El polémico expresidente de Formentera, investigado por utilizar los servicios de un funcionario para un asunto privado
La Fiscalía de Área de Eivissa está investigando a Llorenç Córdoba, diputado en el Parlament balear y polémico expresidente del Consell de Formentera, así como a un letrado de la Institución insular, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, según se desprende de un oficio de requerimiento al que ha tenido acceso elDiario.es.
En su escrito, la fiscal señala que Córdoba, quien tras ser destituido de la presidencia es en la actualidad conseller no adscrito en el pleno insular, podría ser el inductor del delito y el letrado, el autor. En concreto, la investigación deriva de la denuncia interpuesta el pasado octubre en la Policía Nacional así como ante el Ministerio Público contra Córdoba por, presuntamente, haber empleado los servicios y trabajos de un funcionario con fines “puramente privados” cuando era presidente insular. Más en concreto, para elaborar las alegaciones que presentó en la Comisión de Ética del Consell, encargada de elaborar un informe sobre las actuaciones de Córdoba y de los consellers de Sa Unió (una coalición local de derechas conformada por el PP y Compromís) en la crisis de gobernabilidad que sufrió el Consell durante más de un año.
Córdoba habría utilizado a uno de los letrados del Consell Insular para elaborar las alegaciones con las cuales busca, por un lado, recusar a dos de los cinco miembros de dicha Comisión Ética y, por otro lado, la suspensión del proceso de entrega al pleno del Consell Insular del informe elaborado por este órgano. El documento fue aprobado por unanimidad el pasado 2 de octubre.
Fue la misma Comisión de Ética la que denunció la supuesta irregularidad después de analizar los metadatos del documento digital de las alegaciones del entonces presidente y comprobar que la autoría del mismo recaía en el letrado insular ahora investigado por la fiscal.
La revelación de secretos
En el oficio de requerimiento, la fiscal expone que el letrado insular, “como jefe del área, habría tenido acceso a todas las actas de la Comisión [de Ética], habría participado activamente en los debates y, faltando al deber de secreto que se impone a todos los miembros de la Comisión, habría redactado un escrito contra un informe en el que ha participado en su elaboración. Además, al ser letrado del Consell, sus funciones no son las de elaborar o asumir la defensa jurídica de los miembros electos del Consell, sino del Consell Insular como institución”.
“Según el relato de hechos”, incide la fiscal, el letrado “habría revelado al [entonces] presidente del Consell el contenido de las deliberaciones de la Comisión de Ética que precisamente estaba evaluando el presidente del Consell, con lo que se trata de una información relevante para el interés de la causa pública”.
En marzo de 2024, el pleno insular aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE con la finalidad de que la Comisión de Ética y Buen Gobierno elaborase un dictamen consultivo sobre los compartimentos de los miembros del entonces equipo de Gobierno implicados en la crisis política del Consell Insular de Formentera.
En concreto, el delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos que investiga la Fiscalía lleva aparejadas penas de multa de entre 12 y 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Asimismo, de acuerdo al artículo 417.1 del Código Penal, si el juez identifica que la revelación supone un grave daño para la causa pública o para un tercero, la pena sería de prisión de uno a tres años y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.
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