PP y Vox fracasan al implementar la escuela en castellano en Balears: sólo 11 centros se apuntan a su plan

Los datos presentados por el Govern muestran que ningún centro público de Balears manifiesta su voluntad de participar en el plan de segregación lingüística que el PP pactó con Vox para desmantelar la escuela en catalán. En cuanto a los centros privados y concertados, estos no superan los once. Así, del total de 339 centros de primaria de las Illes Balears (117 privados y concertados y 222 públicos), solo un 3,24% se suma en el 'Pla Vera' (como se conoce esta iniciativa en referencia al conseller de Educación, Antoni Vera, del PP), según datos de la Obra Cultural Balear (OCB).

La OCB ha comunicado mediante nota de prensa su negativa al plan de segregación lingüística, ya que considera que “se debe evitar la introducción de medidas discriminatorias al sistema educativo porque van en contra la cohesión social por razones exclusivamente ideológicas y no pedagógicas”. Además, considera que su aplicación no se llevó a cabo pensando en la ciudadanía, debido a que “es un plan que no fue avalado por la mayoría social del pueblo de Mallorca y Balears, sino que es una cesión del PP con Vox, y no figuraba en el programa electoral del PP antes de las elecciones”.

Cabe recordar que el “Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua” se aprobó en diciembre del año pasado tras días de tensa negociación entre el PP y Vox para aprobar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Balears para 2024. Los populares cedieron a la extrema derecha y aceptaron que se destinasen 20 millones de euros al plan de segregación lingüística, además de eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos. 

Una de las cuestiones que más polémica ha generado es que el Govern traslada a la dirección de los centros la responsabilidad de aplicar o no el “Pla Vera”. Esto es así porque son los centros educativos quienes voluntariamente pueden adherirse (o no) al proyecto. Si así es, el centro recibirá los recursos y la dotación presupuestaria correspondiente para “ofrecer determinadas áreas o materias en las dos lenguas, a elección de los padres y madres de los alumnos”.

El conseller Vera afirmó que “segregación” no era la palabra idónea para referirse al nuevo plan educativo. “Esa no es la palabra”, valoró, apuntando a que se utilizarán “las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”. Por otro lado, Vera también insistió en que aquellos centros educativos que están conformes con su proyecto lingüístico podían continuar con él. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirmó Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”.

Del mismo modo, solo los centros en los que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse al nuevo plan lingüístico han podido adherirse a él. “Serán los centros los que den a las familias la oportunidad de elegir, en las dos o tres materias que éstos propongan para el plan, en qué lengua vehicular quieren que sus hijos estudien”, señaló Vera. “Es en este punto en el que se ha puesto un mínimo de un 20% de alumnos”, añade. Además, los colegios e institutos que quieran sumarse al plan deberán garantizar que disponen de las instalaciones idóneas. “Para hacer los desdoblamientos hace falta espacio. Por tanto, es claro que los centros que no dispongan de éste no podrán adherirse al plan”, concluye Vera. Si se trata de un grupo reducido será de un mínimo de cinco alumnos por grupo.

La comunidad educativa, en contra

Según declaraciones del presidente de la OCB, Antoni Llabrés, la entidad “ha acudido la Justicia para intentar frenar el plan de segregación lingüística” y por eso reivindica que “se suspenda de inmediato de forma cautelar su aplicación”. La OCB interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra la iniciativa por considerar que es “claramente contraria a la legalidad vigente” y que “puede causar graves perjuicios en la comunidad educativa y al sistema educativo balear en conjunto”.

El secretario general del STEI, Miquel Gelabert, sostiene que el fracaso de la iniciativa es una “prueba irrefutable del despropósito de este plan” y vincula que la participación haya sido solo por parte de centros privados y concertados “más por un motivo económico que pedagógico”. “Estos centros, en general, ya enseñaban en castellano”, añade. 

El colegio Santa Mónica, ubicado en Palma, es uno de los once centros que se ha adherido al plan de modificación de materia lingüística. Según Olga Ballesteros, profesora y presidenta de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS Educación), “sólo querían impartir en castellano la asignatura de matemáticas, que ya se hacía así con anterioridad”.

Desde PLIS apoyan el plan de PP y Vox, aunque consideran que “el modelo planteado por el Govern es incorrecto en sí mismo por dar la oportunidad de decidir a los colegios”, y celebran que haya once centros que se han adscrito, pero “revisarán si se aplica el plan piloto en condiciones” para impedir que la participación haya sido por otros motivos como “conseguir más personal docente o de refuerzo”, situación que podría darse dado que, por su parte, la Conselleria d’Educació i Universitats dotará los centros que participen de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la iniciativa.

Los centros que han solicitado adherirse al Plan “tendrán que garantizar siempre un mínimo del 50% de las horas lectivas en lengua catalana para cumplir con el Decreto de mínimos y ofrecerán la posibilidad de hacer las matemáticas y conocimiento del medio en catalán o castellano”, según la Conselleria d'Educació i Universitats.