El expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) Joan Gual de Torrella, investigado a raíz de las presuntas irregularidades que rodearon al proceso de adjudicación para la explotación de una dársena deportiva en Eivissa, ha negado haber recibido “presiones políticas” para que el procedimiento fuese otorgado al Club Náutico que lleva ocupando este dominio portuario desde 1927 y, en este sentido, ha asegurado que la presidenta del Govern, Francina Armengol -quien le nombró en el cargo en 2015-, nunca dio ninguna instrucción al respecto.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado este martes ante la jueza de instrucción encargada de esta causa, que indaga si el Club Náutico de Eivissa (CNI) resultó favorecido con la concesión en virtud de un supuesto concierto previo por parte de la cúpula de la APB, encabezada entonces por Gual de Torrella y el entonces director del organismo, Juan Carlos Plaza, y de la asesora jurídica del consejo de administración y abogada del Estado, Dolores Ripoll.
El exmáximo responsable de la APB ha negado cualquier tipo de irregularidad al respecto y, preguntado por la magistrada sobre el papel ejercido por Armengol, ha aseverado que inicialmente se reunía con ella una vez al mes y más adelante de forma menos habitual. Según ha apuntado, la jefa del Ejecutivo autonómico daba su opinión sobre los asuntos a tratar en el Consejo de la APB, pero nunca interfirió en ellos.
También ha alegado que había un consenso social para que los clubes náuticos permitiesen acercar la práctica náutica “a las clases medias” mediante precios de amarres más asequibles. A su salida de los Juzgados, donde ha permanecido declarando unas dos horas, Gual de Torrella ha manifestado que los precios de los atraques en Balears “están excluyendo a los residentes, sobre todo en Eivissa”, donde, ha subrayado, impera “un mundo dedicado al superlujo”.
“Los clubes náuticos son las entidades que pueden corregir estos excesos y esta presión de la demanda”, ha incidido el investigado, quien ha aseverado que “aquí lo que hay son controversias jurídicas sobre si el sistema que utilizamos para realizar la adjudicación se ajustaba o no a la Ley, y nosotros entendemos que sí se ajusta”. Asimismo, ha insistido en que no hubo ningún tipo de presión política para que la concesión se decantara a favor del CNI, al que se ha referido como entidad “sin ánimo de lucro”.
Y ha recalcado: “Sobre los clubes náuticos hay propuestas del Congreso, el Senado, el Parlament balear y todos los Ayuntamientos y Consells Insulars. Hay una percepción de una fuga de la práctica deportiva para la clase media que no podrá acceder nunca a estos precios de amarres, sobre todo en Eivissa”. Gual de Torrella ha asegurado durante su declaración que la adjudicación contó con el aval de los técnicos de la APB y los servicios jurídicos de Puertos del Estado, lo que garantizaba la legitimidad del procedimiento.
Plaza y Ripoll defienden su labor y niegan irregularidades
En esta misma línea, el exdirector de la Autoritat Portuària Juan Carlos Plaza, quien también ha comparecido ante la jueza y las distintas partes personadas, ha negado haber recibido o dado indicaciones para alterar las valoraciones de las distintas empresas que concurrieron al proceso, mientras que la abogada Dolores Ripoll ha recordado que durante la tramitación del expediente se valoró el arraigo como un elemento que a largo plazo proporcionaría resultados positivos para la isla.
La jueza encargada de instruir las pesquisas levantó recientemente el secreto sumarial que pesaba sobre esta pieza de la macrocausa que hace dos años, con la detención de Gual de Torrella y de otros cuatro directivos de la APB, volvió a sacudir los puertos de las islas. Un procedimiento judicial que, de nuevo, pone bajo sospecha la gestión llevada a cabo por la cúpula de la Autoritat Portuària, encargada del control de las prestaciones y servicios de los distintos puertos de Balears.
Las investigaciones apuntan a que Gual de Torrella, Plaza y Ripoll dieron presuntamente la orden de confeccionar unos criterios de valoración posteriores a la presentación de varios proyectos para gestionar la dársena con el ánimo de garantizar la concesión a favor del CNI. Las nuevas cláusulas incluían, como elemento de peso determinante, el arraigo, requisito que sólo podía cumplir el club ibicenco, que llevaba 40 años explotando el espacio, de de 31.545 metros cuadrados.
“Los investigados conocían qué aspectos podían beneficiar al CNI sin necesidad de abrir los proyectos presentados”, sostiene la jueza, que investiga si estos criterios constituyeron un mero traje a medida del CNI para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano, algo que niegan tajantemente los encausados. Las pesquisas también ponen el foco en la participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de los pliegos.
La adjudicación de Maó, bajo sospecha
En concreto, el proceso de adjudicación fue publicado el 20 de mayo de 2015 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que informaba del inicio del trámite de competencia de proyectos, como se denominaba el nuevo procedimiento para el otorgamiento de concesiones demaniales a la luz del nuevo Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado. El anuncio especificaba que, en caso de que hubiese varias solicitudes –como así sucedió–, se seleccionaría aquella que tuviera un mayor interés portuario. A partir de ese momento, la jueza del caso Puertos narra una mecánica supuestamente delictiva que se repite en los distintos expedientes iniciados por la APB que en la actualidad están siendo investigados.
Junto al de Eivissa, también se encuentra bajo sospecha, en otra pieza separada, el concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto de Maó, del que resultó beneficiaria la empresa Marina Asmen, una concesión por la que, según las investigaciones, la Autoridad Portuaria habría dejado de ingresar unos 300.000 euros en tasas.
Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado final. Es más, apuntan a que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso. Al igual que en el caso de Eivissa, la antigua cúpula de la APB niega vehemente cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento.