Amenazas de muerte, agresiones, inquilinos controlados por cámaras, habitaciones nuevas de la noche a la mañana, 'camas calientes' y pagos en 'B'. Todo en un mismo edificio donde residen trabajadores por breves períodos de tiempo. “Esto no es Guantánamo, es Eivissa, aunque bien podría serlo” o “No queda otra. Es el precio que muchas personas pagan por trabajar en Eivissa”, es lo que aseguran algunos vecinos que viven en las habitaciones alquiladas en un almacén anexo a la casa principal de una finca situada en la localidad de Sant Antoni de Portmany, concretamente en el barrio de Can Tomás, muy cercano al cuartel de la Guardia Civil de la localidad.
“Las peleas con la supuesta propietaria del inmueble son continuas”, como pone de manifiesto el titular de las últimas denuncias a elDiario.es. “Ha habido discusiones y peleas muy fuertes anteriormente que ahora mismo están también en los juzgados. Por estos motivos, decidí hace 3 meses marcharme de allí y así se lo comunique a la que yo creía que era la propietaria, aunque ahora he comprobado que todo está a nombre de su hija”, añade.
El pasado 13 de noviembre, Pere (nombre ficticio) acudió al domicilio a recoger sus últimos enseres y recuperar su fianza y, según su versión, la mujer se negó con rotundidad a devolvérsela alegando desperfectos en la habitación. “Cuando me ofrecí a subsanar cualquier elemento afectado (que solo eran las humedades que había en las paredes y, según ella, la manilla de una ventana, que nunca había funcionado, según él), la mujer reaccionó con violencia arrancando una madera del suelo, golpeando todo y agrediéndome. Me dio un golpe en el pecho y me arañó (tal y como consta en el informe del centro de salud donde acudió). En ese momento, supe que no iba a recuperar mi fianza”, cuenta a elDiario.es.
El hombre, que prefiere mantenerse en el anonimato, acusa a la propietaria de amenazas: “Salí de la habitación a la parte común para que hubiera testigos de lo que estaba pasando y la mujer siguió amenazándome e intentando amedrentarme. Me dijo 'te vas a enterar' y cuando ya estaba yendo hacia mi coche, delante de todos ellos me sacó un revólver y me amenazó de muerte en varias ocasiones. Todavía me parece que fue un sueño, pero no lo fue”.
Después de este suceso, el hombre, acompañado de otro inquilino y un familiar, se dirigió al cercano cuartel de la Guardia Civil donde puso denuncia por los hechos: “En el cuartel me aseguraron que conocían a esta señora por denuncias anteriores y me instaron a que volviera a la mañana siguiente para acompañarme a recoger lo que me quedaba. No lo hicieron hasta unos días después, dándole tiempo para librarse de cualquier prueba”.
El arrendatario asegura que la mujer es violenta y peligrosa. “Solo tienes que ver un Nissan Patrol que está estacionado dentro de la finca totalmente tiroteado”, cuenta a elDiario.es. Pere también interpuso denuncias en el Ayuntamiento de Sant Antoni por una supuesta construcción ilegal con fecha de 17 de noviembre; en Hacienda, el día 21 de ese mismo mes, por el supuesto impago de la fianza que también se comunicó en esa fecha al juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, en el que interpuso otra denuncia por supuestas lesiones y amenazas. Asimismo, denunció los hechos ante el Consell de Ibiza por supuestas actividades de alquiler ilegal.
Vigilan a los inquilinos con cámaras
Los vecinos del inmueble denuncian que están vigilados día y noche por cámaras que la propiedad tendría instaladas en las zonas comunes. “Absolutamente todos nuestros movimientos están grabados por estas cámaras que están conectadas a sus teléfonos móviles”, relata el afectado y corrobora un familiar del mismo a elDiario.es.
“Si sacas al perro a pasear a la 1 de la madrugada, la señora te envía un mensaje a tu móvil en ese mismo momento pidiendo explicaciones de porqué estás saliendo a pasear a tu perro a esas horas. Si alguien viene a visitarte, al instante te envía un video preguntándote quién es esa persona y qué hace en la casa. En esa casa no existe libertad de movimientos, todo el mundo vive amedrentado”, añade.
Si sacas al perro a la 1 de la madrugada, la señora te envía un mensaje pidiendo explicaciones. Si alguien viene a visitarte, al instante te envía un video preguntándote quién es esa persona y qué hace en la casa. No existe libertad de movimientos
Este fue uno de los motivos por los que el familiar mencionado le instó a que dejaran la casa. “Fui a hacer una visita y en un principio todo me pareció bien. Estábamos hablando y le llegó un mensaje al teléfono. Era la casera (la madre de la propietaria), que le mandaba un vídeo con mi imagen entrando en la casa y pidiéndole explicaciones. No salía de mi asombro. Al momento le dije que tenían que salir de allí. Es increíble que la gente tenga que vivir así. Los tenía amedrentados y, como no hay alquileres disponibles en la isla, se callan y aguantan con lo que sea. Pero es preferible vivir en cualquier otro sitio que amenazados constantemente”, explica.
“Cuando salía de la casa saludé a las cámaras para que supieran que estaba al tanto de todo”, añade. Asimismo, el hombre afirma que el día que fueron a recoger los enseres que quedaban la familia al completo lo grababa desde su balcón a la vez que él también lo hacía, profiriéndole amenazas, como también se ha podido comprobar en los videos remitidos a este medio. “Los propietarios no viven en la isla, pero tienen controlada la vida de las personas alquiladas a través de estas cámaras y de los mensajes, prohibiendo cualquier visita o movimiento normal de cualquier persona en la casa que pagan”, concluye.
La casera le envió un vídeo con mi imagen entrando en la casa. No salía de mi asombro. Los tiene amedrentados y, como no hay alquileres disponibles en la isla, se callan y aguantan con lo que sea
Pago en efectivo
La LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) fue promulgada por primera vez en el año 1964 y modificada en diferentes momentos. La última modificación de la misma se produjo en 2019 y estuvo en vigor hasta mayo de 2023, fecha en la que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez aprobaba la nueva Ley de Vivienda. Tanto en la modificación de 2019 como en la actual normativa el periodo mínimo de alquiler es de cinco años. Sin embargo, en 2019 se daba la posibilidad de realizar contratos anuales que se consideraban prorrogados si ninguna de las partes manifestaba su intención de rescindirlo.
Esta era la relación contractual que regía cuando en octubre de 2021 se firmaba el contrato de alquiler de una habitación con instalaciones compartidas en el carrer del Moscard por un año renovable. Se establecía una renta mensual de 700 euros a la que hay que sumar otros 50 euros por “mantenimiento de jardinería”. Según los inquilinos consultados por elDiario.es, todas las mensualidades habrían sido pagadas “en mano”, tal y como habría exigido la propiedad, al contrario de lo que indica la ley, que estipula que las mensualidades sean pagadas a través de cuenta bancaria.
“A principios de mes, entre el día 1 y el día 5, los dueños, que viven en Barcelona pero tienen una habitación en la casa principal, venían, y por lo que me dicen siguen viniendo, a cobrar”, explica el denunciante. “El padre de la persona que aparece en el registro como propietaria -aunque la que dirige todo es la madre, que es la persona que me agredió y me apuntó con el arma-, dispone una mesa en el frente de la casa, se sienta allí y hace que se pongan todos en fila. Es como una película de mafiosos. En todo momento se negaron a recibir ningún pago por cuenta bancaria, de hecho, muchas de las peleas con otros inquilinos fueron por este motivo. No hay otra opción”, asegura el afectado. “El problema es que la gente trabajadora no encuentra sitios donde vivir. Todas las personas que viven allí tanto en invierno como en verano son trabajadoras. En verano alquilan habitaciones por los meses de temporada”, añade.
Uno de los denunciantes asegura que no se permite el pago por transferencia bancaria y que una habitación con instalaciones compartidas cuesta 700 euros al mes, a los que hay que añadir 50 euros por 'mantenimiento de jardinería
El denunciante insta a hacer las cuentas del dinero que ingresaría la propietaria por el alquiler de las 8 habitaciones construidas en el almacén anexo y las que alquila en la casa principal. Todos pagan más o menos lo mismo, afirma, aunque este extremo no se ha podido confirmar dada la negativa de la propiedad a hacer ningún tipo de declaración. Si se hace una cuenta aproximada, solo del almacén se ingresan 6.000 euros mensuales, cantidad a la que habría que sumar el alquiler de las habitaciones en la casa principal que el denunciante no sabe cuantificar. Al año, solo en el anexo, se ingresarían 72.000 euros.
“Siempre hay obras”
En Guantánamo no hay un respiro. “En la casa siempre hay obras. Hacen una habitación en un día con placas de pladur que separan unas de otras. Yo me iba a trabajar y cuando volvía ya había una habitación nueva con inquilinos nuevos”, comenta el denunciante. Además, “existe una habitación con cama caliente”. “Es decir, una persona que trabaja por la noche la utiliza por el día y otra que trabaja por el día la utiliza por la noche”, relata a elDiario.es.
En la casa siempre hay obras. Hacen una habitación en un día con placas de pladur que separa unas de otras. Yo me iba a trabajar y cuando volvía ya había una habitación nueva con inquilinos nuevos
Por otro lado, el denunciante asegura que el contrato que firmó le obligaba en una de sus cláusulas a hacerse cargo de las pequeñas reparaciones que exigía el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, extremo contrario a la LAU que estipulaba en 2021, año del contrato, que “el propietario deberá pagar los gastos del alta de los suministros y el coste de mantenimiento o reparación por el paso del tiempo”.
Pero en 'Guantánamo', insisten, todo funciona de manera violenta. “La madre de la propietaria, que además se hace llamar por un nombre que no es el suyo, ha destrozado toda la casa. Ha levantado todo el suelo y ha picado el cuarto de baño después de que nosotros nos fuéramos, según me han asegurado las personas que aún viven allí”, con la finalidad de tener argumentos para denunciar al inquilino, según su testimonio. Sin embargo, este cuenta con pruebas audiovisuales de que el “cubículo” estaba en perfectas condiciones cuando salió del “infierno”, como se puede corroborar en uno de los videos que ha remitido a elDiario.es.
Silencio de las administraciones
Desde la Benemérita aseguran a elDiario.es que la propietaria también puso una denuncia por agresión a Pere (nombre ficticio) y que el caso está judicializado en estos momentos, sin pronunciarse sobre otras denuncias que otros inquilinos han interpuesto anteriormente. El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, cuyas fuentes habían asegurado a este medio en un principio que no había ninguna denuncia en Urbanismo a pesar de que las personas afectadas se entrevistaron con la secretaria de la regidora del ramo, afirma ahora que la finca está pendiente de inspección urbanística.
El querellante, según relata, mantuvo una reunión con secretaria del conseller de Territorio y Ordenación Turística de Eivissa, Mariano Juan, cuyo departamento se encarga de asuntos de alquileres turísticos ilegales. Sin embargo, fuentes de la máxima institución ibicenca aseguran que no hubo una reunión como tal: “Ellos iban buscando a alguien que pudiera asesorarles y se les atendió, pero no fue una reunión al uso. Ella les dijo que el Consell no tiene competencias en materia de vivienda, que deberían dirigirse al Govern, que el registro que hicieran aquí podía servir para el Govern y que se le daría traslado”.
elDiario.es no ha podido comprobar este extremo con la Conselleria balear de Vivienda, que no ha respondido a las solicitudes de información. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera asegura que todo alquiler temporal que se comercialice por redes sociales y plataformas tiene que ser considerado como alquiler turístico, “ahora los anunciantes evitan las plataformas como airbnb y se anuncian en redes sociales”, por lo que si esto es así el Consell insular tendría competencias en este asunto.
Los titulares de la finca, con los que elDiario.es ha contactado por vía telefónica, se han negado a hacer ninguna declaración alegando que “está todo judicializado”, cortando la llamada acto seguido.