La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) ha trasladado este lunes al Parlament y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, varias declaraciones de apoyo que le han hecho llegar más de una veintena de asociaciones y entidades pidiendo evitar su cierre.
Se trata de escritos firmados por diversas entidades que trabajan en el campo de la transparencia -Transparency International España, Hay Derecho, Political Watch, Access Info Europe, +Democracia y la Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (NEIWA)-, así como la Escuela Balear de Consumo, la Asociación de Consumidores y Usuarios (Consubal) y la red de la que forma parte la propia OAIB.
El texto promovido por las entidades de transparencia ha contado con la adhesión de 22 organizaciones diversas, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP).
Las entidades firmantes consideran que eliminar las oficinas autonómicas “no sólo es una medida que debilita el Estado de derecho, sino que es contrario a los compromisos asumidos por parte todos los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, y expresan su alarma ante la proposición de Ley para eliminar la OAIB.
“Es preocupante no sólo por el significado político de esta medida, sino también por lo que dicha propuesta supone en términos del alejamiento de la política europea en esta materia”, declaran.
Además, añaden que este tipo de oficinas “son plenamente compatibles con los órganos de control existentes, con los que se coordinan y complementan, sin que en ningún caso se estén compartiendo o duplicando sus competencias”. Por ello piden retirar o rechazar la proposición, además de garantizar la independencia de los organismos de anticorrupción.
El escrito de las asociaciones de consumidores subraya también la necesidad de que las leyes que se aprueben en Balears “no supongan regresión, retroceso o reducción en la prevención y lucha contra la corrupción ni en el nivel de protección de las personas informantes”.
A estos documentos se suma también un escrito de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude -de la que forma parte la OAIB, junto a las de Valencia, Catalunya, Andalucía y Navarra-, que aunque no hace mención específica a la supresión de la oficina en Balears, subraya el papel de este tipo de organismos y pide reforzar su capacidad. También menciona su preocupación por la supresión y debilitamiento de instancias de lucha contra la corrupción a nivel local y autonómico.
Por otro lado, la Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (NEIWA), de la que es miembro la OAIB, dirige una carta directamente a la presidenta del Govern y la Mesa del Parlament. La presidenta de la red, Laura Valli, expresa preocupación por la decisión de cerrar la Oficina y subraya la importancia de que los denunciantes de corrupción sean protegidos con los mismos estándares en toda la unión.
PP y Vox, contra la oficina
El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
El texto de la Proposición de Ley del PP, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que la Oficina, a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales de la misma, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones”. El PP, a cambio de cerrar este organismo, quiere recuperar el Registro de intereses y actividades de los altos cargos de Balears y propone crear en el Parlament un registro de patrimonio que abarque todos sus bienes, derechos, obligaciones y actividades.
“Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”, manifestó la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, quien ha aseveró que su partido, “desde el primer momento, ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina” y censuró que, “tras ver las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del Partido Popular, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”.
La parlamentaria negó en esta línea que la Proposición de Ley se registrara con motivo de que la Oficina Anticorrupción haya acusado a un alto cargo popular -Sebastià Sureda- de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos, un municipio de Mallorca. “El PP siempre ha estado a favor del buen gobierno y de la transparencia, pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones”, expuso Durán.
En esta línea, incidió en que “no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”, manifestando que la Oficina Anticorrupción se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y “ahora alcanza los 1,5 millones de que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director, que cobra 95.000 euros al año”.
Por su parte, Vox defiende el cierre de la Oficin.a Anticorrupción al considerar que “hay suficientes mecanismos de control” de cargos públicos. “En Vox mantenemos nuestra postura. Lo hemos dicho siempre, en este partido estamos a favor del cierre de la Oficina Anticorrupción porque pensamos que hay suficientes mecanismos para controlar que los cargos públicos lleven a cabo sus funciones correctamente”, argumentó el partido, el cual añadió que se trata de un instrumento “innecesario”.