El Parlament balear ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la Proposición de Ley que elimina en un plazo de tres meses la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos. Más de veinte asociaciones y entidades emitieron recientemente declaraciones de apoyo con las que reclamaban evitar la supresión del ente.
El cierre de la Oficina Anticorrupción ha sido uno de los firmes propósitos que alcanzaron los populares y la extrema derecha en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los conservadores pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
Durante su intervención en el pleno de la Cámara autonómica, el portavoz adjunto del Grupo Socialista Marc Pons ha recriminado que con la eliminación de la Oficina el PP “vuelve a la impunidad de los años duros de la corrupción en Balears”, durante los cuales la formación conservadora se convirtió en la única de las islas, ha recordado, en ser condenada por financiarse de forma ilegal así como por desviar fondos públicos con fines electorales. “El PP está creando con esta medida las condiciones que le favorecen para delinquir”, ha incidido.
Como ha puesto de manifiesto, “durante los más de 40 años de autonomía y en cada una de las diez legislaturas precedentes, el Govern ha trabajado por avanzar en el Estado derecho mediante la creación de instituciones que estuvieran a la altura de las exigencias de los ciudadanos”. “Aunque no ha sido un camino lineal, siempre se ha dado un paso adelante en este sentido”, ha añadido Pons, quien ha criticado, no obstante, que la supresión de la Oficina supondrá “un retroceso en la normalidad democrática”.
El socialista ha aseverado que, a partir de ahora, entre otras consecuencias de la eliminación del organismo, desaparecerán las funciones de inspección en materia de corrupción, las declaraciones de bienes dejarán de ser públicas y un ciudadano “ya no podrá poner una denuncia anónima”. Asimismo, ha señalado que en este caso “no es Vox quien fuerza a la supresión; aquí es al revés, el que esta convencido de esta medida es el PP. Vox, sencillamente, hace de comparsa y quien hace posible con su voto la eliminación de la oficina”.
“Duplicidad” con otros organismos
Por su parte, el diputado del PP y vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, ha señalado, durante la defensa de la iniciativa, que el objetivo de la norma es recuperar y mejorar el sistema anterior y avanzar hacia una administración “más eficiente y sostenible” que “garantice la transparencia y el control de los cargos evitando el gasto actual”. Rovira, refiriéndose a la memoria de la Oficina del año 2022, ha apuntado que de los 104 expedientes tramitados, el organismo se limitaba a archivar o reenviar las denuncias a las instancias competentes, “demostrando así la duplicidad existente” con otros organismos.
“No ha tenido ningún papel relevante positivo. No ha añadido nada en positivo, ya que las denuncias que han llegado a la oficina se podrían haber presentado perfectamente de forma directa ante las otras administraciones”, ha manifestado el popular, recriminando de igual modo que la Oficina no ha demostrado independencia y ha filtrado “casualmente” expedientes coincidiendo con otras investigaciones. También ha criticado que se escogiera como director a un alto cargo socialista. El diputado ha criticado el funcionamiento “claramente parcial” de la Oficina.
Por su parte, la portavoz adjunta de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha lamentado que durante muchos años Balears fuese famosa por sus escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos que dieron lugar al “inicio del desprestigio hacia la clase política”. La ecosoberanista ha recordado que los ciudadanos de las islas vieron entrar en prisión a un presidente del Govern, en referencia a Jaume Matas, y a una presidenta del Parlament, en alusión a Maria Antònia Munar.
Ramon ha señalado que la Oficina Anticorrupción supuso un “antes y un después” para Balears y ha alertado de que PP y Vox quieren volver “a los años más oscuros”. La diputada de Més ha rechazado que la Oficina suponga un elevado coste y ha negado que existan duplicidades.
Podemos señala que dejarán de tramitarse más de 200 denuncias
Ante las criticas de que se trate de un “chiringuito”, Ramon se ha referido a la intención de Vox de crear una oficina lingüística dotada con un presupuesto de 750.000 euros para perseguir personas, ayuntamientos, entidades y consejos escolares. La diputada de MÉS ha recordado, además, que con el cierre de la Oficina, se dejarán de investigar más de 200 denuncias.
En relación al coste de la lucha contra la corrupción, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado que es un argumento que “da risa” dado que, a su juicio, lo que quieren los ciudadanos es que no se malgaste el dinero público, no que se gaste dinero público en luchar contra la corrupción. El menorquinista ha insistido en que la ley va encaminada a hacer más opaca la prevención de las conductas corruptas.
Mientras tanto, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha criticado el “cinismo” de que una proposición para eliminar la Oficina Anticorrupción reciba el título de ley de transparencia y ha negado que exista duplicidad con otras instituciones. “Ustedes van a pasar a la historia por ir en contra de 22 entidades internacionales que han pedido la retirada de la ley. Y usted, señora Prohens, será recordada como la presidenta de la 'república del bote de Cola-Cao'”, ha concluido Gómez, recordando el caso de una alto cargo del Govern condenada que guardaba en latas de Cola-Cao más de 250.000 euros procedentes de comisiones.
Vox: “También hubiéramos cerrado el Instituto Balear de la Mujer”
El último en intervenir ha sido el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha celebrado el cierre de la Oficina añadiendo que les hubiera gustado “cerrar más cosas”, pero no les han “dejado”, en referencia al PP. “Hubiéramos cerrado el Instituto Balear de la Mujer (IB-Dona) y otros organismos ineficaces. Éste, por lo menos, podemos cerrarlo”, ha afirmado. La intervención de Sergio Rodríguez, que ha concluido con una referencia a la protección de las mujeres, ha sido recibida con aplausos por parte de la bancada popular.
Cabe recordar que el registro, el pasado mes de octubre, de la iniciativa para la eliminación de la Oficina Anticorrupción coincidió con las investigaciones impulsadas por este ente en torno a una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP).
El texto de la Proposición de Ley señala que la Oficina, a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales de la misma, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones”. Asimismo, la iniciativa prevé que, tras la clausura de este ente, las declaraciones de bienes de los cargos públicos tengan “carácter reservado”, lo que implica que esta información deja de ser pública y que se depositará en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament.