La dimisión de una consejera del PP por un presunto desfalco millonario desata la crisis en el Consell de Mallorca

La mañana del pasado sábado fue un hervidero en el Consell Insular de Mallorca. Apenas un día antes, la máxima institución isleña anunciaba la dimisión de la hasta entonces consellera de Hacienda y Función Pública, la popular Pilar Bonet, “por motivos personales”. Sin embargo, diversas informaciones que apuntaban a graves irregularidades supuestamente cometidas en su etapa anterior llevaban circulando, pertinaces, desde el jueves en los pasillos del Consell. Y, lejos de quedar entre bambalinas, todo acabó de saltar por los aires: el sábado trascendía la presunta vinculación de Bonet con un desfalco de más de seis millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea.

Ante la dimensión de los hechos, la administración supramunicipal, gobernada por PP y Vox, decidía convocar de urgencia un pleno extraordinario para abordar el asunto. La sesión ha tenido lugar este lunes entre severos cruces de acusaciones entre los partidos de derecha e izquierda a tenor de la forma de afrontar y reaccionar ante los distintos casos de corrupción que han golpeado la isla, y ha contado además con la participación de la interventora del Consell, quien ha rechazado la necesidad de llevar a cabo una auditoría del departamento que dirigía Bonet dado que los técnicos “garantizan la adecuación y la legalidad de los procesos”. El presidente de la institución, Llorenç Galmés (PP), defiende que cualquier decisión que la exconsellera pudiera adoptar ha sido avalada por los técnicos. “No tenemos nada que ocultar”, ha proferido.

Aunque Galmés insiste en que “nada hay que lleve a pensar que algo se haya hecho mal” y en que las acusaciones de desfalco por las que Bonet ha dimitido se refieren exclusivamente a su etapa laboral anterior en el sector privado, el Consell sí ha encargado a sus técnicos la elaboración de informes sobre todas las facturas y contratos rubricados por Bonet para despejar cualquier duda de su gestión al frente de Hacienda. Varios de los momentos más llamativos del pleno se han producido cuando un grupo de técnicos y trabajadores de la institución que han asistido como público han aplaudido las intervenciones de los representantes de PP y Vox, un hecho que ha sido duramente criticado por la oposición. En este sentido, el portavoz ecosoberanista de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha acusado a Galmés de paralizar este lunes la maquinaria del Consell para aplaudir “su cortina de humo”.

Cabe recordar que el Consell de Mallorca se encuentra gobernado por PP y Vox mientras que, a nivel autonómico, los populares legislan con el apoyo externo de la extrema derecha en virtud del acuerdo que ambos partidos rubricaron a inicios de legislatura para que los conservadores pudieran gobernar las Islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha. Uno de los propósitos contemplados en el acuerdo es la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016 durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol.

Movimientos bancarios continuos y dobles facturaciones

En concreto, las investigaciones en torno a Bonet aluden a un supuesto desfalco de más de seis millones de euros cuando la exconsellera trabajaba en la división de handling de una compañía aérea, tal como publica el diario Última Hora. Se trata de un cargo que, entre 2019 y 2023, compatibilizó con su labor como concejala de Hacienda en el municipio mallorquín de Llucmajor. Al parecer, según el mismo medio, los investigadores habrían detectado movimientos bancarios continuos y dobles facturaciones al menos desde 2011, unos hechos en los que también se habrían visto implicados varios familiares de la ex alto cargo del PP.

Las pesquisas sobre la presunta defraudación, sin embargo, aún no han sido judicializadas y el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional tampoco ha recibido ninguna denuncia al respecto, tal como han confirmado fuentes del cuerpo a elDiario.es.

Con todo, tal como explicó el sábado el presidente del Consell, la dimisión comenzó a gestarse el pasado jueves, después de que él mismo recibiera diversas informaciones que le llevaron a convocar una reunión “urgente e inmediata” tras el pleno insular que se celebraba ese día. En dicho encuentro, asegura que él mismo le transmitió a la entonces consellera insular que, “por una información que le había llegado, externa en todo momento a la gestión y responsabilidad de la institución insular, había perdido la confianza y credibilidad en su persona”.

“[Bonet], sin pedir ningún tipo de explicación, dijo que, de manera voluntaria, una vez acabada la reunión, dimitiría de su responsabilidad ejecutiva como consellera insular y, también, del acta de consellera electa del PP, continuó explicando Galmés, que durante el pleno extraordinario de este lunes ha reiterado su versión de los hechos.

Descuadre de los Presupuestos del Consell

Los hechos han generado una cascada de reacciones, principalmente desde los grupos de la oposición. “No es lo que han robado, que también, es lo que siguen robando y como les siguen votando... presuntamente. Ni un solo día sin el 'caso aislado' de corrupción PePera”, señalaba este fin de semana el conseller socialista Javier de Juan en la red social 'X' -antes Twitter-. “Se ve que eso de descuadrar los presupuestos ya le venía de fuera. La facilidad de los cargos del PP para acabar ante un juez es alarmante. Están batiendo todos los récords de denigrar las instituciones”, subrayaba, por su parte, el diputado del PSIB en el Parlament balear Carles Bona.

Mientras tanto, la consellera socialista Catalina Cladera recordaba durante el pleno que los presupuestos del Consell de 2024 se presentaron “descuadrados”, con ingresos y gastos que no coincidían y un agujero de 8,5 millones de euros en las cuentas. “Volvemos a tener la sombra de la corrupción en el Consell de Mallorca”, ha aseverado Cladera en un momento de su intervención, quien ha recriminado que la sesión plenaria ha sido un “paripé para quitarse la responsabilidad que tiene sobre este tema”, en referencia a Galmés, además de dejar “demasiadas mentiras y demasiadas preguntas sin contestar”.

Cladera considera insuficiente la petición de informes a los técnicos del Consell y reclama una auditoría ante las “sombras de duda” que sobrevuelan la gestión de Bonet. “¿Creéis que la señora Maria Antònia Munar [expresidenta del Consell de Mallorca condenada en su día a varios años de prisión por corrupción] tenía acceso a la contabilidad? ¿Alguien piensa que picó alguna factura? Han dilapidado la confianza en el Consell en menos de siete meses”, ha espetado. Por su parte, Alzamora, quien reclama una investigación interna, acusaba el sábado al presidente de la institución de “encubrir a Bonet y forzar su dimisión apenas un día antes de que la prensa publicara los detalles del caso”, echando en cara a Galmés que no actuara antes. “Si era conocedor tendría que haberla destituido no esperar a disfrazarlo de una dimisión por motivos personales”, aseveraba.

Reclaman una auditoría en el ayuntamiento del que fue concejala

Los recelos acerca de la gestión alcanzan, incluso, al Ajuntament de Llucmajor, donde Bonet fue concejala de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Función Pública, Contratación y Mantenimiento Urbano. Cladera anunció el sábado la puesta en marcha de una auditoría que analice la labor llevada a cabo por la exregidora. También lo ha solicitado el partido vecinal Llibertat Llucmajor, que recuerda cómo durante la pasada legislatura esta formación se mostró muy crítica con la gestión que realizó la exconsellera “debido a los recortes millonarios injustificados, la negativa constante a aumentar el personal para suplirlas carencias existentes y la total falta de transparencia en sus actuaciones al cargo”.

A la vista de lo sucedido en la aerolínea para la que trabajaba Bonet, el partido señala que “lo más prudente y lógico es realizar, al igual que dicha empresa, una auditoría en el Ayuntamiento de Llucmajor para confirmar si las cuentas han sido las correctas durante los años que la responsable ha sido la señora Bonet”. No sólo eso. La formación vecinal que durante la legislatura pasada sus miembros Alexandro Gaffar y Eloy Crusat detectaron diversas irregularidades en el portal de transparencia del Consistorio, entre ellas las relativas a las declaraciones de Pilar Bonet.

“Tales irregularidades eran, entre otras, que determinados concejales no cumplían a la hora de publicar sus declaraciones de actividades y bienes, así como las de la renta, como exige la ley una vez se jura el cargo y una vez se cesa”, recalcan desde el partido, que decidió tramitar propuesta de resolución, votada en el pleno ordinario del 30 de marzo de 2022, con el objetivo de abordar el tema y aumentar la frecuencia en la que se debían actualizar las declaraciones de todos los concejales. “La propuesta fue rechazada con los votos en contra del PP, ASI, el Pi y ”los tránsfugas de Vox y Cs, así como la abstención de PSOE y MÉS. El único grupo que votó a favor fuimos los concejales del Partido Vecinal“, lamentan.

Llibertat Llucmajor recuerda que “si uno entraba en el portal de transparencia, se encontraba con que la señora Bonet declaraba no tener cuentas bancarias ni dinero en ellas”. Algo que considera “imposible y que en cuatro años de legislatura no subsanó ella, ni tampoco le obligó a subsanar el alcalde, su compañero del PP Éric Jareño, pese a que era manifiestamente conocido el problema. El voto en contra de aumentar la frecuencia de publicar las declaraciones y revisarlas fue una mala señal, y ahora la noticia de que el 'caso Bonet' podría afectar a más personas de su entorno nos preocupa”, señala el portavoz de la formación vecinal, Alexandro Gaffar.

A su juicio, la presunta defraudación millonaria “es un asunto grave. Que desde el Consell de Mallorca se justifiquen indicando que eso ha sido en el sector privado para quitarle importancia al asunto es grave. En Llucmajor, la señora Bonet ha gestionado anualmente 47 millones de euros en una situación de superávit y con una acumulación enorme de contratos caducados y con un volumen que llegó a casi 20 millones anuales de facturas extrajudiciales. Urge una auditoría para esclarecer su gestión”, sentencia Gaffar.