RIU Hotels & Resorts considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach, de la isla de Fuerteventura, es una “acción arbitraria y carente de argumentos” y confirma que defenderá sus “derechos legítimos ante la que considera una estrategia hostil de este departamento del Gobierno central”.
La cadena mallorquina estima que hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica es “premeditada”, ya que “ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental”.
Parte de la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica se ha centrado en argumentar la comisión de infracciones por parte de RIU, pero la hotelera subraya “su historial de respeto a la normativa” y se desmarca de cualquier infracción que se le impute.
RIU asegura que la resolución del departamento del Gobierno central mencionado “se basa en argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión: en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión”, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica.
De la misma forma, asegura que “es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera”. Además, ratifica tenazmente que “no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión”. Así mismo, recuerda que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, “el organismo no tiene legitimación competencial”.
La hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es “escandalosa” y que “se trata del colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con un claro objetivo: forzar la caducidad de la concesión”. RIU argumenta que esta decisión estaba prefijada de antemano y que se han buscado los argumentos necesarios posteriormente, habiendo una “clara manipulación de los hechos”.
Por otro lado, la cadena denuncia que el citado departamento del Gobierno central haya “obstaculizado cualquier actuación por parte de RIU para, siempre con pleno respeto a la normativa, mejorar las instalaciones del hotel; dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas”. Incluso, subraya la empresa, “han tratado de anular la concesión con una revisión de oficio que acabó archivada por falta de apoyo de la Abogacía del Estado”.
El proceso de caducidad por infracciones en la concesión, que RIU considera “abultadas y manipuladas”, que ha iniciado el Ministerio de Transición Ecológica, “se ha tomado con una rapidez que sugiere un interés deliberado”, critica RIU, y recuerda que “para ello ha tenido que desafiar actos propios, como la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de las Islas Canarias”.
Por otro lado, RIU considera que el departamento del Gobierno central “no ha evaluado las consecuencias de su actitud y decisión para el interés general de la isla de Fuerteventura, ya que el posible cierre del hotel Riu Oliva Beach tendría graves implicaciones económicas y sociales”.
El Riu en cuestión
El establecimiento fue construido en 1972 en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura y se convirtió en un hotel de la cadena RIU en el año 1995. “El Oliva Beach no solo jugó un papel trascendental en el desarrollo de Fuerteventura, creando centenares de puestos de trabajo, dando formación y generando riqueza para la población de los pueblos y localidades de la isla, sino que, además, consiguió abrir el camino convirtiéndose en un referente del turismo internacional liderando la imagen de excelencia del destino Fuerteventura y Canarias en el mundo”, comenta la compañía. A día de hoy, “el hotel sigue teniendo una gran relevancia para la sociedad del municipio de La Oliva y de toda la isla de Fuerteventura llegando a crear 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente”, añade.
“Son puestos de trabajo que ahora están en riesgo por las infundadas pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica”, critica la empresa; “a lo que hay que añadir el daño indudable que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura”. Como dato de referencia, la cadena quiere resaltar que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diarios con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación para la isla de Fuerteventura, según indican los datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva. Sin embargo, el impacto económico real para la isla de Fuerteventura supera los 27 millones de euros si añadimos el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año, siempre según la versión de Riu.
RIU defenderá sus derechos
La cadena RIU, una empresa con 97 hoteles abiertos en 21 países de todo el mundo, denuncia que “se siente víctima de esta actitud del Ministerio de Transición Ecológica” e insiste en la defensa de sus derechos, no solo por su interés empresarial sino también, y sobre todo, “por el compromiso sostenido con sus trabajadores, con sus proveedores y con la isla de Fuerteventura en su conjunto; que a través de sus instituciones y de los partidos políticos con representación en ellas, así como de los agentes económicos y sociales, empresarios y sindicatos, ya han mostrado un apoyo sin fisuras al futuro del Oliva Beach”.
Finalmente, y respecto a la querella presentada por RIU contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, la cadena considera que “fue una acción necesaria para la defensa de sus legítimos derechos” y recuerda que su admisión a trámite “fue defendida hasta el final por los distintos fiscales que participaron en la causa”.
“RIU Hotels & Resorts, que respeta y confía en el Estado de Derecho, se defenderá en todos los procesos judiciales que se abran a partir de ahora, que entiende le quitarán la razón al Ministerio para la Transición Ecológica”, concluyen.