiler en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2015 –el año que el organismo público toma como punto de partida–, el porcentaje de subida del precio de la vivienda en alquiler es del 13,3%. En 2020, el archipiélago lideró la subida de los precios del alquiler por delante del resto de comunidades autónomas, como Catalunya (+12,4%), Comunitat Valenciana (+11,7%) y Madrid (+11,4%).
Estos datos pertenecen al Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), una estadística “experimental”, en palabras del propio INE. El IPVA señala cómo evolucionaron los precios de la vivienda en alquiler como residencia habitual hasta 2020. El INE realiza los cálculos sobre la base de datos proporcionada por la Agencia Tributaria, que procede de las declaraciones del IRPF. En los datos actuales, el INE ha tenido en cuenta 1,8 millones de vivienda alquiladas, tanto en 2020 como en 2019, pero no incluye ni Navarra ni Euskadi, por su diferente fiscalidad.
En Balears, la subida del precio del alquiler afecta especialmente a ciertos municipios de las islas: según el INE, lideran la subida de los precios del alquiler Inca (+17,4%), Palma (+15,3%), Sant Antoni de Portmany (+14,3%), Andratx (+14,3%), Manacor (+13,3%), Llucmajor (+13,3%), Maó (+13,1%) e Ibiza (+13,0%).
Los precios de compra de vivienda en el archipiélago también han experimentado una subida, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV), una estadística elaborado por el INE que mide la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa anual del IPV aumentó respecto al tercero en todas las comunidades, especialmente en Illes Balears, Catalunya y Euskadi, con una subida de 2,8 puntos en todas ellas.
El IPV, que toma también como año base el 2015, utiliza los datos de las viviendas escrituradas que proporciona el Consejo General del Notariado. Los últimos datos disponibles –cuarto trimestre de 2021– sitúan al archipiélago balear como la comunidad autónoma con una tasa de variación anual del IPV más amplia: mientras el dato nacional se sitúa en el 6,4%, Balears registra un 9,6%, por delante de Andalucía (8,0%), Canarias (7,8%), Cantabria (7,7%) y Melilla (7,1%).
Asimismo, el Instituto Balear de Estadística señala un dato elocuente: desde 2019, Menorca experimenta un sostenido aumento de operaciones de venta de inmuebles. Tanto es así, que en el mes de marzo de 2022 se registraron más contratos de compraventa que en los últimos 15 años, sumando más de 300 operaciones comerciales. Casi ninguna de esas viviendas fue comprada por personas residentes permanentes en la isla.
Omar
Omar tiene 29 años, es menorquín, emprendedor y vive en una autocaravana. “Hasta diciembre alquilé compartiendo con una amiga, pero siendo mileurista no podía pagar los 750 que pedían de alquiler”. Optó por una solución de emergencia. “Vivía en Alaior, una de las zonas más baratas por ser menos turísticas, pero eso también implicaba un gasto en transporte”, relata. “Al final me fui a la autocaravana para ahorrar. Si hoy tuviera que alquilar no podría”, subraya.
En marzo de 2021, Omar abrió un restaurante con su hermano en Maó, la capital de la isla. Pidió un crédito para poder hacer frente a la inversión inicial. “El endeudamiento aún durará varios años, pero era la única forma de poder trabajar jornadas razonables durante la temporada”. Aún siendo “su propio jefe” y habiendo vivido sus casi treinta años aquí, la vieja caravana familiar es su nueva vivienda.
Lola, Juan Carlos y Alejandro
Lola, granadina de 27 años, es camarera. Lo tiene claro: “No renta”, responde a elDiario.es sobre por qué no vendrá a la isla a trabajar durante la temporada, como hizo en los últimos años. “Si tengo que pagar 800 euros por un estudio de 40m2 sin amueblar o hasta 600 por una habitación, no me sale a cuenta trabajar tanto para, al final, no ahorrar”. Por teléfono relata que esta vez ha decidido irse a Tenerife.
Juan Carlos nació en Ecuador y vive en Menorca desde que era un niño. Está divorciado y tiene un hijo de 6 años. “Cuando cumplí los 21 años viví en una casa en Sant Lluís con una señora mayor. Ayudaba en todo tipo de tareas a cambio de alojamiento, comida y alguna paga. Era una especie de mayordomo”, recuerda y se ríe. Ahora está a punto de cumplir 29 y sigue viviendo donde trabaja, esta vez en un restaurante cercano a la playa. “Es una solución al problema del alquiler. Mi jefe es el dueño del apartamento que está junto al bar y nos deja vivir ahí por muy poco dinero”, explica. Y subraya: “Los hoteles grandes lo hacen cada vez más”.
Este año, Alejandro Talens (26 años, pluriempleado) y su madre Milagros (jubilada, 65 años) tuvieron que mudarse de urgencia porque el dueño de la casa donde vivieron casi 30 años –toda la vida de Álex– vendió la propiedad de un día para otro. “Estuvimos dos meses buscando donde vivir”. A la pregunta de elDiario.es sobre si pensó en independizarse responde, simplemente, que “es inviable”. Y enfatiza: “La alternativa que estoy pensando realmente es irme de España o comprarme una furgoneta, para irme con la casa a cuestas”, comenta mientras se ríe.
Carolina
Carolina abandonó Ibiza en marzo. Ha dejado la isla porque no ha podido encontrar una vivienda acorde a los salarios. De las 254 viviendas que hay ahora en alquiler en el portal de Idealista, se pueden contar con los dedos de una mano las que están por debajo de los 1.600 euros.
“Compré una casa que me costaba 500 euros al mes. En 2009 nos redujeron 800 euros el sueldo. Trabajaba como conductora de ambulancias y la empresa estuvo tres meses sin pagar”, lamenta. Después de vender su piso, en 2018 se mudó a Mallorca. “Encontré una vivienda por 650 euros y cobraba 1.200 euros brutos. Y entonces llegó la crisis del COVID, estaba sola, cogí una pequeña depresión y volví a Ibiza”, a una habitación que tenía libre una amiga de su madre.
“En octubre empiezo a trabajar en el aeropuerto”, explica. Lamentablemente, solo era el principio del fin. Su hermano era propietario de otro piso en Ibiza, que estaba alquilado para pagar la hipoteca del mismo. La encargada de cobrar ese dinero e ingresar la hipoteca en el banco era una familiar de avanzada edad. “Ella tiene un problema, le quema el dinero en las manos y estuvo un año sin pagar la hipoteca”, dice Carolina. Al final, tuvo que malvender el piso: “El 29 de marzo le entrego las llaves a la nueva propietaria y abandono Ibiza”, cuenta. Ahora ha iniciado ahora una nueva vida en Burgos.
Fuentes de BBVA explican a elDiario.es que la directora de la oficina del banco en Ibiza conoce a Carolina de vista pero que apenas tuvo trato con ella y que no recuerda haberla atendido. “Ella sabía que se había vendido el piso, pero no sabía que había habido problemas ligados a la hipoteca”, aseguran. Según el banco, tienen un sistema que notifica todos los meses los recibos. “Ella recuerda haberle dado un certificado de deudas a Carolina para que pudiera vender la casa”, explican. Según Carolina, iba cada una o dos semanas a la sucursal para hablar con la directora y el certificado de deudas lo recibió cuatro meses después de que su abogado lo exigiera al banco.
Federica (nombre ficticio)
El 21 de marzo, Federica López abandonó su piso de Ibiza. “Mi problema empieza en 2014, cuando solicité el divorcio. Tenía una hipoteca de 800 euros, una niña de 13 años y una ayuda de 430 euros. Había terminado de trabajar de temporada y no tenía paro”, empieza. Su todavía marido no se preocupó de su hija ni de pasar una manutención. Sobre las causas del divorcio, Federica señala la violencia machista.
Cuando inició los trámites de separación, tuvo que dejar de pagar el alquiler de 800 euros porque necesitaba los 430 euros para comer ella y su hija. Al final, consiguió una dación en pago y un alquiler social. Sin embargo, cuando expiró el contrato, Federica dice que el Banco Sabadell no lo renovó. “Promontoria Coliseum me explica que ha comprado la vivienda y que les pase el número de cuenta”, asegura. Federica dice que empezaron las llamadas y los burofaxes para que abandonara el piso.
En julio de 2021, la empresa dejó de cobrar el alquiler, según Federica. “El abogado me dijo que mandara un burofax con el dinero y la intención de continuar pagando”, afirma. La situación se alargó. “El 21 de marzo entregué la vivienda porque mi salud mental estaba quebrada”. Federica vive con su hermana en un piso que tienen que abandonar cuando termine la temporada turística. Tiene 56 años, un 56% de discapacidad y trabaja en la ONCE cobrando 1.200 euros netos al mes, a comisión.
elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Promontoria Coliseum, sin recibir respuesta.
El conseller de vivienda, Josep Marí i Ribas, explica que el archipiélago tiene una “demanda muy grande por parte de compradores extranjeros que presionan por encima del precio de mercado”, lo que se une a la demanda de los trabajadores de otras comunidades que vienen a hacer la temporada. También apunta a la necesidad de proteger los recursos naturales y de “contener” los desarrollos urbanísticos “desmesurados” en un territorio tan limitado como las islas, donde “no hay tanto terreno”.
El Govern ha desplegado varias actuaciones: ha doblado el número de vivienda pública (esperan tener 1.000 viviendas más a final de mandato), la cual se dedica al alquiler y se paga en función de la renta del beneficiario; va a revisar el precio de las viviendas públicas construidas por promotoras privadas y que están destinadas a la venta con un precio tasado para promover su construcción; ha comprado este tipo de vivienda a particulares para incorporarla al parque de alquiler (92 en total) y ha multiplicado por siete las ayudas al alquiler (9 millones).
El Ejecutivo ha aprobado, además, una ley que le posibilita la compra de pisos a grandes tenedores, como bancos o fondos buitre (ha adquirido casi 60). Esta norma también le permite llevar a cabo una “ocupación” o “expropiación temporal”, es decir, el Govern puede pagar un alquiler de justiprecio durante siete años por los pisos que llevan dos años vacíos para destinarlos al alquiler (16 pisos en total). Aún así, Marí reconoce que “la cifra de vivienda publica es insuficiente y tenemos que seguir construyendo” y que la situación es “como mínimo, compleja”.
El Govern confía en la llegada de la Ley de Vivienda estatal para declarar como “zona tensionada” todo el archipiélago. “Esperamos ansiosos la Ley para poder marcar topes del alquiler”, comentó la presidenta balear, Francina Armengol, en una entrevista a elDiario.es. El Congreso se encuentra tramitando esta norma, que prevé un índice para controlar los precios del alquiler esas “zonas tensionadas”. El Ejecutivo estatal se ha marcado un plazo de máximo 18 meses tras la aprobación de la Ley –prevista para finales de año– para aprobar dicho índice.
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