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El Gobierno central cuestiona la constitucionalidad de la Ley de emergencia habitacional de Balears, derivada de un decreto aprobado por el Govern de Marga Prohens (PP) en 2023, tal como lo pone de manifiesto en un informe que ha remitido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática al Ejecutivo autonómico, en el que advierte de una serie de varias discrepancias.
El escrito del Ministerio alude a las disposiciones que recogen la posibilidad de reconvertir locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados. El Estado no cuestiona el fondo sino la norma utilizada, ya que considera que debería haberse realizado mediante el planeamiento urbanístico de cada ayuntamiento.
Desde el Govern argumentan que ese tipo de instrumentos suponen un importante retraso por la emisión de informes sectoriales y otras dificultades que encuentran los ayuntamientos. Por ello, entienden que una norma con rango legal es la única forma de atajar el problema con carácter urgente.
“Esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento es asumir que estas medidas no se podrán implantar”, razonan desde la Conselleria, que asegura que la Ley “respeta la autonomía municipal” porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación.
En este punto, cabe reseñar que los consistorios pueden decidir si aplican, suspenden o limitan las principales medidas en su territorio; de hecho, el Govern ha incidido en que su aplicación ya se ha regulado por ayuntamientos de diferente color político.
Las fuentes autonómicas señalan que la amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos de unas 4.000 viviendas que se están planificando a través del despliegue de la Ley. En esta línea, insisten en el grave problema habitacional en Balears, con precios disparados y falta de oferta en un territorio, recuerdan, limitado por la insularidad.
Por todo ello, Balears confía en llegar a un acuerdo en la comisión bilateral con el Ministerio que se abrirá antes de llegar al Tribunal Constitucional, buscando evitar un recurso. El Govern acudirá a esa comisión con la voluntad de “hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la Ley para hacer más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los Ayuntamientos”.
El archipiélago balear lleva, desde hace al menos una década, arrastrando problemas gravísimos en lo que se refiere al acceso a una vivienda digna, fruto de un proceso especulativo alimentado a través de las burbujas inmobiliarias y cuya gravedad se acentuó con las sucesivas crisis del sistema financiero. El resultado no es otro que la sustracción de un derecho básico y fundamental, reconocido en la Constitución española, y que está dejando los servicios públicos de las islas en una situación cada vez más precaria y delicada.