El PP agita el temor a que un mallorquín se quede “sin segunda casa” si prospera el plan europeo sobre vivienda

La posibilidad de limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas por parte de la Comisión Europea (CE) ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la vivienda en Balears. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, advirtió este lunes de que una eventual regulación podría terminar afectando también a los residentes: “Me pone los pelos de punta que un mallorquín no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio de Mallorca”, aseveraba. Sin embargo, Bruselas no ha aprobado una prohibición de comprar segundas residencias ni ha dado carta blanca a los gobiernos para impedir estas operaciones.

La Affordable Housing Act, presentada como una propuesta de reglamento, pretende establecer un marco común para evaluar la legalidad de las medidas que adopten los Estados, las comunidades autónomas o los ayuntamientos para proteger el acceso a la vivienda en zonas sometidas a una presión habitacional acreditada. El texto señala que las viviendas utilizadas como segundas residencias, los pisos turísticos y los inmuebles vacíos pueden agravar el desequilibrio entre oferta y demanda, pero deja en manos de las autoridades competentes decidir si intervienen y de qué manera.

En este sentido, la iniciativa no está proponiendo limitar exclusivamente las compras de extranjeros o de no residentes. Su propuesta contempla las medidas que regulen la adquisición o el uso de inmuebles residenciales cuando puedan afectar a las libertades del mercado interior, incluida la libre circulación de capitales reconocida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, una eventual restricción de las segundas residencias podría alcanzar también a un ciudadano español o a un residente en Balears si la norma se formula atendiendo al destino del inmueble y no únicamente a la residencia del comprador.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno de la Cámara autonómica que su Ejecutivo aplicará “todas las medidas jurídicamente viables y efectivas” en materia de vivienda y ha afirmado que se alegra del camino abierto por la Comisión Europea. La líder del PP, sin embargo, ha evitado comprometerse con la aplicación de restricciones concretas a los compradores no residentes. “El camino se acaba de abrir”, ha advertido antes de señalar que las posibles medidas todavía no tienen cobertura jurídica suficiente.

“No tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado directamente la voluntad de Prohens de aprovechar el nuevo escenario europeo. “No mientan, no tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”, ha recriminado el menorquinista, quien ha reclamado a la presidenta que se pronuncie con claridad y que no “venda una moto” a la ciudadanía. Prohens ha respondido acusando a la izquierda de haber defendido durante los últimos años medidas que, a su juicio, no podían aplicarse. La presidenta ha insistido en que el marco normativo europeo “se ha abierto ahora” y ha reprochado a sus adversarios que pretendan presentar como viables propuestas que no lo eran hasta este momento.

La posición del Ejecutivo autonómico se resume en una promesa condicionada: si Bruselas permite una medida que pueda aplicarse en Balears, que sea efectiva y que priorice “sí o sí” a la gente de aquí, el Govern la estudiará y la aplicará. “Seguiremos muy atentos este proceso”, ha señalado Prohens. La presidenta, por tanto, no ha cerrado la puerta a las restricciones, pero tampoco ha asumido un calendario ni un compromiso concreto para impulsarlas.

La fórmula ha provocado la reacción inmediata no solo de Més per Menorca, sino también de Més per Mallorca y del PSIB-PSOE, que han interpretado la cautela del Govern como una manera de aplazar decisiones que consideran urgentes. El debate ha evidenciado, además, una diferencia de fondo: mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier intervención debe superar el filtro jurídico europeo, la oposición reclama que la crisis habitacional justifica avanzar desde ahora en las medidas que ya están al alcance de las instituciones autonómicas.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tratado de desplazar el debate desde la viabilidad jurídica hacia la urgencia social. “El tiempo de estudiar ya ha pasado”, ha afirmado. El ecosoberanista ha censurado las declaraciones de Sagreras sobre el derecho de los mallorquines a adquirir una segunda residencia en un momento en el que, según ha señalado, muchas personas no pueden siquiera asumir el coste de su vivienda habitual.

El ecosoberanista ha recordado, además, que una de cada tres viviendas es adquirida por alguien que no reside en las islas, y ha advertido de que la presión inmobiliaria no procede únicamente de compradores particulares, sino también de empresas, fondos de inversión y fondos buitre. El diputado ha reclamado a Prohens que se sitúe “al lado de la ciudadanía y no de los especuladores”.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las críticas del PSIB. El conseller ha asegurado que el Govern es consciente del “drama” de la vivienda y que no mira hacia otro lado. Como contraposición, ha acusado a los anteriores gobiernos socialistas de haber dejado sin construir la vivienda que, a su juicio, necesitaban las islas.

El Govern: “Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”

Mateo ha centrado parte de su intervención en la falta de apoyo del Gobierno central. Ha criticado que el nuevo portal público de alquiler asequible anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contemple 800 viviendas en el conjunto de España y ninguna en Balears. “Pedro Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”, ha sostenido.

El conseller también ha citado los resultados del programa 'Lloguer Segur', que, según ha detallado, ha alcanzado los 103 beneficiarios. Asimismo, ha recurrido a datos de portales inmobiliarios y de los registradores de la propiedad para defender que se están produciendo descensos en los precios de la vivienda en determinados segmentos del mercado.

Ante esto, la diputada socialista Mercedes Garrido ha rechazado esta interpretación. Tras tres años de legislatura del actual Govern, ha afirmado, los ciudadanos de Balears viven “peor que nunca” y muchos ya no pueden permitirse residir en las islas. Garrido ha leído durante su intervención varios testimonios de personas con dificultades para pagar su vivienda y ha descrito una situación en la que algunos residentes se ven obligados a marcharse o a vivir en caravanas.

La socialista ha reprochado al PP que su preocupación se centre en que los mallorquines no puedan comprar una segunda residencia. “No es que los baleares no se puedan comprar una segunda residencia, es que no pueden adquirir la primera”, ha señalado. Garrido ha reclamado al Govern que declare Balears zona tensionada y adopte medidas para contener los precios del alquiler.

En otro momento del pleno, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de actuar por ideología y ha advertido de que la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ya ha avanzado que su formación vetará la propuesta europea. A su juicio, el Ejecutivo autonómico conoce las dificultades que encontrará la iniciativa y, aun así, utiliza el anuncio de Bruselas para aparentar que está dispuesto a actuar. Prohens ha respondido recordando que el PSIB votó en contra de la declaración de emergencia habitacional impulsada por el Govern y ha rechazado recibir lecciones de un partido que, según ha reprochado, “ha vendido su sede a un sueco”.

Més per Menorca reclama que Europa tenga en cuenta la insularidad

Més per Menorca, por su parte, ha reclamado a las instituciones europeas más ambición y el reconocimiento explícito de las particularidades de los territorios insulares. Los menorquinistas consideran que la crisis de la vivienda adquiere una dimensión especialmente grave en las islas por la presión turística, la escasez de suelo disponible y la demanda externa. El coordinador general de la formación, Esteve Barceló, ha valorado que Bruselas sitúe la vivienda asequible entre sus prioridades, pero ha advertido de que no basta con reconocer las herramientas si las condiciones para aplicarlas son “prácticamente imposibles de cumplir”.

El partido defiende que no se pueden exigir los mismos requisitos a un territorio insular que a uno continental y que las futuras normas europeas deben permitir a las administraciones proteger el mercado residencial. Més per Menorca trabaja con la Alianza Libre Europea para analizar la propuesta de la Comisión y explorar vías de incidencia durante su tramitación en el Parlamento Europeo.

La formación menorquinista reclama que las islas dispongan de instrumentos para priorizar el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en ellas, así como para regular el alquiler turístico cuando este contribuya a reducir la oferta residencial.