La contundencia con la que Vox está apretando las tuercas al PP en Balears se ha saldado con una nueva cesión de los populares a los ultraderechistas: la exención del pago del Impuesto de Patrimonio a quienes posean menos de tres millones de euros, excluida la valoración de la vivienda habitual. Hasta el momento, el límite se situaba en los 700.000 euros. La nueva medida supondrá una importante merma de ingresos -entre 60 y 70 millones de euros- para la Comunidad Autónoma y prevé favorecer a las fortunas más elevadas, al igual que la eliminación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP), aupado gracias al apoyo de la extrema derecha, aprobó vía decreto de urgencia el pasado mes de julio.
Pese a que ni PP ni Vox hablan de eliminación de este gravamen, en la práctica sí supone que el Govern suprimirá al máximo su aplicación en Balears, dado que la práctica totalidad de los contribuyentes quedarán exentos de su pago. Si el Ejecutivo hubiera eliminado también el tributo para las fortunas superiores a los tres millones de euros, el efecto sería nulo en Balears, dado que esos patrimonios pasarían a tributar al Gobierno central a través del 'impuesto de solidaridad de las grandes fortunas', cuyo tipo impositivo se sitúa en el 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para quienes posean un conjunto de bienes de entre 5 millones y 10 millones, y del 3,5% para aquellos que superen los 10 millones de euros.
Se trata, en realidad, de un tributo complementario al del Impuesto sobre el Patrimonio, que ingresan en su integridad las Comunidades Autónomas. De esta forma, lo abonado a través de este gravamen -en el caso de quienes cuentan con un patrimonio de más de tres millones de euros- acaba descontándose de la cuota a pagar por el 'impuesto a las grandes fortunas', evitando así tributar dos veces por el mismo patrimonio y concepto. Asimismo, los aspectos clave del Impuesto de Patrimonio -el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones aplicables- continuarán siendo decisión de Balears, al igual que del resto de Comunidades Autónomas que aplican este tributo.
Cabe recordar que el 'impuesto a las grandes fortunas' fue avalado el pasado mes de noviembre por el Tribunal Constitucional tras rechazar el recurso interpuesto en este sentido por la Comunidad de Madrid al considerar que este gravamen vulneraba su “autoridad financiera”. En concreto, este tributo es de carácter estatal y temporal -está previsto para los años 2023 y 2024-. Este año, las arcas públicas han recaudado en toda España más de 623 millones de euros de más de 12.000 grandes patrimonios, que suponen el 0,1% del total de contribuyentes.
La reforma fiscal de PP y Vox
Cabe recordar que, apenas unas semanas después de alzarse el PP con el Ejecutivo balear, y a riesgo de reducir el escudo social desplegado tanto a nivel estatal como regional en los últimos años y de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea, el Govern daba luz verde a una reforma fiscal con la que se sumaba a los recortes iniciados en su día por Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia. Entre otras medidas, los populares aprobaron la rebaja del tributo que grava las herencias, ya ampliamente bonificado en toda España, y el que hace lo propio con las propiedades de los más ricos, convertidos en el fetiche de una batalla fiscal que se viene produciendo desde hace años y cuya rebaja beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.
No sólo eso. Numerosos estudios rebaten uno de los mantras más repetidos por los partidos conservadores y la ultraderecha -que la reducción y el recorte de impuestos impulsan el crecimiento de la actividad económica y, con ello, el bienestar de la ciudadanía- y citan como ejemplos más flagrantes de ello las políticas impulsadas por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, artífices de la “revolución conservadora” de los años ochenta traducida en la desregulación económica, la limitación del papel de los sindicatos, el fuerte incremento del paro y la privatización de empresas.
Los populares claudican ante la extrema derecha
Con la exención del Impuesto de Patrimonio hasta los tres millones de euros, entre otras medidas, el Parlament balear ha escenificado este martes la claudicación de los conservadores respecto a exigencias a las que hasta el momento se habían opuesto y que Vox les ha arrancado como condición para poder apoyar y sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2024. Entre tales demandas, los ultraderechistas han 'conquistado' el compromiso de destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán y eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos.
En total, este martes, primer día de debate de los Presupuestos del próximo año, se han aprobado un total de 51 enmiendas que se han incorporado al articulado en el primer bloque de votaciones. De estas primeras correcciones aceptadas durante la sesión plenaria, la mayor parte son del PP. Vox se ha desmarcado, sin embargo, de los populares al votar con la izquierda tres enmiendas al articulado, dos de los ecosoberanistas de Més per Menorca y una del PSIB, destinadas a suprimir dietas y pluses de altos cargos. Con su voto, dichas correcciones han quedado plasmadas en el texto.
En primer lugar, los de Abascal han apoyado la enmienda de Més per Menorca que excluye a los cargos de fuera de Balears del plus de residencia de 18.000 euros anuales y que el PP quería rescatar. El anterior Govern, presidido por la socialista Francina Armengol, sí decidió mantener esta partida para los diputados que se trasladen a Mallorca desde el resto de las islas del archipiélago. La enmienda aprobada plantea, de este modo, mantener este complemento sólo para los cargos de Menorca, Eivissa y Formentera que tengan que desplazarse a la mayor de las Balears.
Otra enmienda de Més per Menorca que ha salido así adelante suprime las dietas para los miembros del Govern que asisten a reuniones de órganos que dependen de su Conselleria. Igualmente, Vox también ha apoyado una corrección del PSIB sobre indemnizaciones a altos cargos por gastos de desplazamiento y manutención. La enmienda ha salido adelante por sólo un voto de diferencia al abstenerse Més per Mallorca.
Otra de las enmiendas destacadas, en este caso del PP, dota de una partida de 1,9 millones de euros la internalización de los trabajadores de informativos de la radiotelevisión autonómica IB3. El PSIB ha apoyado la propuesta a pesar de que considera que la cantidad “no será suficiente”. Por ello, los socialistas pedían al PP que apoyaran sus enmiendas sobre el mismo tema, con cuantías superiores, “más precisas y reales en cuanto a las necesidades” del ente.
De todas las enmiendas del PP, sólo una ha sido rechazada por votar Vox en contra de la misma. Con ella, el PP introducía una batería de modificaciones a la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2022 a través de la Ley de Presupuestos. Los ultraderechistas se han abstenido en otra corrección de los populares para la creación de la entidad pública empresarial Enseñanzas Artísticas Superiores de Balears, que ha sido igualmente aprobada.