Que la ley LGTBI es “estúpida e innecesaria”, que “la lengua que amenaza al menorquín no es el castellano, es el catalán estándar” o que “el PP hace de comparsa de la dictadura sanitaria que se pretende instaurar” –en relación a la vacunación contra la COVID-19–. Estos son algunos de los postulados del que será el nuevo conseller de Cultura, Patrimonio, Educación, Juventud y Deportes del Consell de Menorca –la máxima institución insular–, Joan Pons Torres. Ha sido el PP, partido al que Pons Torres ha criticado en el pasado, quien le ha colocado en este puesto.
Justamente, la polémica ha saltado por los aires esta semana cuando se ha sabido que Pons Torres, que estuvo a punto de ir en las listas de Vox a los comicios del pasado 28 de mayo, ocupará el cargo de una cartera de importante calado en la cultura menorquina. Los usuarios de las redes sociales pronto advirtieron de sus ideas, que plasmó durante años en la prensa y al cargo de instituciones.
Era la periodista menorquina Carme Rocamora Seguí quien advertía que se trata de “un secesionista de la unidad de la lengua catalana que divulga que el catalán estándar amenaza el menorquín”, a lo que el presidente del GOB, Amadeu Corbera, no dudó en contestar: “Puede que aún peor que eso (que quedará en nada), es que sea un homófobo, un machista y un xenófobo, además de un negacionista de la COVID y las vacunas, y un conspiranoico ridículo”.
Pero ¿quién es Joan Pons Torres? El número tres a las listas del Consell se define como historiador –ha ejercido de profesor en un instituto público de secundaria de Geografía e Historia– y, además, como licenciado en filología catalana, a pesar de ser un ferviente defensor del gonellismo, el movimiento vinculado a la derecha y la extrema derecha que rechaza absolutamente la unidad de la lengua catalana. Militó en las Nuevas Generaciones del PP, donde conoció a Marga Prohens, la vencedora de las elecciones en Balears y que presumiblemente será nueva presidenta –aunque las negociaciones con Vox están en el aire–.
Acercamiento a José Ramón Bauzá contra el catalán
Quizá lo que llama más la atención es que los populares se vuelvan a acercar a los postulados de su expresidente José Ramón Bauzá con la lengua catalana. Bauzá intentó suprimir el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela balear y se topó con la firme oposición de los ciudadanos y los docentes. Más de 100.000 personas salieron a la calle contra las políticas lingüísticas de Bauzá en 2013, lo que propició un cambio de color en el Govern hasta las últimas elecciones del mes de mayo. Desde entonces, pocas personas en el PP se habían atrevido a referirse tan abiertamente al rechazo de la unidad lingüística.
Hay que recordar que es el mismo partido, el PP, el que gobernaba cuando años atrás se aprobó la ley de normalización lingüística o el decreto de mínimos del catalán, durante los mandatos de Gabriel Cañellas y Jaume Matas. Hoy, y a expensas de futuros pactos con la extrema derecha de Vox, en Menorca ya se ha producido un retorno a esas ideas gonellistas y de confrontación. Y es que Pons Torres considera que el estándar catalán “es un auténtico proceso de asimilación lingüística y cultural con un perverso objetivo político”.
De hecho, el menorquín ha ejercido de presidente de la Fundación Jaume III, hoy Sa Fundació, que promueve el uso de formas normativamente incorrectas para preservar las formas coloquiales del dialecto menorquín. Por ejemplo, se refiere a “gènero” en vez de “gènere” (género, en castellano) o hace uso del artículo salado (‘es' o 'sa’, en vez de ‘el’ o ‘la’, que es el estándar en catalán) en sus artículos, libros y publicaciones.
En la Fundación Jaume III ya fue diana de algunos conflictos que surgieron en la institución, cuando dimitieron 5 de sus 14 patronos en 2018, que le acusaban internamente –sin que haya sido condenado por ello– de usar dinero de la institución para poner en marcha la protesta de ‘Mos Movem’, que estaba en contra las políticas lingüísticas del Govern en materia sanitaria (es decir, del requisito del catalán para ejercer en la sanidad pública balear). La entidad se acabaría convirtiendo en Societat Civil Balear, que él mismo impulsó y que es hermana de la entidad españolista Societat Civil Catalana.
En contra de la ley LGTBI
Otra de las polémicas que más han llamado la atención son las declaraciones de Pons Torres contra la ley LGTBI, aprobada en 2016 por unanimidad en el Parlament, es decir, contando también con los votos del PP. En una columna de opinión, tilda el movimiento de ‘LGTBI-Inquisición’ –así se titula el artículo– y dice que se trata de una ley “estúpida e innecesaria”. En concreto, opina que la norma “nace con la intención de censurar la libertad de expresión y privilegiar a un determinado colectivo social (LGTBI) por encima de los otros” y que “pretende imponer la ideología de género y la promoción de la homosexualidad en el conjunto de la sociedad”.
Pons Torres, que no ha querido hacer declaraciones para elDiario.es, sigue diciendo que la ley “discrimina a todos aquellos ciudadanos que no son homosexuales” y que “el poder homosexual tendrá una enorme capacidad de 'atemorecer' y perseguir a personas, instituciones, colegios y empresas contrarias a la ideología de género LGTBI”. Quien tampoco ha querido decir nada es Marga Prohens –que, por cierto, era diputada cuando se aprobó esta ley–, ya que desde su entorno apuntan que de momento no se van a hacer valoraciones sobre el nombramiento del menorquín.
Posición antivacunas y antimemoria democrática
Durante la pandemia, Pons Torres también mostró sus críticas a la gestión de la COVID y mostró su lado antivacunas. En sus artículos se preguntaba “de qué sirve la vacuna?”, una cuestión que acompañaba con una crítica a que el personal se tuviera que inmunizar. “¿Qué sentido tiene obligar a que se vacunen los trabajadores sociosanitarios?”, se preguntaba, y decía que era “una falta de respeto” que se “cuestione su profesionalidad”.
“Señores del Partido Popular y del Govern, ¿ustedes de qué van? ¿Desde cuándo es obligatorio vacunarse? […] Si el PP fuese un partido liberal defendería y respetaría la libertad individual de las personas a participar o no en un proceso de vacunación experimental”, argumentaba, señalando directamente a la formación política de la que hoy forma parte.
Otra de las cuestiones con las que está en profundo desacuerdo el próximo conseller de Cultura del Consell de Menorca es la memoria histórica. Se refiere a un “debate caducado” en relación al dictador Francisco Franco y contrario a la iniciativa de Memòries de Menorca para que el Ajuntament de Maó retirara la Medalla de Oro al caudillo. Sostiene que desde que se concedió en 1949 “nadie había reclamado su retirada” y que hay “problemas más graves” que esta cuestión. De hecho, considera que la memoria histórica debería ir para conmemorar a todas las víctimas de la guerra civil y que hasta que eso no suceda no firmaría para que se retirara la medalla al dictador.