PP y Vox han protagonizado en las últimas semanas un duro enfrentamiento en Balears que ha provocado un auténtico cisma político en las filas del partido liderado por Santiago Abascal. Esta crisis política tiene como telón de fondo una de las medidas estrella de la derecha balear, cuyo tanto se quiere apuntar Vox: la reforma de la ley educativa que permita desmantelar la inmersión lingüística en catalán. Es una de las obsesiones de la extrema derecha, que quiere acabar con la escuela en el idioma propio de las Islas.
Los ultraderechistas utilizan un eufemismo para referirse a ello: la “libre elección” (catalán o castellano) de la lengua en la educación. El PP tiene una visión más moderada que Vox, pero comparte la idea de enterrar el modelo educativo que hay en vigor en Balears. La principal batalla entre PP y Vox en el archipiélago pasa por decidir cómo y cuándo se implementará esta medida. Desde Vox defienden la segregación de los alumnos en función de la lengua en la que estudian. “Ya se desdobla por optativas. ¿Acaso escoger una u otra operativa es segregación?”, se pregunta Idoia Ribas (Vox). “Nos sorprende el conseller de Educación (del PP) diciendo que a los niños no se les va a separar por lengua”, reclama la diputada de la ultraderecha.
Desde el PP, sin embargo, huyen de la palabra “segregación”, que molesta especialmente a la presidenta, Marga Prohens. Este lunes, la líder de los conservadores en las Islas ha afirmado que “el Estatut de Autonomia y la legislación educativa no permiten que haya segregación”. “Sabemos cuáles son nuestros límites, no se pueden negociar cosas de imposible aplicación si no tenemos los recursos humanos y económicos necesarios”, ha añadido. Estas son las declaraciones más contundentes que ha expresado el PP en contra de la segregación desde que se originó el conflicto, pero los conservadores siguen sin aclarar cómo desarticularán la escuela en catalán sin segregar a los alumnos por el camino.
Cabe recordar que en el anterior Govern del PP en Balears, siendo José Ramón Bauzá presidente (2011–2015), se produjeron las mayores manifestaciones de la historia del archipiélago balear en su contra, precisamente, debido a un proyecto educativo, denominado TIL, que pretendía implantar el trilingüismo en la enseñanza pública. Ese modelo fue contestado ampliamente en las calles, pues no contaba con el respaldo de la mayor parte de la población balear, ni tampoco de la comunidad educativa. El PP, sin embargo, sostiene que la reforma educativa que plantean se consensuará con los docentes. “Esta no será la legislatura de la confrontación lingüística”, insistió Marga Durán (PP), portavoz parlamentaria, y afirmó que quien intenta confrontar con hipótesis “son los partidos del Pacte”, es decir, la izquierda –PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos–.
La comunidad educativa, en contra del acuerdo PP-Vox
Las federaciones de asociaciones de padres y madres de Mallorca, Menorca y Eivissa, así como las asociaciones de directores de las escuelas infantiles y de centros de primaria y secundaria, han reclamado este lunes una “reunión urgente” con la presidenta del Govern. Un encuentro que también han exigido las cooperativas de enseñanza, inspectores de educación, sindicatos de docentes –STEI, CCOO, UGT, SIAU, UOB y Alternativa– y algunas entidades culturales, según ha indicado la asociación Obra Cultural Balear (OCB).
En dicho comunicado, los afectados se muestran en contra de la “segregación lingüística” que supondría el modelo educativo que quieren implantar PP y Vox. Según conservadores y ultraconservadores, se trata de “libertad de elección”, aunque la comunidad educativa habla de “segregación lingüística” y defienden que el modelo rompería el “consenso” lingüístico existente. Esta “segregación”, afirman, dinamitaría “el modelo lingüístico educativo” y atentaría contra “la cohesión social”, con el único objetivo de “satisfacer una minoría extremista que persigue obsesivamente la aniquilación de la lengua catalana”, apuntan.
El origen del conflicto
Las discrepancias entre ambos partidos brotaron en el pleno del 17 de octubre, cuando Vox llevó una Proposición No de Ley (PNL) al Parlament para desmantelar la escuela en catalán, pero el PP se abstuvo, por lo que la iniciativa de los ultraconservadores no salió adelante. La venganza es un plato que se sirve frío, debió pensar Idoia Ribas, portavoz parlamentaria de Vox, y diputada balear con mayor peso de la formación. Por ello, los ocho diputados de Vox decidieron –en esa misma sesión plenaria– bloquear el techo de gasto del PP, paso previo e imprescindible para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2024, los primeros de Prohens (PP) como presidenta del Govern.
Este fue uno de los debates parlamentarios más broncos de los últimos años y la vendetta de Vox provocó un hecho insólito: que por primera vez se votara en contra de un techo de gasto en el Parlament. Fue una sesión en la Cámara balear en la cual Vox, que no forma parte del Govern, hizo valer sus escaños para recordarle al Partido Popular que la legislatura es muy larga –apenas acaban de transcurrir los primeros cien días– y que pueden, si quieren, tumbar las propuestas de los populares si no cuentan con ellos para implantar su programa de gobierno.
Crisis interna en Vox
Esta decisión, sin embargo, causó una herida interna en Vox. Al día siguiente, Ribas destituyó al diputado menorquín Francisco José Cardona –a quien se situaba afín a la cúpula de Santiago Abascal, favorable a aprobar el techo de gasto propuesto por el Govern del PP– como portavoz adjunto para colocar a uno de sus diputados fieles, Sergio Rodríguez. Este hecho tuvo como desenlace el abandono de Cardona de la formación, pese a que ha decidido mantener su acta como diputado. Cardona lamentó haber sido tratado, en su opinión, con “deslealtad”. “He demostrado lealtad, cumpliendo todo lo que el partido me ha pedido que cumpliera, que no era otra cosa que respetar el acuerdo de investidura” con el PP, argumentó Cardona, quien aseguró que Vox tenía “instrucciones muy precisas y muy concretas” para aprobar el techo de gasto.
Con respetar el acuerdo de investidura, Cardona se refería al hecho de que PP y Vox tienen un acuerdo de 110 medidas, mediante el cual los ultraderechistas se comprometen a dar “estabilidad” al Govern, y a no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales durante toda la legislatura. Solo hay una excepción: que se produzca un incumplimiento del acuerdo. Vox cree que el PP lo ha incumplido al no aprobar su PNL sobre la lengua en la escuela, pero lo cierto es que el acuerdo sólo se prevé que se eliminará el catalán como lengua vehicular de la enseñanza antes de que acabe la legislatura. Es decir, no especifica nada de plazos. “Pensaba que teníamos un acuerdo”, afirmó atónito Antoni Costa (PP), portavoz y vicepresidente del Govern.
Cumbre PP-Vox sobre la lengua
El pasado viernes hubo una reunión entre el PP y Vox, en la cual se abordó la crisis generada a cuenta de la cuestión lingüística, y de la cual los ultraderechistas salieron “satisfechos” –aunque no trascendieron los detalles de la misma–. Ribas, portavoz parlamentaria de los ultraconservadores, informó este lunes que se volverían a sentar con los conservadores para negociar “cuándo y cómo” se aplicará la libre elección de lengua en la enseñanza. Vox salió contento de la reunión que se celebró el viernes a las seis de la tarde en el Parlament porque por primera vez fueron “conscientes” de que el PP “tenía voluntad real de establecer una hoja de ruta”.
Días atrás, Rodríguez, flamante portavoz adjunto de Vox en el Parlament, criticó en declaraciones a elDiario.es que Antoni Vera (PP), conseller de Educación, “ha hecho una serie de declaraciones” que les “dan serias dudas sobre su intención de cumplir con esta parte del pacto” que para ellos “es fundamental”, al tiempo que exigió a Vera “garantías” de que el pacto se iba a “cumplir”. Es decir, Rodríguez pedía clarificar un calendario y los cursos académicos en que se iba a implantar el nuevo modelo educativo, que en el punto 54 del acuerdo de investidura sostiene que estará basado “en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”.
El documento indica que, en el ámbito educativo, “los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización”. “Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”, afirma el acuerdo. Para Vox supone uno de los puntos fundamentales de la legislatura, al cual no piensan renunciar. “Es irrenunciable para nosotros que se aplique la libertad de lengua en todas las etapas educativas”, manifestó Ribas.
PP: “No implantaremos el caos”
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern del pasado viernes, Costa, portavoz y vicepresidente económico, sostuvo que el Ejecutivo balear no iba a hacer “propuestas imposibles”. Es decir, que durante las negociaciones con los ultraderechistas, el PP no pensaba salirse del marco que establece el Estatut d’Autonomia –que obliga a que los estudiantes, cuando terminan la etapa educativa obligatoria, tengan un pleno conocimiento del catalán, la lengua propia de las Illes Balears–. “No estamos dispuestos a implantar situaciones que provoquen el caos”, advirtió Costa.
Este lunes, el PP ha pedido “discreción y tiempo”, a través de Marga Durán, portavoz adjunta de los populares en el Parlament, para implantar el nuevo modelo educativo y ha reiterado que será la Conselleria de Educación la que marque “cómo se aplicaría la medida”. Durán ha reiterado que los populares cumplirán el acuerdo de investidura con Vox, aunque “siempre dentro del marco del respeto a la convivencia, a la realidad de que hay dos lenguas oficiales en Baleares, defendiendo el diálogo con la comunidad educativa y respetando la normativa vigente y el Estatut d'Autonomia”.