El informe que enfada al PP y acelera el cierre de la Oficina Anticorrupción balear atribuye posibles delitos a un alto cargo del partido

Fabricación de actas falsas, ocultación de irregularidades, concesión de licencias urbanísticas ilegales... Se trata de las presuntas prácticas ilícitas que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) ha detectado en el Ajuntament de Campos (Mallorca), en manos del PP. Se da la circunstancia de que los populares registraron este lunes una Proposición de Ley con la intención de eliminar de urgencia la Oficina, apenas unos días después de que saliera a la luz pública que el organismo público se encuentra investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, exconcejal en Campos y actual director general de Emergencias e Interior del Govern de Marga Prohens (PP).

El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. Sin embargo, la supresión del ente se ha acelerado coincidiendo con la publicación de las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por Sureda y otros miembros de la corporación municipal. Los conservadores, sin embargo, aseguran a elDiario.es que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda fueran publicadas por Diario de Mallorca, por lo que niegan que éstas hayan influido a la hora de presentar la iniciativa parlamentaria. Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, acusaba al director de la OAIB, Tòfol Milán, de filtrar expedientes “con el único objetivo de difamar a miembros del partido”.

El informe de la Oficina Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta, en concreto, a la presunta comisión de varios delitos de prevaricación y falsedad documental por parte de las autoridades de Campos al no actuar en diversos locales que funcionan sin licencia en el polígono industrial del municipio mallorquín, al tiempo que denuncia la concesión de licencias ilegales en zonas donde no está permitido el desarrollo de actividad alguna. Tal como consta en el dictamen, un policía local se personó en la zona a finales de 2022 e hizo constar en su informe que no se apreciaba actividad en las naves y que tan sólo estaban siendo utilizadas como almacén.

La Oficina Anticorrupción, que desaparecerá por orden del PP, apunta a una presunta comisión de delitos por parte de las autoridades de un ayuntamiento de Mallorca, entre ellos, el que ahora es un alto cargo del partido en el Gobierno regional

“Actividad clandestina”

Sin embargo, la Oficina ha detectado que, en contra del ordenamiento jurídico, sí hay negocios en activo, entre ellos, un club de golf y un taller de reparación de embarcaciones, por lo que el organismo apunta a la comisión de varios delitos de falsedad en documento público al considerar que el agente “faltó a la verdad” en la narración de los hechos. Los investigadores señalan que la nave en la que se ubican estos locales se encuentra en situación “inadecuada” ya que el suelo está clasificado como rústico, e inciden en que el ejercicio de una actividad sin licencia o sin la presentación de una declaración responsable “la convierte en una actividad clandestina” y, por tanto, debe ser objeto de un expediente sancionador.

El informe constata que hasta un total de veinte locales, algunos de los cuales se encuentran en funcionamiento desde hace años, no cuentan con título habilitante alguno para el desarrollo de su actividad, “sin que el Ajuntament haya adoptado ninguna medida”. Una situación que, según el ente público, “pone en peligro la seguridad y la vida de las personas” ya que no está garantizado el cumplimiento de las medidas de seguridad (tales como las relativas a la seguridad eléctrica, a la prevención de incendios o a los planes de evacuación). Asimismo, deduce que los locales sin licencia de actividad podrían no disponer de seguro de responsabilidad civil, puesto que para obtenerlo se necesita disponer de licencia.

El organismo subraya, en este contexto, que se trata de una manera de funcionamiento “reiterada” por parte del Consistorio, y recalca que, a la fecha de redacción del informe, no tiene constancia del cierre, clausura o suspensión alguna promovidos desde la corporación municipal.

El Ajuntament de Campos defiende su actuación

Frente a tales indicios, desde el Ajuntament aseguraron el pasado sábado que todas las decisiones tomadas por la institución cuentan con el aval de los informes técnicos y el voto “favorable y unánime” de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

En un comunicado, el Consistorio asegura que, desde que tuvo constancia de la denuncia interpuesta por un empresario en noviembre de 2020 –de la cual, defiende, no se derivaron investigaciones hasta el pasado 5 de septiembre “por una cuestión estrictamente administrativa”–, ha puesto en marcha todos los mecanismos legales pertinentes para regularizar una situación que afecta a varios centenares de familias del municipio. Asimismo, el Ajuntament señala que continuará trabajando “desde la legalidad por la economía, el bienestar y el futuro laboral” de los vecinos.

PP y Vox, contra la Oficina Anticorrupción

Pese a las investigaciones sacadas a la luz en los últimos años por parte de la Oficina Anticorrupción, la proposición de ley registrada por el PP para tramitar de urgencia la eliminación del ente señala que la OAIB, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del organismo.

El ente fue impulsado por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol. Ha sido el encargado, entre otros presuntos casos de corrupción, de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia.

La batalla judicial por el macrocomplejo de Ses Covetes

Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística, no son ajenas al PP en el archipiélago.

Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.

Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.

La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.

En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.

El primer gran golpe contra la corrupción urbanística en Balears

También en Andratx, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de Mallorca, se produjo en 2006 el primer gran golpe contra la corrupción en Balears, el caso Andratx. Si las primeras investigaciones parecían limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular, la causa acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios.

Los hechos llevaron a la detención, entre otros numerosos cargos, del entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), quien ese mismo día se autoproclamaba “preso político” al apuntar que todo era un “montaje” contra él, mientras Jaume Matas, entonces presidente del Govern, aseguraba ser el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofreció para defender su honorabilidad y la de su gobierno y alzarse en defensor de las instituciones baleares.

En el sumario también salieron a relucir nombres como el de la biógrafa del rey Juan Carlos I, Selina Scott, por la construcción supuestamente irregular de una piscina en su residencia estival mallorquina –las investigaciones fueron finalmente archivadas–, así como el de Florentino Pérez como propietario de una mansión de lujo valorada en 25 millones de euros.

Si bien una pericial determinó la existencia de indicios de un delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la construcción de una piscina de 200 metros cuadrados, gimnasios y vestuarios anexos a la vivienda del empresario, éste nunca llegó a ser imputado y las pesquisas terminarían finalmente sobreseídas por prescripción.