Tres funcionarios de la Autoritat Portuària de Balears (APB) han negado este miércoles haber recibido presiones o indicaciones para beneficiar al Club Náutico de Eivissa (CNI) en la adjudicación del concurso para que fuera éste el que siguiera explotando la dársena de la APB que el Club ocupa desde 1927.
Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los funcionarios han defendido la legalidad de esta actuación, por la que el ex presidente de la APB Joan Gual de Torrella es investigado por el presunto amaño de un concurso para favorecer al Club Náutico de Eivissa.
Los funcionarios, entre ellos el que fuese jefe del área de gestión de la APB en la fecha de los hechos investigados, Fernando Berenger, han declarado en calidad de investigados ya que, según la instrucción judicial, hay indicios de que dicha adjudicación no fue aplicada bajo los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y legalidad que debe tener la contratación pública.
Uno de los funcionarios, miembro de la Comisión Técnica de la APB, ha asegurado ante la jueza que no recibió ninguna presión para beneficiar al Club Náutico de Eivissa en este concurso. Otro de ellos ha explicado que se limitó a hacer el anuncio de dicha convocatoria, mientras que el tercer funcionario también ha aseverado que no recibió indicaciones o sugerencias respecto al CNI.
Cabe recordar que Joan Gual de Torrella negó este pasado martes haber tenido presiones políticas para beneficiar al Club Náutico de Eivissa y defendió la adjudicación porque “se ajustaba a la ley”. Además, desvinculó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de cualquier irregularidad, aunque precisó que paraba los proyectos que no contaban con su visto bueno.