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El Mediterráneo está casi totalmente desprotegido en las Illes Balears. Un informe de la Fundació Marilles indica que apenas 52,92 de los 72.552 quilómetros cuadrados que rodean al archipiélago gozan de una protección estricta. Sólo en un 0,07% del área que geográficamente se conoce como Mar Balear actividades extractivas como la pesca y la minería están totalmente prohibidas. La superficie también es ínfima si se tiene en cuenta el indicador –un 10%– que marca la Unión Europea en su Estrategia de Biodiversidad 2030.
Además, los planes de Bruselas pasan por conseguir que un 30% de las zonas marítimas que dependen de los veinte estados miembros con salida al mar tengan algún grado de protección cuando comience la próxima década. Ese reto se ha logrado en las aguas interiores –el 55%– pero no en las exteriores –13%.
Esa superficie, el 96,3% de esta región marina, se administra desde Madrid. Son 69.899 quilómetros cuadrados. Una vasta extensión, huérfana de restricciones ambientales excepto algunos enclaves que se podrían colorear fácilmente en el mapa: el sur y suroeste de Cabrera –Parque Nacional Marítimo Terrestre desde 1991–, la zona de uso restringido dentro de la reserva de interés pesquero establecida frente al Llevant mallorquín o la reserva integral de sa Dragonera.
Las aguas interiores, apenas 2.663 quilómetros cuadrados, se gestionan a nivel autonómico. En estas zonas costeras, la protección estricta aumenta al 1,7%, pero también queda lejos de los objetivos europeos. Marilles reclama al ejecutivo de Marga Prohens más implicación y un mensaje contundente a favor de la preservación marina. En su nota de prensa, esta organización sin ánimo de lucro que trabaja para convertir a las Illes Balears en un paradigma de conservación ambiental cita estudios científicos que constatan las mejoras –ambientales, saludables y, también, económicas– que generan los espacios marítimos protegidos. También recuerda que una autonomía puede expandir sus competencias hacia aguas exteriores si el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce la continuidad de los ecosistemas que también abarcan aguas interiores.
“El Gobierno de España ha expresado públicamente el compromiso de conseguir los objetivos de protección marina en las aguas estatales. El nuevo Govern todavía no se ha pronunciado al respecto y pensamos que debería comprometerse porque el mar Balear lo merece. Aunque no tenga una obligación legal, está en su interés hacerlo. [A través del Pacte Blau Balear], más de doscientas empresas se lo han pedido, pero todavía estamos pendientes de que ese compromiso se haga público”, explica Aniol Esteban, director de la fundación.
Este empresario y biólogo marino cree que no hay mejor escudo contra el calentamiento global que la protección de un mar que en los últimos cuarenta años ha aumentado un grado y medio su temperatura y que, a lo largo del verano pasado, sufrió olas de calor continuas e inusitadas. “El Mediterráneo nos da pescado, opciones de ocio y muchos beneficios económicos. La alta protección del mar es el mejor seguro que podemos comprar para enfrentarnos a la incertidumbre del calentamiento de las aguas que provoca el cambio climático, y garantizar el futuro de la pesca, el turismo y el bienestar de las personas”, comenta.