El equipo de gobierno del Ajuntament de Palma ha reiterado su apoyo a la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, y al resto de encausados por el caso Emaya, después de que la edil haya recogido este lunes el escrito en el que la Fiscalía reclama para ella cuatro años de prisión a raíz de los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma.
El Consistorio ha manifestado que respeta, aunque no comparte, la decisión del Ministerio Público sobre los vertidos de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) -de la que Truyol era entonces presidenta-, según la cual se aprecian indicios de delito contra el medio ambiente en su modalidad omisiva. También ha remarcado que se han realizado “más actuaciones que nunca para solucionar este problema, por lo que el proceso se afronta con tranquilidad y confianza”.
Como apuntan desde el Ajuntament, el listado de las acciones “es largo e incuestionable y demuestra la firme voluntad de no esconder, sino de revertir los vertidos en el mar”.
De este modo, durante el pasado mandato, cuando Truyol estuvo al frente de Emaya, se llevaron a cabo actuaciones como la limpieza del colector de aguas pluviales de Playa de Palma (CAZ) tras 20 años sin hacerlo; la recuperación del canon de saneamiento -un canon finalista que “el gobierno del PP decidió que debía destinarse a otras cosas”, subrayan desde Cort-, la puesta en marcha de proyectos clave para revertir la situación como el tanque de laminación y el colector interceptor -dos obras que suponen la reducción, en un 90%, de los cierres de las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí“, y la compra de los solares para ubicar la nueva depuradora.
Mientras tanto, recuerda el equipo de gobierno, durante el actual mandato se están ejecutando las obras del tanque y el colector; se ha acordado la financiación para la construcción de la nueva depuradora -el convenio ya está firmado- y se ha aceptado el emisario para proteger la posidonia.
El equipo de gobierno que “más ha hecho para revertir la situación”
“Somos el equipo de gobierno que más ha hecho para revertir la situación”, ha manifestado Truyol, además de subrayar que en las últimas décadas “no se realizaron las inversiones necesarias para arreglar unas estructuras de saneamiento deficitarias” y que hasta el pasado mandato “no se habían cerrado las playas para proteger la salud pública” en caso de derrames.
Por otra parte, la regidora ha considerado “sorprendente” que se materialice la acusación “a pesar de las pruebas y documentos que se han aportado a la causa, que demuestran de forma contundente que se trabajó para solucionar el tema de los vertidos, como confirman los proyectos que se ejecutan hoy en día”.
Asimismo, la concejala ha criticado que se haya encausado al equipo de gobierno que “más proyectos, inversiones e información pública ha realizado durante los siete últimos años”. “Reducir los derrames e informar de ellos no es ningún delito”, ha continuado. Truyol llama la atención sobre el hecho de que la investigación “se enmarque en años muy concretos, sin cuestionar a otros equipos de gobierno, pese a que los derrames se producen desde hace décadas”.
“Emaya carece de competencias para la construcción de un nuevo emisario y una nueva depuradora. Sin embargo, se hicieron gestiones de repente desde la presidencia para revertir la situación, motivada por la obsolescencia de una depuradora de los años setenta y una red de alcantarillado única para fecales y lluvia. La empresa municipal cumplía y cumple con toda la normativa sectorial protectora del medio ambiente”, incide la edil.
Denunciada por una persona “vinculada a la derecha”
A su juicio, la investigación se inició “por razones que no tienen que ver con el medio ambiente”. De hecho, asevera que la denuncia la interpuso “una persona vinculada a la derecha que discrepaba del decreto de posidonia”, asegurando que “se ha actuado con transparencia y se ha explicado a la población la problemática y las soluciones con las que se están trabajando”.
Por todo ello, desde el equipo de gobierno aseguran no entender que “quien más ha hecho para revertir la situación acabe encausado y no se investigue a quien menos hizo para paliar el problema. Los episodios de vertidos al mar no empezaron a producirse en 2015, venían de antes. Era una situación que se conocía y los anteriores gestores no hicieron nada por cambiarlo. Al contrario, se escondía. Así, cuando se producían vertidos, no se cerraban las playas, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. No se hizo ninguna inversión para evitarlo cuando, además, los responsables políticos conocían la necesidad de que los técnicos se lo comunicaran en varias ocasiones”.
Con el cambio de gobierno de 2015, el Ajuntament subraya que esta situación cambió y “se puso por delante la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente sobre la base de la transparencia”.
Cabe recordar, además, que la justicia archivó hace diez días la denuncia interpuesta contra el Govern por prevaricación por no haber sancionado al Ajuntament de Palma por los derrames en el mar. “Como ya se ha indicado, fue precisamente la gestión de Truyol y su equipo al frente de Emaya la que hizo posible que el Ejecutivo autonómico recuperara las inversiones del canon para mejorar las infraestructuras de saneamiento”, sentencian desde Cort.