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En una situación inédita en la historia democrática balear, el PP ha validado por error más de 30 enmiendas presentadas por Vox a la Ley autonómica de simplificación administrativa, impulsada por los conservadores con el objetivo de agilizar los trámites urbanísticos y legalizar las viviendas construidas de forma irregular en terreno rústico. La situación no es baladí, dado que las medidas de la extrema derecha incorporadas al texto van más allá de las de los populares y retrotraen la legislación balear a décadas anteriores en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana en las islas. A raíz de este fallo, que los populares han calificado de “humano”, estos han pedido que se repitiera la votación de la Ley aprobada este martes, pero los de Santiago Abascal se han opuesto a ello. Por este motivo, el Ejecutivo ha anunciado que, en cuanto la normativa se publique en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), aprobará un decreto ley que evite que las enmiendas incorporadas por equivocación entren en vigor.
Entre las medidas introducidas y que habían sido planteadas por Vox se encuentran la supresión del catalán en la función pública y la autorización para construir en áreas de máxima protección, además de poder edificar en zonas de servidumbre de Costas, legalizar campos de polo en zonas especialmente vulnerables y retroceder en ámbitos de igualdad e identidad de género en la educación. Tras negarse Vox a repetir de nuevo la votación, el vicepresidente económico del Ejecutivo, Antoni Costa, ha anunciado de inmediato la aprobación de un decreto que invalide las enmiendas, aprobadas, ha precisado en varias ocasiones, por un “error humano”. Para que este decreto salga adelante, el PP necesitará de los votos de los grupos de izquierdas.
Por su parte, los portavoces de la oposición han calificado el error como “la mayor catástrofe legislativa” de la Comunidad Autónoma y han reclamado a la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, que convoque una reunión este mismo martes para “arreglar este desaguisado” y rectificar “cuanto antes”. “Acabamos de eliminar el catalán en la función pública, en la educación, de legalizar grandes instalaciones como campos de polo. Es decir, todas las obsesiones que Vox había planteado en forma de enmiendas”, ha lamentado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells. En esta línea, ha considerado que este error “pone en evidencia los riesgos” de legislar junto a los de Abascal.
Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que este incidente “demuestra que estamos en manos no solo de unas personas que han sido capaces de aprobar una norma depredadora con el territorio sino de unos cutres incapaces de llevar a cabo una votación”. “Hoy tenemos unas Balears totalmente distintas a las de ayer por las barbaridades que se acaban de aprobar”, ha aseverado, en esta línea, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha considerado que “el problema lo tiene el PP” por “darle las gracias a Vox” y que a posteriori no les hayan dejado repetir la votación.
El episodio ha tenido lugar tras un tenso debate en el Parlament balear en torno a uno de los apartados más polémicos de la Ley de simplificación administrativa aprobada este martes: en concreto, la normativa permite legalizar viviendas fuera de ordenación en suelo rústico y construir nuevas edificaciones en zonas con riesgo de inundación, a la espera de que el Govern apruebe otro decreto ley que prohibirá las nuevas construcciones en estos lugares -aunque autorizando la realización de obras en las ya edificadas, entre ellas las dirigidas a evitar desbordamientos-. El decreto fue impulsado el pasado mes de mayo, antes, por tanto, de que la DANA devastase a finales de octubre varios municipios de la Comunitat Valenciana y dejase más de 200 fallecidos.
El propio Costa ha asegurado este martes que, aunque la Ley haya salido adelante en los términos en los que el texto fue inicialmente aprobado, darán próximamente el visto bueno a un decreto que garantice -ha asegurado tajante- que “no se legalizará en zona de riesgo ninguna vivienda que no pueda garantizar su seguridad ante una emergencia meteorológica”.
Falta de consenso en torno a la legalización de viviendas en zonas inundables
En las últimas semanas, tanto PP como los grupos de izquierdas han intentado alcanzar un consenso en relación con las edificaciones que se hallan en puntos de alto riesgo de desbordamiento. Mientras los conservadores mantienen su intención de legalizar las viviendas edificadas de forma irregular en suelo rústico, incluidas las construidas en zonas inundables -prohibiendo, no obstante, las nuevas construcciones en estos lugares-, la oposición recrimina que el Ejecutivo proponga medidas “ineficaces e insuficientes” para evitar catástrofes como la de la DANA de València.
La aprobación de la Ley ha sido este martes fervientemente criticada por los grupos de izquierdas, que ven en ella una “ruptura del consenso” en materia de disciplina urbanística en las islas así como una sucesión de las políticas de “perversión y abuso territorial” impulsadas por los expresidentes populares Gabriel Cañellas, Jaume Matas y José Ramón Bauzá, de las que, en palabras de la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, la actual líder balear, Marga Prohens, es “una digna sucesora”. En respuesta a las críticas de la oposición, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha pedido a la izquierda, con todo, que “no criminalice al PP de poner en riesgo la vida de las personas”. “No creo que este sea el debate ni el sentido de este decreto que se quiere sacar adelante”, ha manifestado.
El PSIB-PSOE: “La Ley favorecerá los negocios privados”
Por su parte, en su turno de intervención, la diputada socialista Mercedes Garrido ha recriminado que esta Ley persigue en realidad beneficiar los negocios privados, que se verán “favorecidos” por la supresión de la Comisión balear de Medio Ambiente, la legalización “a la carta” del polígono del municipio mallorquín de Campos -cuya situación irregular motivó una ardua investigación por parte de la extinta Oficina Anticorrupción, denuncia hoy en manos de la Fiscalía- y la “legalización de los negocios en manos de los especuladores, que ven cómo sube de precio su vivienda”.
“Curiosamente los intereses del Govern conducen siempre a Campos”, ha deslizado Garrido. Y es que, entre otros episodios que afectan a este núcleo, la Justicia puso fin en 2013 a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.
En un instante de su intervención en que Garrido recriminaba que, este martes, la bancada del PP “pasará a la historia” por “romper el consenso” en torno a la disciplina urbanística al permitir construir en zonas riesgo urbanizaciones y equipamientos públicos, lo que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras, le han afeado desde sus respectivos escaños, la socialista se ha dirigido a éste último para recriminarle que aún les tocaba un turno de intervención, retándole: “¡Sea valiente y venga aquí!”.
Presión urbanística sobre el entorno natural
Acto seguido, ha acusado a los populares de “venir a hablar de las pobrecitas familias que podrán hacer reformas por goteras, cuando lo que harán será legalizar chaletarros y eso Sagreras lo conoce bien, porque están todos en su pueblo”, ha manifestado. Precisamente, el portavoz del PP era alcalde de Campos cuando el Ayuntamiento de la localidad promovió la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos de Ses Covetes, a pesar de las sucesivas resoluciones judiciales dictadas en pro de la demolición de los apartamentos en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan en las islas (casi dos décadas en manos de los tribunales).
Con la aprobación de la Ley de simplificación administrativa, Garrido ha recriminado que aumentará “de forma desproporcionada” la presión urbanística sobre el territorio gracias a la regularización de “casas con jardín tropical, piscina y pista de tenis” y se incrementará la presión turística sobre el entorno natural mediante la “construcción de aparcamientos en las playas y el consumo desmesurado de agua”. “El cambio climático es el mayor desafio de nuestro tiempo, pero esta ley mira hacia atrás”, ha incidido.
En esta línea, la parlamentaria ha lamentado que, “sin la desgracia” ocurrida en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA, “hoy verían totalmente normal construir en zonas inundables, legalizar y reformar casas ilegales. Y, pese a ello, permitirán que se hagan obras en zonas inundables”. “Hoy, el PP les está diciendo a los ciudadanos que han hecho las cosas como toca: 'sois tontos'”.
Podemos: “El decreto favorecerá a los de siempre mediante el urbanismo a la carta”
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez Cristina Gómez ha recriminado que, con esta medida, se “favorezcan los pelotazos urbanísticos” y se favorezca “a los de siempre mediante un urbanismo a la carta”. “Y no es una forma de hablar: toda la gente que tiene casas que deberían ser para los agricultores de repente son casoplones. Han eliminado la Comision de Medio Ambiente al considerarla un órgano político y la han sustituido por un único cargo político”.
Del mismo modo, la parlamentaria de Més per Mallorca Maria Ramon ha criticado que el decreto será el de “la barra libre para la destrucción masiva del territorio”, mientras que Josep Castells, desde Més per Menorca, ha lamentado que este martes es “”un dia muy triste para el equilibrio ecológico y la lucha contra el cambio climático en[e Balears“, acusando además al PP de estar ”en manos de negacionistas climáticos [en alusión a Vox]. En lugar de avanzar, retrocedemos“, ha incidido.
Precisamente, sobre ello se ha pronunciado en otro punto del debate el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons: “¿A quién necesita el PP? A los diputados que han huido, con ellos saca adelante estas políticas. Gracias al voto de diputados tránsfugas, y eso ya es un retroceso democrático. Han perdido una oportunidad extraordinaria. Lo disfrazan de simplificación administrativa, cuando es una desregulación legislativa”.
El Govern: “La situación de indefensión no viene provocada por el PP”
Por su parte, la consellera Estarellas ha asegurado entender “la preocupación de todos, pero la situación de indefensión hacia nuestros ciudadanos no viene provocada por el PP sino por todos los que han tenido responsabilidad de gobierno, sobre todo en municipios”. “A mí me sabe mal, pero la marca antecesora de Més per Mallorca, el PSM, en Santa Maria lideró durante muchos años el ranking de permisos de obras ilegales en suelo rústico”, ha aseverado, “así que creo que los 'santamariers' estarán contentos, en un momento dado, de poder intentar legalizar algo”. “Este debate se nos escapa un poco a lo que son las siglas políticas”, ha opinado.
En este sentido, ha concluido que ante este tipo de edificaciones “se puede no hacer nada o intentar hacer algo para mejorar y, todo lo que sea mejorar, legalizar, y proteger a las personas, es responsabilidad de todos”.