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Este domingo, Palma fue testigo de una movilización masiva en contra de las políticas de PP y Vox dedicadas a arrinconar el catalán de la esfera pública. El 'Correllengua' nació en 1995, pero el de este año ha estado marcado por las medidas hostiles de la derecha y la extrema derecha contra el idioma propio de las Islas. Miles de personas consiguieron desbordar la céntrica Plaça Major y, ataviadas con camisetas verdes -el color que hace once años tiñó las calles de Mallorca en contra del intento del PP de desmantelar la escuela en catalán-, lanzaron un mensaje claro a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP). “Ya basta. O está con la mayoría social o sigue arrodillada ante el fascismo”, comentó Toni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear, una de las entidades organizadoras de una jornada considerada ya histórica.
Las intenciones de PP y Vox en contra de la lengua catalana quedaron claras desde el inicio de la campaña electoral de mayo del año pasado, pero fueron ratificadas en papel tras la firma del acuerdo de investidura que permite gobernar a Prohens en solitario con el apoyo parlamentario de Vox. Además de las medidas que ya han adoptado en el ámbito educativo, sanitario y de la administración municipal, todavía está en el aire la posibilidad de eliminar el requisito del catalán en los procesos selectivos de toda la función pública -es decir, que para tener una plaza de funcionario no sea necesario acreditar ningún nivel de catalán-. PP y Vox preparan, asimismo, la creación de una 'Oficina de Libertad Lingüística', ideada y dirigida por Vox para, a través de multas desorbitadas, “luchar contra la imposición del catalán” en Balears, lo cual supone un contrasentido, pues el idioma propio de las Islas es el catalán.
Mientras tanto, en el Parlament, PP y Vox han implantado el castellano en las comunicaciones oficiales del órgano legislativo tras más de 30 años emitiéndose en catalán. La medida, como todas las demás, provocó la indignación de numerosas entidades, así como de los grupos de izquierdas de las Islas, que tachan la iniciativa de “imposición”. Asimismo, Vox preguntará este martes al vicepresident del Govern balear del PP, Antoni Costa, si su Gobierno está a favor de “sustituir la denominación 'catalán' por la de 'lenguas baleares'” en el Estatut. Todo esto viene motivado por la iniciativa de la Casa Real de distinguir a una entidad contraria a la unidad del catalán y que defiende erróneamente que en Balears no se habla catalán, sino el pseudoidioma balear. Esto, que sería semejante a afirmar que en Andalucía no se habla español, sino el “idioma andaluz”, ha despertado las críticas de los expertos, pues existe un amplio consenso científico en torno a que en las Islas se habla catalán.
Sanitarios que no tendrán que saber catalán
El primer ámbito en verse afectado por las políticas anticatalanistas de la derecha fue el sanitario: poco tiempo después de llegar al poder, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó un decreto de medidas urgentes para que el catalán fuera un mérito y no un requisito a la hora de trabajar en al sanidad pública balear. Según el PP, el objetivo era combatir el histórico déficit de sanitarios que sufre el archipiélago -como también lo padecen otras regiones de España-, pero confesó que no dispone de los datos que avalarían, a su juicio, la eliminación del catalán como requisito laboral. La consellera de Salud, Manuela García, reconoció que no sabe cuántos profesionales entran o salen del sistema sanitario por tener que acreditar cierto nivel de catalán, dado que cuando un médico se marcha el requerimiento del catalán no se hace constar entre las causas de abandono, por lo que admitió que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios.
Con todo, Manuela García señaló que se iba a poner a disposición de los trabajadores sanitarios cursos de lengua catalana para “potenciar” que la comunicación con los pacientes pueda mantenerse con “absoluta normalidad”. Para García, pedir a los sanitarios que acrediten un nivel de catalán para tener una plaza fija en la sanidad pública balear es “excluyente y disuasorio”, a pesar de que el Estatut reconoce que “la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial” y que “todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma”. Prohens opina igual que García, aunque reconoce que “el tema del requisito del catalán no es el único problema de cara a la falta de médicos en Balears” -los sindicatos apuntan a las condiciones laborales y al alto precio de la vivienda-. En la misma línea se han manifestado otros sindicatos médicos, como Simebal, que lleva defendiendo desde el año 2000 la eliminación del requisito del catalán.
Radicalmente distinta es la visión de Sanitaris per la Llengua (Sanitarios por la Lengua). “Es una cuestión de humanidad poder ser atendido y morir, si fuera el caso, en tu lengua materna”, comentan Marc Bonet y Quique Rimbau, dos de los más de 300 profesionales sanitarios que constituyen esta plataforma. Lo cierto es que, mientras gobernaba la izquierda, el requisito tampoco se aplicaba para aquellas áreas consideradas de “difícil cobertura”, es decir, aquellas categorías profesionales en las que hay déficit de trabajadores sanitarios. Sin embargo, como lamenta el doctor Bonet, desde que empezó la nueva legislatura, el Govern del PP “lo extendió a toda la sanidad”. En opinión del anestesiólogo, esto supone un problema para el paciente. “Es una realidad que la población vulnerable, como la gente mayor, con patologías como alzhéimer o problemas psiquiátricos, se tiene que expresar en su lengua materna y eso es importante para el diagnóstico y el seguimiento médico”, asegura. “El catalán no es el problema”, comentó, por su parte, Carles Recasens, presidente del Colegio de Médicos de Balears (Comib).
Tras la aprobación de la medida, PSOE y Sumar llevaron al Tribunal Constitucional la decisión del Govern del PP de retirar el requisito de saber catalán para trabajar en la sanidad pública al considerar que vulnera “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia” y “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”. El pasado mes de enero, el pleno del Constitucional decidió admitir a trámite el recurso interpuesto por ambas formaciones políticas. Todavía no ha sido llevado a pleno, por lo que será necesario esperar unos meses para que el Alto Tribunal se pronuncie.
Alumnos que no estudiarán en catalán
El otro ámbito donde PP y Vox han iniciado una cruzada contra el catalán es el educativo. José Ramón Bauzá (PP), expresidente del Govern, intentó sin éxito desmontar el sistema de inmersión lingüística en las Islas para implementar el TIL (Tratamiento Integral de Lenguas), lo que le costó una de las mayores movilizaciones en la historia de Balears. Ahora, el Govern de Marga Prohens (PP) ha cedido a las presiones de su socio de investidura, Vox, que ha hecho de la escuela en catalán una de las principales dianas de sus políticas de extrema derecha. Incluso, ha llegado a chantajear al PP: o aceptaba destinar 20 millones de euros a eliminar la inmersión lingüística en la escuela o no aprobaba los Presupuestos autonómicos. Al final, el PP cedió a las pretensiones de su socio para implementar la llamada “libre elección de lengua”. Es decir, que las familias puedan elegir si sus hijos estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos.
El conseller de Educación, Antoni Vera, presentó en marzo el plan piloto voluntario de la “libre elección de la lengua”, que se implementará a partir del curso 2024-2025. Según Vera, supone hacer “agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”. Serán los centros quienes “voluntariamente” podrán adherirse (o no) al proyecto. Es decir, aquellos que están conformes con su proyecto lingüístico en catalán podrán continuar con él. Si opta por la “libre elección de lengua”, el centro recibirá los recursos y la dotación presupuestaria correspondiente para “ofrecer determinadas áreas o materias en las dos lenguas, a elección de los padres y madres de los alumnos”. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirmó Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”. Del mismo modo, solo los centros en los que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse al nuevo plan lingüístico podrán adherirse a él. “Serán los centros los que den a las familias la oportunidad de elegir, en las dos o tres materias que éstos propongan para el plan, en qué lengua vehicular quieren que sus hijos estudien”, señaló Vera.
La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un plan para “segregar” al alumnado en función de la lengua. El problema es que, según ha señalado la mayor parte de la comunidad educativa a elDiario.es, la mayoría de los alumnos del archipiélago balear son menos competentes en cuanto al dominio oral y escrito del catalán que del castellano. Es decir, según gran parte de los docentes, el problema podría empeorar si se reducen las horas de catalán mientras se aumentan las dedicadas al castellano. “Muchos alumnos no tienen competencias para expresarse en catalán, pese a que tenemos un sistema que asegura el 50% de las asignaturas en dicho idioma”, afirmó a elDiario.es Mario Devis, secretario general de la rama educativa de CCOO en Balears. “La Conselleria de Educación tiene informes sobre cuáles son los resultados del conocimiento de las lenguas en diferentes periodos. No hay un mayor conocimiento del catalán sobre el castellano”, aseguró a este diario Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la FAPA.
Administración local en castellano
El 27 de julio del pasado año, apenas un mes después de recuperar la batuta de la alcaldía de Palma, los conservadores alcanzaron un acuerdo con la extrema derecha para modificar la normativa lingüística municipal, que llevaba 35 años en vigor. Lo hicieron con los votos en contra del PSIB-PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos. El cambio supuso que la administración local debe dirigirse en castellano al ciudadano cuando éste se haya dirigido al Consistorio en esta lengua, cuando antes se debía pedir expresamente. Del mismo modo, el dominio '.cat' de la web del Ajuntament se transformó en '.es'.
La propuesta fue aprobada a iniciativa de Vox, que pretendía introducir el uso del castellano “en toda la práctica administrativa”. No lograron su propósito dado que, para ello, debía modificarse la Ley de Normalización Lingüística de 1986, que es de ámbito autonómico. El reglamento de normalización lingüística de Palma, de 1987, establece en su artículo 1 que el catalán es la lengua propia de Palma y que tanto el catalán como el castellano son las lenguas oficiales del Consistorio. Hasta la modificación impulsada por ambos socios, la normativa indicaba en su artículo 2 que los ciudadanos tenían el derecho de obtener una respuesta según la lengua que hubiesen utilizado, si así lo solicitaban.
También en el municipio mallorquín de Calvià, tradicional feudo socialista, PP y Vox aprobaron el pasado mes de marzo un nuevo reglamento lingüístico, tumbando para ello el que se mantenía en vigor desde 1988. El catalán ha dejado así de ser la lengua usual del Consistorio y, desde ese momento, utiliza de forma indistinta “el español y el catalán”, como especificó el equipo de gobierno municipal.
Vox quiere eliminar la financiación al catalán
Mientras tanto, en el Consell de Mallorca, el grupo de Vox ha anunciado su decisión de retirar su apoyo a las políticas lingüísticas del gobierno del PP en favor de la lengua catalana, que considera “completamente erróneas”. La formación de Santiago Abascal hizo pública esta decisión tras la aprobación la semana pasada de las subvenciones nominativas a entidades como la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, el Gremi de Llibreters y Joves per la Llengua, a las que Vox se opuso con su voto.
El portavoz de Vox, Toni Gili (objeto de polémica en los últimos meses por referirse a la Guerra Civil como “la última cruzada de liberación”, haciendo apología de la guerra civil y de la dictadura franquista mientras se debatía una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos), aseveró que, aunque su grupo apoyó inicialmente los presupuestos de la institución, no puede avalar políticas que utilizan la lengua “como excusa para dividir a la sociedad y al propio gobierno del Consell”.
En el Consell de Menorca, los Presupuestos se encuentran enconados a la espera de desatascarse las negociaciones entre PP y la única consellera con la que cuenta Vox en la institución, Maite de Medrano, quien recrimina que, entre otros aspectos, las cuentas mantengan o aumenten las partidas destinadas al fomento del catalán. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre los populares expulsaron a De Medrano, rompiendo su pacto con los de Abascal, a raíz de la “falta de actividad” de la consellera en el departamento del que era responsable hasta entonces.