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El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha considerado innecesario que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, se reúna con la izquierda para culminar la negociación sobre zonas inundables, después de que PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos hayan exigido una reunión urgente con la líder del Ejecutivo para “desbloquear” y avanzar en las negociaciones.
En rueda prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha asegurado que el Govern está en negociaciones con los grupos de la izquierda con la finalidad de llegar a acuerdos “con planteamientos y redacciones concretas” de unas enmiendas que espera que se puedan aprobar en el pleno del Parlament del próximo martes.
Unas negociaciones que “siguen vigentes --Costa ha asegurado que, sin ninguna duda, continuarán este fin de semana--” y, durante las cuales, el portavoz del Govern balear se ha reunido presencialmente con los partidos de la izquierda, según ha confirmado el propio Costa, quien ha mantenido que “la voluntad del Govern es llegar a acuerdos”.
De hecho, según Costa, en estos momentos sobre la mesa del Govern solo está la intención de “llegar a un acuerdo”, ningún otro “futurible”. Por este motivo, ha continuado, durante los días que quedan hasta el próximo martes, días que, ha considerado, son “más que suficientes”, porque “ha habido avances”, continuarán las negociaciones, porque “hay posibilidades de alcanzar un acuerdo”.
Unas negociaciones que, en todo caso, no incluirán una reunión entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la izquierda, porque “no se considera necesario”. Y “no se considera necesario”, ha detallado Costa, porque “hace dos semanas que se está negociando y la presidenta está al tanto. De hecho, ella inició los contactos con los partidos de la oposición” para tratar de alcanzar un acuerdo en relación con la legalización de construcciones en zonas inundables, ha incidido, convencido de que dicho acuerdo “está próximo”.
Con todo, el portavoz del Govern ha advertido a la izquierda que pese a que “puede ser que existan posiciones divergentes en aspectos concretos”, como no se plantea incorporar al texto del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que se debatirá el próximo martes en la Cámara, una única enmienda, si no que son diversas, “nadie entendería que porque no haya acuerdo en un aspecto puntual no se alcance ningún acuerdo en otros aspectos”.
Finalmente, Costa ha confiado en que, independientemente de lo que ocurra durante las negociaciones con la izquierda, el decreto de simplificación administrativa siga contando con el apoyo de Vox, formación con la que “ya se ha llegado a diferentes acuerdos en enmiendas tanto en la fase de ponencia como en la de comisión”.
Por su parte, en un comunicado conjunto este viernes, los grupos parlamentarios de izquierdas han señalado que hicieron una propuesta para revertir las medidas incluidas en el decreto ley de simplificación administrativa, que se votará en el pleno del próximo martes, pero que el vicepresidente y conseller Economía “no ha respondido e insiste en la legalización”.
La izquierda critica la “falta de avances”
Según la izquierda, los grupos ofrecieron al Govern la opción de rectificar y hacer marcha atrás en la legalización de edificaciones en zonas de riesgo y, en paralelo, de volver a la normativa que vetaba la opción de construir en estas zonas.
Ante la “falta de avances” que perciben, han exigido a la líder del Ejecutivo que “asuma la responsabilidad” de la negociación que tiene que culminar antes del próximo martes.
Por otra parte, han hecho referencia a las advertencias de colectivos medioambientales y de protección del territorio que señalan que, ante la disposición del Govern de modificar el decreto, se ha acelerado la entrada de expedientes de legalización de construcciones en zonas inundables.
En consecuencia, los cuatro partidos han reclamado a la presidenta que “demuestre los hechos” con su compromiso de corregir un decreto que, a su parecer, implica aumentan el riesgo presente y futuro para la población de las Islas.
La modificación propuesta por la oposición plantea excluir de la regulación en suelo rústico los edificios que se encuentran en zonas con riesgo de inundación y que no se pueda clasificar nuevo suelo urbanizable en zonas inundables.
Además, solicitan la prohibición total de nuevas construcciones y de los cambios de usos de bajos comerciales para hacer vivienda, que permite la legislación actual, en zonas peligrosas; así como eliminar la posibilidad de hacer equipamientos públicos y prohibir cualquier actuación en los edificios fuera de ordenación en áreas de riesgo de inundación.
“Estas son las seis medidas clave que plantean las cuatro formaciones de izquierda y cualquier intento de rebajarlas por parte del Govern no sería aceptable a la hora de pactar una cuestión por la cual la ciudadanía exige altura de miras y capacidad de consenso”, han concluido.