LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha descartado citar a declarar como investigada a la presidenta del Congreso de los Diputados y exlíder del Govern balear, Francina Armengol, al recordar que carece de competencia para ello por tratarse “de una persona aforada”.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, rechaza las diligencias que había solicitado la asociación Liberum, una organización antivacunas que interpuso sin éxito varios recursos en el Constitucional para evitar la vacunación de niños y ancianos y que, en la actualidad, ejerce la acusación popular en el 'caso Koldo'. La entidad también instó a que solicitase una serie de documentación al Servei de Salut de las Illes Balears (IB-Salut).
Liberum había pedido llamar a sede judicial a Armengol por su labor como expresidenta balear en los peores meses de la pandemia. En concreto, la Unidad Central Operativa pone el foco en el contrato de la comunidad autónoma para el suministro de 1,5 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -la empresa clave del caso- por valor de 3,7 millones de euros.
Hasta el momento, Armengol ha defendido tajante en varias comparecencias en la Cámara baja su propia honorabilidad y así como la del Ejecutivo autonómico que presidía en las islas, señalando directamente a la nueva administración del PP por no terminar de cumplimentar la reclamación del dinero que se pagó de más (2,6 millones de euros) por aquella contratación: “El PP ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre ni la gestión de mi gobierno con la sombra de la corrupción. Es sorprendente que quien me pide la dimisión es quien sale en el sumario”, subrayaba el pasado mes de marzo: “Mi Gobierno sería, en cualquier caso, víctima. Jamás colaborador o cómplice”.
En mayo, además, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma abrió diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por el PSIB-PSOE contra el Govern balear del PP por dejar caducar la reclamación de los 2,6 millones de euros. En su auto de incoación, al que tuvo acceso elDiario.es, el juez señalaba que los hechos hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía Europa, a favor de la cual el juez decidió inhibirse.
Por otro lado, el magistrado Ismael Moreno también ha rechazado citar a declarar a la exconsellera balear de Salud Patricia Gómez. El magistrado señala, respecto a esta diligencia, que “no se dispone de un mínimo soporte probatorio” que permita justificar su imputación como partícipe de los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de lo que resulte en el devenir de la instrucción.
En concreto, en el marco de este procedimiento judicial se encuentran bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García -quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos- y a otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.