Concursos fallidos, fuga de promotores, paralización de obras... La historia del Palacio de Congresos de Palma es la de un recinto que nació en una época de derroche y proyectos colosales y acabó dejando por el camino sobrecostes millonarios que hicieron tambalear su futuro y llegaron incluso a plantear su derribo. Ahora, casi veinte años después de su adjudicación, el Tribunal Supremo ha zanjado la última de las polémicas que aún planeaban sobre el macrocomplejo al mantener la indemnización de 2,7 millones de euros que reclamaba la empresa Acciona por los daños y perjuicios causados por los numerosos retrasos sufridos en los últimos años durante la construcción del centro de convenciones. Inicialmente, la constructora reclamaba a la Administración 25 millones de euros.
Con casi 500 metros de longitud y 34.000 metros cuadrados de superficie -es, en palabras de su artífice, el arquitecto Patxi Mangado, la obra “más extensa de Europa”-, el edificio, que sigue las trazas históricas del frente marítimo de Palma, fue proyectado en 2005 -e inaugurado más de diez años después- con el objetivo de convertirse en pieza clave para la transformación económica de Balears y, principalmente, del alargamiento de la temporada turística en el archipiélago. Eran los tiempos en que el Partido Popular se había autoproclamado autor del “milagro económico” y Jaume Matas, recién salido de uno de los Ministerios de José María Aznar, encaraba su segunda legislatura en las islas (2003-2007). Un mandato plagado de costosos proyectos, a menudo criticados por su elevado impacto ecológico, que acabarían convirtiéndose en la marca personal del pluricondenado expresidente y sobre los que los tribunales no tardarían en poner la lupa.
Aquel PP no dudó en regar con fondos públicos -y de forma ilegal- las cuentas del arquitecto valenciano Santiago Calatrava por el anteproyecto de una ópera que jamás vería la luz o las de Iñaki Urdangarin por la celebración de dos foros sobre turismo y deporte con facturas sin justificar. Tampoco titubeó a la hora de llevar a cabo minuciosas maniobras fraudulentas para amañar el concurso de la mayor infraestructura pública de Balears, el hospital de Son Espases. Pero también quería dejar su impronta en la fachada marítima de la capital balear.
En 2004 el Ejecutivo autonómico y el Ajuntament de Palma, con Catalina Cirer alcaldesa y Javier Rodrigo de Santos como concejal de Urbanismo, dieron impulso a la sociedad Palacio de Congresos S.A., participada al 50% por ambas instituciones. En 2005, el ambicioso proyecto salió a concurso y en junio de ese año era adjudicado al arquitecto navarro Francisco Mangado por su carácter “representativo, iconográfico y de capacidad mediática”. Firmas de renombre como las de Rafael Moneo, Dominique Perrault, Richard Rogers y Eduardo Souto de Moura también optaron a la licitación, pero sus propuestas fueron finalmente descartadas.
Comienzan las demoras
Mientras tanto, Mangado entregaba en septiembre de 2006 su maqueta “como un lugar donde paisaje, mar y trama urbana se mezclan con una intensidad extraordinaria, convirtiéndose además en un foco de influencia y de génesis para la ciudad”. Su idea pasaba por configurar un gran pez yacente varado en la orilla del mar. Una imagen que se vería robustecida por la presencia, en el mismo litoral, de la catedral de Mallorca, el Castell de Bellver y los baluartes de la colosal muralla renacentista.
En febrero de 2007, aún con Matas al frente del Govern, era adjudicado el contrato para las obras y explotación del complejo. Los ganadores: Barceló, Globalia, Sampol Ingeniería, Iberostar Hoteles y Acciona, quienes presentaron una oferta conjunta para hacerse con el macrocomplejo. El coste: 110 millones de euros, treinta millones de ellos aportados a partes iguales por el Govern balear y el Ajuntament de Palma. Con el tiempo, Barceló asumiría el 95% de la oferta y Acciona, el 5% restante.
Sin embargo, no sería hasta más de un año después cuando se colocaría la primera piedra del recinto, una demora producida debido a que uno de los tres solares en los que preveían ejecutarse los trabajos no era de propiedad municipal. Era uno de los primeros escollos con que se toparía la futura infraestructura y daría paso a varias décadas de conflictos y batallas en los tribunales. Era abril de 2008 y, ya con un nuevo equipo de gobierno al frente del Ejecutivo balear, el del primer pacte de progrés -integrado por PSIB.PSOE, PSM, Esquerra Unida, Els Verds y Unió Mallorquina, con el socialista Francesc Antich al frente de la presidencia balear-, las obras del complejo turístico veían por fin la luz.
Sobrecoste de 30 millones
La pretensión de las autoridades era que los trabajos de construcción finalizasen en 2011. Sin embargo, esto tan sólo quedó en una quimera y los obstáculos comenzaron a sucederse. Cuando las obras apenas llevaban un año, el primer adjudicatario del palacio congresual, el grupo Barceló abandonaría el proyecto al alegar que el desarrollo de la construcción acabaría saldándose con un sobrecoste de 30 millones, presupuesto inviable para el proyecto que había presentado Mangado.
La ruptura del contrato no provocó finalmente consecuencia alguna sobre los trabajos, pero en junio de 2011, de nuevo con el PP en el Govern y en el Ajuntament, y justo un día antes de que el exalcalde Mateu Isern tomara posesión de su cargo, Acciona lanzaba un ultimátum: o Palacio de Congresos le abonaba en 24 horas los 27,6 millones que le adeudada -en una situación que la constructora calificaba de “insostenible”- o paralizaba las obras. Los trabajos fueron finalmente suspendidos y la fecha para la puesta en marcha del centro de convenciones comenzaba a peligrar.
Con todo, y tras acordar la adaptación de los trabajos a las disposiciones económicas de Govern y Consistorio palmesano -con el consiguiente aplazamiento de la finalización de las obras-, la edificación se reanudó tres meses después. Pero volvería a chocar con otro problema: en abril de 2012, el segundo concurso para la explotación del complejo quedaría desierto, lo que abocaría a la convocatoria de un tercer proceso de licitación. De nuevo, desierto. En el proyecto habían mostrado su interés empresas nacionales e incluso una constructora estadounidense, pero finalmente se echaron para atrás. La única oferta presentada fue la de Meliá Hotels, que no cumplía con los requisitos necesarios.
Los trabajos, paralizados de nuevo
Las obras se vieron de nuevo paralizadas por falta de presupuesto y, para entonces, las autoridades comienzan a manejar 2013 como fecha de apertura de la infraestructura. Un objetivo temporal imposible de cumplir dado que, en octubre de ese año, el cuarto concurso para la explotación del Palacio de Congresos, que incluía la venta del hotel, volvía a quedar desierto. Varias voces comenzaban a especular con la demolición del complejo, pero los cálculos del Ajuntament de Palma estimaban que el derribo supondría un coste de 28,6 millones de euros, a lo que debía sumarse el de la obra ya ejecutada: en total, 108,6 millones de euros. El equipo de gobierno aseveró que “ni por asomo” se plantearían echar abajo la infraestructura, cuyo grado de ejecución era entonces del 80%.
En este contexto, en julio de 2014 el entonces presidente del Govern, José Ramón Bauzá (PP), y el exalcalde Isern anunciaban la reanudación de los trabajos. Al ritmo previsto, Mangado calculaba que el palacio podía estar finalmente listo en febrero de 2015. Nada más lejos de la realidad. En enero de ese año se convocaba el quinto concurso para la gestión de la instalación, del que resultaría ganador el grupo Barceló, el mismo que en 2009 se había apartado de su explotación. Sin embargo, las deficiencias en los pliegos, que generaron severas críticas de los partidos de izquierdas desde la oposición, conducirían a la sociedad Palacio de Congresos a echar atrás el resultado de la licitación y Barceló llevaría a la empresa pública a los tribunales, una decisión que acabaría avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).
Precisamente, Barceló sería la empresa que, tras el batacazo electoral que sufrió Matas en las elecciones de 2007, contrataría poco después al expresidente como asesor en sus oficinas de Washington, a pesar de que la ley balear de incompatibilidades establece que un alto cargo, tras su ceses, no puede trabajar en una empresa privada sobre la que hubiera adoptado alguna decisión como mandatario. Uno de sus subordinados cuando era presidente alegó que Matas no había intervenido de forma directa en la adjudicación a favor de la cadena hotelera -cuyo copresidente, Simón Pedro Barceló, había sido además senador del PP entre 1989 y 1993- y, por tanto, no incurría en ningún tipo de incompatibilidad.
Mangado, Premio Nacional de Arquitectura
El sexto concurso, resuelto en octubre de 2016, otorgaría la gestión del palacio a Meliá Hotels frente a la oferta presentada por Barceló, que volvió a concurrir al proceso. Finalmente, el 1 de abril de 2017, el Palacio de Congresos abría sus puertas, nueve años y tres legislaturas después de que fuese colocada la primera piedra. En su calendario ya había programados hasta un total de catorce eventos.
El entonces vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, mostró su confianza en que el macrocomplejo se convirtiese “en el mejor Palacio de Congresos del Mediterráneo” y en que gracias a su potencial Palma fuese incluida entre los 50 destinos más demandados a nivel internacional para celebrar congresos y convenciones. Pese a las vicisitudes en su construcción, un año después de la inauguración de la infraestructura, Mangado, el artífice del colosal edificio, sería galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura por este proyecto, convirtiéndose en un referente arquitectónico de primera magnitud.